PALMA DE MALLORCA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -
Mediante una sentencia a la que ha tenido acceso Europa Press, la Sala de lo Contencioso-Administrativo desestima de este modo la demanda interpuesta por la mercantil y subraya cómo, durante la vigencia del contrato, la empresa facturó y cobró la anterior cantidad sin contraprestación alguna por su parte.
En su resolución, el tribunal señala que fue en julio de 2012 cuando la Conselleria de Presidencia aprobó la liquidación del contrato, con un saldo a favor de la Administración de 292.132 euros, cantidad que Lireba solicitaba que se le devolviera.
En concreto, el Ejecutivo autonómico adjudicó a esta mercantil por un periodo de dos años la limpieza y mantenimiento de Marivent mediante un contrato suscrito el 3 de agosto de 2007. Posteriormente, el Govern y la demandante suscribieron otros dos acuerdos, en 2009 y 2011.
El rubricado en 2009 fue el que arrojó el saldo favorable a la Administración por más de 290.000 euros, mientras que el de 2011 fue resuelto por "incumplimiento culpable" del contratista, según apunta el tribunal.
La sentencia recuerda que la propia demandante reconoció expresamente que el servicio por el que reclamaba los 292.132 euros "no se había prestado como era debido, sino en menor medida", respecto a lo cual el tribunal se ampara en la Ley de Contratos del Sector Público para aseverar que el contrato "no se entiende cumplido sino hasta la total realización del objeto del mismo".
Se da la circunstancia de que, de forma paralela, el Juzgado de Instrucción número 10 de Palma investiga las presuntas irregularidades cometidas en la licitación de los servicios de limpieza a favor de Lireba, en el marco de una causa en la que se encuentra imputado quien fuese conseller de Presidencia y número dos en el último Govern del Pacte (2007-2011), Albert Moragues.
El encausamiento de Moragues se produjo después de que la magistrada admitiese a trámite la querella interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción por la presunta defraudación producida en la adjudicación, entre otros motivos por haberse presentado al concurso tres empresas relacionadas entre sí.
De hecho, la Abogacía de la Comunidad Autónoma ya remitió a mediados de 2012 un escrito al Ministerio Público en el que le instaba a investigar estas supuestas irregularidades, que apuntan a la existencia de indicios de malversación de caudales públicos, prevaricación, fraude y falsedad.
El contrato, tramitado a través de un negociado sin publicidad, preveía para el personal de mantenimiento el pago de 2.645 euros al mes por empleado, y 2.116 para los de limpieza.
Sobre estos hechos, Moragues aseguró en su declaración ante la jueza que entre sus funciones no estaba la de elegir las empresas concesionarias ni controlar los contratos, por lo que dio el visto bueno a esta adjudicación sin revisar antes el expediente. Si bien el exconseller recordó que dio el visto bueno a la concesión de los servicios a Lireba, apostilló que el nombre de las empresas le vino dado.
Tal y como incidió Moragues en su comparecencia, cómo fue pagado el contrato a la empresa adjudicataria él no lo revisaba sino que de estas competencias se encargaban los servicios administrativos. En virtud del mismo, el Govern abonaba un total de 504.307 euros anuales a la concesionaria.
