MADRID, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Pleno del Congreso debatirá esta proposición precisamente después de que la decisión de la Audiencia de Pontevedra de eximir al administrador de una empresa de pagar una tasa de 2.800 euros por ser desproporcionada y obstaculizar su derecho fundamental al acceso a la Justicia.
Los socialistas votaron en contra la Ley de Tasas Judiciales impulsada por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, al igual que hizo el resto de la oposición. En su ofensiva contra esta norma, el PSOE recurrió la norma ante el Tribunal Constitucional fue presentando varias iniciativas parlamentarias para exigir su rectificación.
En la proposición de ley, recogida por Europa Press, los socialistas reprueban el "recorte" en la tutela judicial efectiva que han sufrido los ciudadanos como consecuencia de una norma que ha "consagrado un modelo mercantilista de los servicios públicos" implantando estos gravámenes en todas las jurisdicciones, salvo en el orden penal.
Recuerda que la ley fue corregida apenas dos meses después a través de un real decreto-ley que solo fue apoyado por el PP y siguió las recomendaciones de la Defensora del Pueblo buscando "dar una salida en una doble dirección: al Gobierno para rectificar y a la Defensora para eludir su obligación de recurrir ante el Tribunal Constitucional".
UNA NORMA "PLAGADA DE ERRORES"
El PSOE rememora la presión política y ciudadana, así como la tramitación parlamentaria que vivió esta norma con una "fuerte" oposición y una gestión en su aplicación "plagada de errores". A su entender, este decreto evidenció el "gran fracaso legislativo, jurídico, social y político" de la ley, que ha sido recurrida por los socialistas ante el Tribunal Constitucional.
El principal grupo de la oposición cuestiona la "magnitud exorbitante" y el efecto disuasorio que conlleva para el litigante particularmente en los asuntos de escasa cuantía, como los de consumo. Explica que coloca al consumidor en una posición de desigualdad frente al abuso de las grandes empresas, por ser mayor la tasa que el importe reclamado, comprometiendo así la protección al consumidor, prevista en la Constitución y en la normativa comunitaria.
Por todo ello, pide derogar las nuevas tasas judiciales por ser "desproporcionadas, disuasorias y desorbitadas" e imposibles de pagar para un significativo porcentaje de la población.
