BILBAO, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -
Según han explicado sus organizadores, tras varias jornadas de ponencias y mesas redondas, se han formulado alrededor de 150 conclusiones que, una vez sean aprobadas por la Subcomisión de Extranjería del Consejo General de la Abogacía Española, serán difundidas y remitidas "a las instituciones pertinentes a fin de incidir en el avance de la aplicación legislativa y jurisprudencial, así como en la mejora de las deficiencias o difusión de las buenas prácticas detectadas".
Entre estas conclusiones, se encuentra que la defensa de los derechos fundamentales "de cualquier persona", con independencia de su nacionalidad y situación administrativa, debe estar "siempre por encima de intereses de seguridad y control". Para ello, se aboga por la formación continua de todos los operadores jurídicos en la materia y por la creación de juzgados especializados en materia de inmigración, extranjería y asilo.
Asimismo, se apela a avanzar en el reconocimiento y aplicación efectiva de los derechos de la ciudadanía de la Unión Europea. En materia de asilo, se demanda la aprobación "inmediata" del reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 12/2009, "tras cuatro años de espera", atendiendo a las recomendaciones y aportaciones realizadas por todos los agentes implicados.
Facilitar el acceso a las autorizaciones de larga duración en diferentes supuestos, como personas vulnerables, menores tutelados y razones humanitarias, o las renovaciones atendiendo a la situación de crisis actual, "no vinculada directamente al empleo, sino teniendo en cuenta otros factores de integración" son otras de las peticiones.
Asimismo, se reclama la mejora de prácticas administrativas con la unificación de criterios en distintas oficinas de extranjeros. En derecho penal, se recomienda "la observancia restrictiva en el uso de las conformidades penales con elemento de extranjería" y se insta a que se haga un "uso restrictivo" de las autorizaciones judiciales para expulsión administrativa reguladas en el artículo 57.7 de ley extranjería".
Se propone el trabajo conjunto en la búsqueda de nuevas estrategias jurídicas de defensa de derechos fundamentales de las personas en situación irregular, el fomento del uso del procedimiento de protección de derechos fundamentales, 'habeas corpus', y la promoción entre la judicatura del planteamiento de cuestiones de inconstitucionalidad, además de la exigencia de aplicación "inmediata" de directivas europeas no traspuestas y de la jurisprudencia del Tribunal Supremo.
Los participantes en el encuentro también recomiendan la inclusión en el Protocolo de Menores Extranjeros, que se espera será aprobado antes de fin de 2014, de la asistencia letrada obligatoria para el menor extranjero no acompañado en cualquier procedimiento administrativo relativo a la determinación de edad "dadas las graves consecuencias que ello puede tener para su estatuto jurídico".
También instan a elaborar e instaurar mecanismos de determinación de edad "más completos y fiables" que las pruebas médicas habituales. Aunque reconocen el "esfuerzo" realizado para mejorar la tramitación de las solicitudes de nacionalidad, lo consideran "insuficiente" teniendo en cuenta "el estado de los expedientes que quedan por digitalizar y resolver, así como los problemas e incidencias que se han planteado".
También exigen "información y seguridad sobre la entrada o no en vigor de la Ley del Registro Civil" para determinar "a quién se encomendará la gestión" y apuestan por la continuidad del actul modelo, así como por su gratuidad.
IMPLICACIÓN DE LA UE
El foro ha suscribito también el Manifiesto de Migreurop, creado por Andalucía Acoge, Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Asociación Elín, Federación SOS Racismo, en el que se plantean "medidas urgentes y realizables para hacer frente a lo que viene sucediendo en Ceuta y Melilla".
Según han explicado, "el punto central radica en poner el foco en las personas que, en Marruecos, se encuentran en situación de emergencia humanitaria". Asimismo, abogan por garantizar el respeto de sus derechos y el acceso a "una adecuada protección". Para ello, reclaman "implicación" tanto del Gobierno español como de la Unión Europea.
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