VALENCIA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -
El alto tribunal ha acordado dar traslado de la demanda al Congreso de los Diputados y al Senado así como a la Generalitat y a las Corts Valencianes, que dispondrán de un plazo de 15 días para personarse en el procedimiento y formular alegaciones.
El pleno acuerda también la suspensión automática de la norma recurrida al haber invocado el Gobierno en sus recursos la aplicación del artículo 161.2 de la Constitución, que establece que el ejecutivo central podrá impugnar ante el TC las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las comunidades autónomas y que esta impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida.
La admisión a trámite no supone pronunciamiento alguno sobre el fondo del recurso, sobre el que el tribunal resolverá "en próximas fechas", según señala el TC en una nota de prensa. Según consta en la providencia en la que se acuerda la admisión a trámite del recurso, de fecha 21 de octubre, la suspensión de la vigencia del precepto impugnado lo es desde la fecha de interposición del recurso --el 29 de septiembre-- para las partes del proceso.
DISCREPANCIAS EN DOS ARTÍCULOS
El pasado mes de abril se informó del inicio de negociaciones por parte del Gobierno y la Generalitat para resolver las "discrepancias" existentes sobre dos artículos de la Ley de Acompañamiento, uno de los cuales hace referencia al impuesto sobre depósitos bancarios, un gravamen con el que el Ejecutivo de Alberto Fabra prevía recaudar 230 millones de euros.
La Comisión Bilateral de Cooperación Administrativa General del Estado-Generalitat en relación con la Ley 5/2013 de 23 de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat, conocida como ley de Acompañamiento, acordó en marzo iniciar negociaciones para resolver esas "discrepancias" manifestadas por el Estado en relación con los artículos 88 y 161 de esta norma.
En concreto, el 161 hace referencia al impuesto sobre los depósitos en entidades de crédito, mientras que el 88 modifica un anexo de la Ley 10/2010, de 9 de julio, de la Generalitat, de ordenación y gestión de la función pública valenciana para cambiar determinados cuerpos y escalas.
El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, defendió en ese momento el impuesto sobre depósitos bancarios para "tener más ingresos ante la falta de financiación", y manteniendo el "compromiso" de que "no vamos a recortar en cuestiones fundamentales como la educación y la sanidad". En este sentido, afirmaba en el mes de abril que estaban en conversaciones con el Ministerio de Hacienda, aunque seguía "avanzando" la aplicación del impuesto y anunciaba que seguirían "por ese camino".
