SEVILLA, 10 (EUROPA PRESS)
En un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, el Ministerio Público recurre el auto en el que la juez Mercedes Alaya, a petición del abogado de un exalto cargo de IDEA, acordaba solicitar más documentación tanto a la Cámara de Cuentas como al Parlamento andaluz, al que reclamó por ejemplo que aportara copia de "todas" las enmiendas realizadas por los distintos grupos parlamentarios en el periodo 2002-2009 en relación a las leyes de Presupuestos, y más en concreto al programa 31L, conocido como 'fondo de reptiles'.
La magistrada requirió toda esta documentación a fin de "mantener el adecuado equilibrio entre la admisión de otras pruebas que pudieran ofrecer un resultado incriminatorio, pues la labor de éste juzgado está dirigida a investigar la realidad de los hechos".
Frente a ello, la Fiscalía considera que "las diligencias de instrucción que se acuerdan en la presente causa no deben de guardar o ir dirigidas a la búsqueda de un equilibrio sino a la necesaria pertinencia en relación a la determinación de los hechos que se investigan y de las personas que hayan podido participar en los mismos".
Todo, añade en su recurso, "salvaguardando en todo momento los principios de contradicción y de igualdad de las partes personadas, evitando un crecimiento desmesurado y no justificado del volumen de la presente causa, así como una dispersión de los recursos humanos y materiales de la administración de justicia que demora aún más la práctica de otras diligencias ya acordadas".
Estas diligencias, a su juicio, deben llevar a "determinar la participación de personas y entidades en la percepción presuntamente ilícita de fondos públicos que dificulte el reintegro de los mismos por el mero transcurso del tiempo, entendiendo que los plazos de prescripción de responsabilidad penal, tal como ya se ha recogido" en otros escritos, "vienen dados por los hechos que se imputan a cada partícipe, no pudiéndose hablar de un plazo de prescripción general para toda la causa y común para todos los imputados".
Por ello, reclama a la Audiencia Provincial de Sevilla que deje sin efecto el auto en el que la juez, a petición del abogado Juan Carlos Alférez, solicitó distinta documentación tanto a la Cámara de Cuentas como al Parlamento andaluz.
