MADRID, 12 (EUROPA PRESS)
La encargada de entregar el recurso ha sido la portavoz del grupo, Soraya Rodríguez, que ha justificado a las puertas del tribunal que el motivo principal del recurso es que la disposición transistoria aprobada con el único apoyo del PP obliga a los jueces y tribunales que tienen abiertas causas en virtud del principio de jurisdicción universal a cerrarlas, contraviniendo varios principios constitucionales.
"Le pregunté a un magistrado con muchos años de experiencia si alguna vez había visto que la publicación de una ley en el BOE un juez se veía obligado a sobreseer un procedimiento judicial y me contestó: No Soraya, no lo he visto desde que en este país gobernaba Franco", ha manifestado la portavoz.
Rodríguez ha destacado que la norma aprobada a instancias del PP "atenta contra los principios que permiten perseguir los crímenes más terribles contra la humanidad y genera la impunidad de los criminales".
"La jurisdicción universal aunque a veces no parece efectiva porque no se pueden realmente concluir los procesos abiertos, siempre es efectiva cuando existe, porque establece un principio de que no hay impunidad frente a estos graves crímenes", ha añadido la portavoz socialista.
También ha dicho que está "absolutamente convencida" de que el recurso va a prosperar porque tanto los jueces como las asociaciones de fiscales y de defensa de los Derechos Humanos han insistido en que la reforma "viola convenios internacionales firmados por el Estado español".
Se atenta gravemente contra la reputación de nuestro país, "que hasta ahora ha estado a la cabeza de la defensa del principio de jurisdicción universal y queda vergonzosamente a la cola de los países que no persiguen estos graves crímenes contra la humanidad", según la diputada.
"El Partido Socialista, de las primeras leyes que derogará si llega al Gobierno es esta que ahoga, estrangula, destroza el principio de la jurisdicción universal en nuestro país", ha concluido Rodríguez.
MOTIVOS DEL RECURSO
Considera el PSOE que la reforma vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva (artículo 24 de la Constitución) al eliminar el derecho de las víctimas de estos graves delitos a un proceso en el que se investigue y se enjuicie a los criminalmente responsables de los mismos.
También solicitan al TC que analice si la reforma infringe el principio de interdicción de arbitrariedad (artículo 9.3 CE) al tener como consecuencia una restricción de derechos absolutamente injustificada y no motivada ni en la exposición de motivos de la original proposición de ley (incorporada luego como preámbulo de la ley), ni en los debates parlamentarios.
Añaden que la disposición transitoria de la ley, al obligar sobreseimiento de todas las causas hasta que no se acredite el cumplimiento de los requisitos previstos en la misma, vulnera el principio constitucional que atribuye a los juzgados y tribunales el ejercicio de la potestad jurisdiccional con exclusividad, "pues ese juicio de comprobación de los requisitos legales es una actuación netamente jurisdiccional que no puede ser suplantada por el legislador".
También consideran afectado el derecho al ejercicio de la acción popular (artículo 125 CE) y el cumplimento de convenios internacionales de los que España es parte.
