MADRID, 25 (EUROPA PRESS)
El presidente del Consejo General del Poder Judicial(CGPJ) y del Tribunal Supremo ha expresado este martes durante su comparecencia en el Congreso su compromiso en la lucha contra la corrupción y ha anunciado que en las próximas semanas propondrá al órgano de gobierno de los jueces la adopción de medidas como la designación de letrados que auxilien a los jueces que deben llevar a cabo diligencias en el extranjero, como son las comisiones rogatorias.
A lo largo de su comparecencia ante la Comisión de Justicia de la Cámara Baja el presidente del CGPJ ha avanzado cuatro medidas concretas que quiere que se apliquen a lo largo de 2015 y que son, además de la ya citada, la puesta en marcha de una Unidad de Apoyo para Causas de Corrupción (UACC) para detectar los problemas que surjan en los órganos judiciales que lleven causas por corrupción.
Igualmente, Lesmes propondrá que se especialice el servicio de inspección de los tribunales para obtener una información completa y uniforme sobre el funcionamiento de todos los juzgados y tribunales que lleven este tipo de asuntos y por último la formación judicial especializada de los jueces que llevan estas causas en materia económica, financiera, contable etc..
"Las medidas represivas no bastan por sí solas para hacer frente a la corrupción de manera eficaz", ha dicho el presidente del Poder Judicial, para insistir en que aunque la capacidad de imponer sanciones penales a los corruptos es disuasoria y una "clara señal de que la corrupción no se tolera", es necesaria la imposición de una "respuesta política eficaz".
En otro momento de su discurso Lesmes ha señalado que "la alarma social de la corrupción" se produce precisamente por una defectuosa organización de la justicia y "no está siendo bien abordado por nuestro sistema de justicia".
Sobre este asunto, Lemes ha incidido en que el Poder Judicial y sus órganos de gobierno deben implicarse en la lucha contra la corrupción que según la propia convención de Naciones Unidas es "una plaga insidiosa que tiene un amplio espectro corrosivo para la sociedad, socava la democracia, distorsiona los mercados y da pie a violaciones de derechos humanos".
Lesmes apuesta por adoptar "medidas preventivas", muy especialmente la transparencia, si bien señala que el CGPJ debe jugar un "papel activo" pese a su "capacidad limitada de influencia". Ha añadido, no obstante, que en el ámbito de sus competencias puede actuar en materia de formación de los jueces y de exigencia a los mismos de responsabilidad disciplinaria.
INDEPENDENCIA FRENTE AL PODER POLÍTICO
Ha recordado que el CGPJ debe garantizar la independencia de los jueces y que este papel "cobra especial importancia frente a las presiones explícitas o implícitas que los miembros del poder judicial pudieran sufrir cuando estuvieran enjuiciando penalmente a personas relevantes del poder político o económico".
En este punto ha recordado un informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo que resalta "la importancia de que los organismos de lucha contra la corrupción no sufran presiones directas o indirectas que incluyan declaraciones públicas u otros ataques a la legitimidad de su actuación o a los poderes y competencias institucionales".
En cuanto a la citada UACC, se le encargarán la garantías de la independencia judicial cuando ésta se pudiera ver amenazada, la aplicación de medidas de refuerzo de personal o medios materiales en los órganos judiciales que lleven causas de corrupción, el seguimiento de determinados casos y la proposición de modificaciones normativas que puedan mejorar la respuesta judicial frente a lo que Lesmes ha denominado "pandemia social".
RADIOGRAFÍA DE LA JUSTICIA
Por primera vez en sede parlamentaria un presidente del Poder Judicial ha aportado datos de los primeros seis meses del año en curso y así ha señalado que desde enero han ingresado en los juzgados españoles 4.424.561 asuntos y se han resuelto 4.569.211, mientras que 2.539.665 se encuentran en trámite y se han dictado 846.823 sentencias.
Del total de los ingresados, 3.125.276 se refieren a la jurisicción penal , ha destacado Lemes, y este este ámbito se han dictado ya 379.897 sentencias desde el pasado mes de enero. En la jurisdicción Civil durante el mismo periodo se ingresaron 953.463 asuntos, 106.398 en Contencioso y 229.259 en Social.
Teniendo en cuenta estos datos, el presidente del CGPJ ha destacado que actualmente la tasa de litigiosidad que es del 94,7 , es decir, apenas ha sufrido variación. No obstante, la tasa de resolución global ha disminuido un 2,4 por ciento, lo que según Lesmes supone una "ligera mejoría" de la situación, ya que se ha resuelto un mayor número de asuntos de los que ingresan y se han mejorado "con carácter general, los tiempos de respuesta".
CUMPLIMIENTO DE LA LEY
En otro momento de su intervención Lemes ha señalao que la fortaleza de las instituciones es "el primer factor de convivencia" y que su legitimidad "sólo es posible desde el respeto a la Ley", por lo que el sometimietno a la misma de los ciudadanos y de los poderes públicos corresponde en última instancia a los jueces y tribunales.
"Sólo será posible la efectividad del Estado de derecho con una justicia que funcione", ha añadido el presidente del Poder Judicial, y en ello deben implicarse todos los poderes públicos" , como son el Gobierno mediante iniciativas legislativas y dotación económica y también las administración autonómica en el ejercicio de las competencias que les corresponden.
CGPJ no quiere eludir la responsabilidad que le corresponde y se desarrolla en una doble vertiente: ejercer sus competencias y " suponer impulso desde la lealtad institucional con los demás poderes públicos".
MÁS JUECES Y PROPUESTAS DE LEGISLACIÓN
Dentro de este último ámbito propone que se contribuya a una mejor organización de la Administración de justicia mediante la creación de nuevas plazas y un profundo cambio en el modelo de organización "sin que ello signifique necesariamente una ruptura radical respecto la legislación precedente y actualmente en vigor".
Ha recordado que la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) ha sido modificada cuarenta veces en treinta años, "los que sinduda la ha hecho perder la eficacia necesaria": Se precisa, a su juicio, una redefinición de la carrera profesional de los jueces, implantar la oficina judicial e insistir en la implantación de las nuevas tecnologías.
También ha propuesto Lesmes a los diputados que es necesaria una nueva planta porque la creación de nuevas plazas no ha significado una reducción de la pendencia.
Ve necesario, igualmente, potenciar la eficacia de la justicia penal, pues la actual Ley de Enjuiciamiento Criminal "ha devenido en texto complejo, desarticulado e irreconocible", tras 70 modificaciones en tres siglos distintos.
Así, apuesta porque se redefina el papel del juez mediante una "nueva configuración de la actual tarea instructora que fortalezca el derecho de defensa" mediante la regulación de los cometidos de la Fiscalía , la dependencia funcional de la Policía Judicial y la reforma de la acción popular. La fase de instrucción es percibida por la ciudadanía como "interminable", lo que obliga a regular esta fase y dotarla de más medios.
