MADRID, 5 (EUROPA PRESS)
El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz interrogará el próximo martes a los representantes legales de la empresa Defex, participada por la SEPI, y la comercial Cueto 92, imputadas como personas jurídicas en la causa en la que se investiga el fraude de 152 millones en un contrato destinado a equipar con armas y material a la Policía Nacional de Angola, informaron fuentes jurídicas.
El magistrado atribuye a las dos sociedades, que formaron la unión temporal de empresas (UTE) que se adjudicó el contrato, los delitos de corrupción en las transacciones comerciales internacionales, contra la Hacienda Pública, cohecho, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
El magistrado citó al actual presidente de Defex, Fernando Aguilar Viyuela, como representante de la empresa y solicitó a Cueto 92 que designará a un representante.
En el marco de esta causa está imputada la abogada Beatriz García Paesa, sobrina del antiguo miembro de los servicios de inteligencia Francisco Paesa, que quedó en libertad bajo fianza de 100.000 euros a pesar de desarrollar su actividad profesional en Luxemburgo.
El responsable del Juzgado Central de Instrucción número 5 también investiga al expresidente de Defex José Ignacio Encinas Charro, que abonó el pasado martes una fianza de 50.000 euros; al consejero delegado de Cueto, Juan Carlos Cueto Martín (bajo fianza de 100.000 euros); al exdirectivo de Defex Ángel María Larumbe (30.000 euros); al directivo de la empresa Manuel Iglesias-Sarria; y a la esposa de Cueto, Yciar de Iraola.
A todos ellos se les imputan indiciariamente los delitos de corrupción en las transacciones comerciales internacionales contra la Hacienda Pública, cohecho, blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal y falsedad documental.
TRANSFERENCIAS MILLONARIAS A LUXEMBURGO
En un auto dictado el pasado 12 de julio, el juez explicaba que la UTE Cueto-Defex transfirió a un banco de Luxemburgo 41,4 millones de euros sin razón comercial o actividad mercantil aparente alguna. Según el juez, los imputados "confeccionaron de forma aparentemente inveraz facturas y adendas a los contratos que permitiesen justificar tales desvíos de fondos al extranjero".
Como beneficiarios últimos del dinero figuran los propios acusados y familiares de funcionarios públicos de la República de Angola. El magistrado presume de forma indiciaria que los directivos de Defex y Cueto imputados se concertaron con funcionarios angoleños para, a través del contrato de suministro de material a la Policía, llevar a cabo una apropiación patrimonial ocultada, desviada al extranjero mediante un complejo entramado societario desde paraísos fiscales.
La trama fue desarticulada a través de la bautizada como 'Operación Angora', en la que fueron detenidas una decena de personas. El resto de los arrestados quedaron en libertad con la imposición de fianzas y medidas cautelares que incluían la retirada del pasaporte y la obligación de comparecencia en el juzgado cada semana.
