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FGE

Torres-Dulce aboga por la interpretación flexible de la Constitución sin fundamentalismos que impidan la convivencia

18/09/2014
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Critica "la degradación notable de la legalidad y el ordenamiento jurídico" en España y "el torrente de decretos leyes"

BILBAO, 17 (EUROPA PRESS)

El Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha abogado por la interpretación "lo más flexible posible de la Constitución" porque la renegociación del pacto social "es muy costoso", aunque ha reconocido que la Carta Magna "no es un chicle elástico". Además, ha asegurado que ésta "no servirá como instrumento de paz y convivencia social, si se la cose excesivamente a ataduras de interpretaciones estrictamente fundamentalistas".

En una conferencia celebrada en el Palacio de Justicia de Bilbao con motivo del XXV aniversario del TSJPV bajo el título 'La Justicia en la cultura política de la democracia', Torres-Dulce se ha referido al debate sobre la reforma constitucional y ha indicado que la Carta Magna, como las leyes, "debe permitir una interpretación lo más flexible", aunque ha considerado que tampoco es "una especie de chicle elástico".

Tampoco cree en el concepto de que esté "grabada a fuego sagrado en unas tablas de la Ley que solo la ira de Moisés tirará al suelo y romperá desesperado". En su opinión, la Constitución "no limita nada, sino que permite interpretaciones".

Por ello, ha apuntado que "se equivocan radicalmente" aquellos "fundamentalistas" que creen que la Carta Magna "son las tablas de la Ley Mosaica" porque una Constitución "es viva siempre que permita, dentro de los límites razonables del pacto de convivencia, ser interpretada". "No servirá como instrumento de paz y convivencia social si se la cose excesivamente a ataduras de interpretaciones estrictamente fundamentalistas", ha aseverado.

El Fiscal General del Estado ha señalado que la Constitución es "la culminación de un pacto social y debe ser interpretada lo más flexiblemente posible para no tener que llegar a una renegociación del pacto social que siempre es muy costosa". En este sentido, ha recordado "las dificultades" que se vivieron en la transición "y lo difícil que resultó".

Eduardo Torres-Dulce se ha mostrado partidario de reformar la Carta Magna "cuando sea necesario", cuando esa interpretación flexible por la que aboga "se hace ya imposible".

"Pero siempre sobre la base de que vamos a reformar la Constitución para hacer una norma para todos y no volver al siglo XIX, donde se hacía una Constitución de moderados, una de progresistas, una de demócratas y otra de republicanos. Creo que ésa es la enseñanza de la Constitución de 1978 y, en ese estilo, todo lo que signifique dotar de credibilidad a las instituciones en cuanto a percepción de la sociedad es ciertamente importante", ha manifestado.

"DEGRADACIÓN DE LA LEGALIDAD"

Además, ha criticado "la degradación notable de la legalidad y el ordenamiento jurídico" que se produce en España, "por no hablar del torrente de reales decretos leyes" al que se recurre. "Vamos a aparecer en el libro Guinness de los récord por legislación galáctica", ha añadido.

Tras señalar que "uno de los más graves problemas que tiene la estructura normativa, el ordenamiento jurídico en España, es el olvido permanente de la seguridad jurídica", ha considerado que se debe a "la dispersión de normas, al rango inferior de normas con incidencia directa incluso en un campo de derechos y libertades como es el Código Penal, y a la enorme desigualdad de resoluciones judiciales, con todo respeto a la independencia judicial".

"El gran desafío de la administración y del sistema normativo español ahora mismo es la seguridad jurídica, que no implica corsés, sino fundamentalmente que todos estamos dando una respuesta coordinada a defectos de convivencia social que requieren soluciones, siempre individualizadas, pero en un marco", ha añadido.

Ello exige, a su entender, que "los poderes públicos ejerzan con sentido común la creación del ordenamiento jurídico, pero que la Administración de Justicia responda con iguales criterios a ese desafío".

Eduardo Torres-Dulce, además, ha defendido como "esencial" que se persista "en los mecanismos de pesos y contrapesos del equilibrio de poderes" y ha manifestado que "es una constatación evidente que en las modernas democracias la división de poderes aparece extraordinariamente difuminada".

"El magma fundamentalmente de esa división de poderes ejemplificada por la enorme importancia de las elecciones constantes y de los pactos derivados de las elecciones, da lugar a estructuras que padecen tensiones acordadas con respecto a esto", ha añadido.

INDEFINICIONES

En este sentido, ha aludido "a la deliberada indefinición del ministerio fiscal" y ha afirmado que "todo lo que no sea avanzar en el criterio de la autonomía real del ministerio fiscal y de la figura del Fiscal General del Estado, es un error".

El máximo representante del ministerio público también se ha referido "a la indefinición perturbadora y desazonadora" del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), "que no se sabe bien dónde está ni en qué terreno está", al margen del sistema de elección.

Asimismo, ha destacado que "lo mismo ocurre con el Tribunal Constitucional, que es básicamente un Tribunal de garantías constitucionales, de pacto social, y difícilmente cabe una funcionalidad prácticamente de ejercicio de la Administración de Justicia que, en definitiva, eso, en buena parte, es el amparo".

Por ello, ha considerado "otro desafío en horizonte absolutamente incontestablemente acabar de definir el rol del Tribunal Constitucional básicamente como garante del pacto social fuera de tensiones políticas es otro".

Eduardo Torres-Dulce ha indicado que, "el resto, Tribunales de Cuentas, etc, supone básicamente y funcionarialmente, en estos tiempos, un verdadero ejemplo no menos perturbador de vampirización de una estructura de partidos políticos que no tiene realmente bastante sentido".

NOMBRAMIENTO DEL FISCAL GENERAL

Preguntado por su opinión sobre la posibilidad de que se aborde una reforma constitucional para que el Parlamento nombre al Fiscal General del Estado, ha respondido que, "si se piensa que sería mejor, estupendamente, siempre que el Parlamento, al final, no haga unas componendas dentro de un pacto político de las elecciones correspondientes y se vaya al reparto de cuotas correspondientes". "Lo importante es el marco en el que se hace y la credibilidad con la que se hace", ha apuntado.

A su juicio, "cualquier sistema es bueno, si una vez que se produce con transparencia el nombramiento, se aceptan las responsabilidades inherentes". Por ello, ha apuntado que no tiene "nada que oponer" a que el Fiscal General del Estado "sea, de alguna suerte, un comisionado de las Cortes, con responsabilidad ante las Cortes".

Eduardo Torres-Dulce cree "anacrónico" que se quiera que el Fiscal "dependa del Ejecutivo". "Tiene la ventaja de que, de alguna forma, lleva ante los tribunales la política criminal del Gobierno. Creo que en una sociedad moderna eso es perjudicial porque significa que la política criminal del Gobierno legítima y democráticamente puede chocar con realidades sociales o situaciones claramente opuestas a esa política criminal del Gobierno y, por lo tanto, que la figura del Fiscal General abarcara más allá de la política criminal del Gobierno, creo que es positivo".

Por ello, ha afirmado que "bienvenida sea una reforma constitucional" para modificar la designación del Fiscal General del Estado "si se avanza en la credibilidad de la institución".

Torres-Dulce ha departido sobre la idea de la Administración de Justicia como servicio público, y ha considerado que, "si una sociedad democrática no tiene la idea de que invertir en justicia es invertir en la arquitectura de la convivencia pacífica de forma ordenada y progresiva, cosa que no se está haciendo sino episódicamente en España, es un error ciertamente notable".

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