En cuanto a la reforma de la primera, el ministro ha señalado que permitirá agilizar los procedimientos judiciales, especialmente, los macroprocesos y regulará los medios de investigación en el proceso penal, como la intervención judicial de las comunicaciones, que el texto actual limita a las postales.
Ha señalado que sin abordar la reforma de la ley que regula el proceso penal no tendrán sentido otras en las que también trabaja el Ministerio como modernizar tecnológicamente la Justicia, expandir la nueva oficina judicial por toda España y permitir las comunicaciones entre los operadores jurídicos a través del teléfono móvil y la Sede Judicial Electrónica. También suprimirá el catálogo de faltas y establecerá nuevos criterios de gestión de los atestados policiales sin autor conocido.
Ha apostado por el diálogo con todos los operadores jurídicos y por la gestión para acabar con los problemas de la Justicia, cuya reforma contribuirá a la mejora de nuestra economía. “Una justicia dinámica y que inspire una certidumbre razonable en cuanto a sus sentencias y criterios es un elemento de competitividad estructural tan determinante a medio y largo plazo como el capital humano o financiero”, ha afirmado.
En cuanto al Proyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial, que tiene que volver en segunda vuelta al Consejo de Ministros, Catalá ha señalado que mantendrá los partidos judiciales, pero racionalizará el sistema de reparto de cargas de trabajo entre juzgados.
Además de enumerar las reformas en las que trabaja su departamento, el ministro ha defendido que la Justicia tiene que estar preparada para responder a los diversos desafíos que el Estado de Derecho tiene planteados, entre los que ha citado la corrupción y “esa subversión de los principios democráticos, que anida en los intentos de situar una determinada voluntad por encima de la voluntad general”.
El ministro ha advertido sobre el peligro de regresar a planteamientos "de infausto recuerdo" que “comprometen los derechos y libertades de todos los españoles, apelando al liderazgo carismático del líder, a la movilización en la calle de las masas para confundirlas con el conjunto del pueblo y a la fuerza de los hechos consumados frente a la ley democrática”.
A su juicio, “resulta urgente deshacer esa idea letal que se trata de difundir desde algunos ámbitos de que la política es lo opuesto a la ley y que por tanto los tribunales deben quedarse al margen”, porque “sin respeto a la ley la política desaparece de un plumazo”. Por eso, ha abogado por el diálogo, pero sin oponer una cosa a otra, porque no son excluyentes. “Fuera de la ley, no se puede hablar de nada. Dentro de la ley, de todo”, ha asegurado.
En cuanto a la corrupción, el ministro ha recordado los anuncios realizados por el presidente del Gobierno en el Congreso de los Diputados, porque en su opinión suponen la refundación del sistema de partidos políticos, marcan a los altos cargos de la Administración unos criterios muy firmes para el ejercicio de sus responsabilidades y endurecen el castigo de las conductas corruptas.
Entre dichas medidas, ha citado que el plazo de prescripción por estos delitos se elevará hasta los 15 años y que el Ministerio de Justicia remitirá un informe semestral al Congreso sobre los indultos concedidos, pese a que este Gobierno no ha concedido ningún indulto a nadie que se haya lucrado gracias a los fondos públicos.
Catalá ha concluido su intervención asegurando que pertenece a un gobierno centrado y comprometido con la salida de la crisis económica y la crisis de confianza en las instituciones y que por tanto es garantía de estabilidad económica, social y democrática frente a los populismos.
Desde que tomó posesión, el ministro de Justicia ha celebrado más de una veintena de reuniones con jueces, fiscales, secretarios judiciales, sindicatos, funcionarios, grupos parlamentarios y asociaciones para lograr el cauce de entendimiento que hará posible acabar con los problemas de la Justicia.
En el turno de preguntas el ministro apostó por una respuesta contundente para hacer frente a incidentes como los del pasado fin de semana en las horas previas a un partido de fútbol. Catalá abogó por mejorar la legislación para que haya respuestas eficaces ante estas conductas aunque recordó que el Código Penal incluye como delito la incitación al odio.
