MADRID, 6 (EUROPA PRESS)
Asturias y País Vasco han criticado este jueves que el Gobierno central todavía no haya aclarado cómo sufragará la asistencia jurídica gratuita y, en concreto, han rechazado que aún no se conozca cómo las tasas judiciales van a contribuir a financiarla .
Así lo han señalado el consejero de justicia asturiano, Guillermo Martínez, y el portavoz del Gobierno vasco y consejero de Administración Pública y Justicia, Josu Erkoreka, al término de la primera Conferencia Sectorial de este ramo que han mantenido las comunidades autónomas con el nuevo ministro de Justicia, Rafael Catalá.
"La sociedad reclama una revisión profunda, un ajuste de las cuantías que haga las tasas proporcionadas, y no acaben constituyendo una muralla infranqueable para el acceso a la justicia", ha señalado Erkoreka, que también ha destacado que el nuevo titular de Justicia tiene una "actitud más abierta" a dialogar con las autonomías sobre este y otros asuntos judiciales.
Eso sí, manifestado no obstante que en las políticas de fondo "no se vislumbra un cambio de rumbo claro y efectivo": "En la mayoría de los aspectos controvertidos continúan las incertidumbres e imprecisiones", ha dicho, aludiendo después a propuesta del Ministerio para financiar la justicia gratuita.
Según ha criticado, durante en el encuentro se ha hablado de "una revisión y un ajuste" tanto de la justicia gratuita como de las tasas judiciales implantadas en noviembre de 2012, pero sin embargo no se ha especificado "ni cuándo, ni cómo" ni se ha aclarado "de qué manera las tasas judiciales van a contribuir a financiar la justicia gratuita".
En este sentido, ha asegurado que Catalá ha propuesto incorporar una enmienda a los presupuestos de 2015 para que las comunidades puedan obtener parte de lo que el Estado ha recaudado con las tasas judiciales para dedicarlo a esa asistencia gratuita pero, al mismo tiempo, ha afirmado que esto "está por definir". En general, el consejero vasco sostiene que con Catalá "no se vislumbra un cambio de rumbo claro y efectivo" en las políticas de fondo.
NO HAY UN COMPROMISO "EN FIRME"
Por su parte, el consejero asturiano ha expresado su "decepción" porque las regiones no han obtenido "ningún compromiso en firme" por parte del ministro en lo que respecta a la asistencia gratuita y tampoco han recibido "ni un sólo euro" para financiarla. Además, ha recordado que el Estado se comprometió a vincular los ingresos por las tasas judiciales para sufragar dicha asistencia.
Por otro lado, ha dicho acoger con "satisfacción" de que se haya aparcado la parte de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para que mantengan los partidos judiciales y los juzgados de Paz: "Eso en Asturias suponía pasar de 18 partidos judiciales a uno solo y eliminar 60 juzgados de Paz", ha explicado.
Respecto la reforma del Registro Civil, el consejero ha mostrado de nuevo su oposición porque "tal y como la plantea el Ministerio" es, a su juicio, "una privatización encubierta del servicio". En este sentido, ha asegurado que desde Asturias se han propuesto alternativas para que se garantice este servicio público.
CANARIAS: "POSITIVO" QUE SE ESTÉ BUSCANDO UNA FÓMULA
El consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad de Canarias, Francisco Hernández Spínola, ve cambios positivos en las propuestas del ministro y, en concreto, ha agradecido el compromiso de Catalá para financiar la asistencia gratuita y que se esté buscando una "fórmula" para que "al menos" una parte de la recaudación por las tasas judiciales "vayan a las comunidades autónomas" porque suponen "una cantidad muy importante".
"Canarias destina cada año 16,8 millones de euros a las asistencia jurídica gratuita, y al implantar la ley de tasas (...) el Gobierno de España ha recaudado una cantidad muy importante, concretamente 15,3 millones de euros", ha explicado.
Hernández, que al igual que el consejero vasco ha dicho apreciar un "talante distinto" y una mayor "predisposición" por parte del nuevo ministro, ha señalado que no es "adecuada" la propuesta del Gobierno para el Registro Civil y cree que se debe "desjudicializar" su función.
Respecto a otros asuntos, ha recordado que la gestión de los recursos humanos en la Administración de Justicia debe recaer en las comunidades autónomas. Asimismo, sostiene que "se ha desaprovechado una gran ocasión" para reformar la Ley en Enjuiciamiento Criminal y ha reiterado que desde su Comunidad no están de acuerdo con la implantación de la prisión permanente revisable.
