VALENCIA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -
La máxima autoridad judicial autonómica ha subrayado el impacto para ciudadanos y, sobre todo, para "empresas que están continuamente procedimientos" y ha abogado por "ver dos situaciones completamente distintas" y por "ver caso por caso, ampliar la justicia gratuita en los supuestos en que es necesario porque en absoluto una ley puede suponer que un ciudadano no pueda acceder a la justicia".
"Eso hay que eliminarlo y, partiendo de ese principio, hay que ver todos los mecanismos correctores, que tenemos medios para ello, pero para eso hay que sentarse y hay que hablar", ha recalcado De la Oliva en el coloquio de su ponencia inaugural en la jornada 'La Justicia a debate' en la Facultad de Derecho de la Universitat de València.
Ambos han participado en la apertura oficial, junto al rector de la UV, Esteban Morcillo, el director general de Universidades, Estudios Superiores y Ciencia, Felipe Palau, y la decana Elena Olmos.
Santamaría ha valorado que el ministro "ha marcado un punto y seguido al invitar a toda la sociedad a realizar una reflexión importante en materia de las tasas judiciales" y, al respecto, opina que "hay que pagar por los servicios públicos porque si no, no valoramos la trascendencia que tienen", pero conviene "modular las cuantías, los supuestos y los casos y, en definitiva, hacer coincidente lo que es un principio con lo que debe ser la realidad de una ley que debe de imponerse con el suficiente consenso".
A su juicio, "en esa línea es en la que está trabajando el ministro", con el que ayer tuvo la "descortesía" de no atender su llamada para "tener una primera reunión de trabajo". "Me llamó y no le devolví la llamada, no le cogí el teléfono, estaba un poco fastidiado y no pude hacerlo", ha lamentado.
"MEJORAR LA JUSTICIA"
Santamaría también ha celebrado que Catalá "haya hablado de sentarse a hablar con todas las partes implicadas para elaborar el necesario pacto por la justicia", punto en el que ha subrayado el trabajo del Consell en paralelo, con la creación de la Mesa por la Justicia Valenciana para debatir "cómo mejorar la justicia, hacerla más rápida y ágil y cómo dotarla de instrumentos y medios materiales y humanos para que sea verdaderamente eficaz".
Al respecto, ha avanzado que "en las próximas semanas" convocará una reunión de este organismo, compuesto por el TSJCV, Fiscalía, secretarios judiciales, colegios profesionales, universidades y sindicatos, para constituir una serie de grupos de trabajo sobre distintos ámbitos que den lugar a futuras "soluciones conjuntas".
Además, ha detallado el trabajo previo en materias como la modernización de la justicia, con la oficina judicial "llamada a jugar un papel fundamental" y aplicaciones informáticas para contar con una justicia intercomunicada, para lo que su departamento trabaja en la implantación del expediente judicial electrónico.
CREACIÓN DE SERVICIOS COMUNES
Santamaría apuesta igualmente por los servicios comunes para concentrar los recursos existentes y, como primer paso, se creará el Servicio Común de Asuntos Generales en Valencia, para extenderlo después a todos los partidos judiciales, al que seguirá un Servicio Común Procesal de Ejecución Civil, encargado de ejecutar las resoluciones con condenas dinerarias de este orden jurisdiccional y los Servicios Comunes de Ejecución de lo Social y de lo Penal.
La decana de la Facultad de Derecho de la UV ha defendido que "la justicia tiene que cumplir su cometido pero en un tiempo prudencial y, para ello, tiene que estar al servicio de las personas, modernizarse y ser ágil y eficaz", al considerar que "una justicia lenta se convierte en ocasiones en una injusticia".
Por su parte, el director general de Universidades, Estudios Superiores y Ciencia ha instado a "salvaguardar los ideales y principios éticos de nuestra sociedad, muchos heredados de las revoluciones liberales, si no queremos ver desplazado un modelo de convivencia basado en un Estado de Derecho justo", así como a "recordar que existen muchas personas capaces, bien formadas y que actúan éticamente y con vocación de servicio público" en un momento en que "ha calado el mensaje de que la corrupción y el abuso de quienes cumplen sus funciones en instituciones es generalizado".
