MADRID, 23 (EUROPA PRESS)
El archivo de las diligencias fue firmado a finales de julio, concretamente el día 24, por el fiscal-jefe de Cuentas, Olayo E. González, que depende del fiscal general del Estado, tras haber realizado un informe de fiscalización horizontal de la actividad y gestión de las unidades durante los años 2010 y 2012 y no habiendo hallado responsabilidad contable, según adelanta este martes 'eldiario.es'.
Un portavoz del Tribunal de Cuentas ha recordado a Europa Press que la fiscalización se inició a raíz de un informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía y que ahora se descarta que haya habido un "mal uso contable" de los fondos, aunque ello no significa que no pueda existir responsabilidad penal.
INVESTIGACIÓN PENAL
Cabe recordar que, por su parte, la Fiscalía Superior de Andalucía ha abierto diligencias de investigación penal sobre las ayudas de la administración autonómica a estas unidades tras la denuncia presentada por el Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF).
Según este sindicato, el montante de las subvenciones que la Junta ha destinado para sufragar costes salariales del personal de dichos entes asciende a 57.340.676 euros, para los ejercicios 2010-2012. Además el SAF alertó de que incluso el dos por ciento de "los afortunados en las contrataciones, ni siquiera estaban dados de alta en las oficinas del Servicio Andaluz de Empleo (SAE)" y que en el 48 por ciento de los casos no medió "ni convocatoria pública ni presentación de oferta genérica".
