MADRID, 3 (EUROPA PRESS)
La Audiencia Nacional ha aceptado que el presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, la presidenta del Parlamento, Núria de Gispert, y los consejeros Ramón Espadaler y Santi Vila declaren por videoconferencia desde su despacho oficial en el juicio contra los 20 manifestantes acusados del asedio a la Cámara catalana, que se produjo el 15 de junio de 2011.
En un auto dictado este lunes, la Sección Primera de la Sala de lo Penal ha rechazado la petición de la Fiscalía, que solicitó que comparecieran en persona en la sede del tribunal, y ha admitido que lo hagan a distancia para causarles "las menores molestias" en el desarrollo de sus obligaciones con la Justicia.
Con el mismo criterio el tribunal acepta que los otros 31 testigos, entre los que se encuentra la delegada del Gobierno en Cataluña, Llanos de Luna, y 30 diputados en el momento de los hechos, declaren por videconferencia desde la sede del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).
"PÉRDIDA DE JORNADAS DE TRABAJO"
Los magistrados Fernando Grande-Marlaska, Manuela Fernández Prado y Ramón Sáez sostienen en un auto que "la utilidad que aporta el uso de videoconferencia es notoria". "Obligar a comparecer personalmente a decenas de testigos (...) implica el desplazamiento hasta Madrid, y una vez en la capital, hasta San Fernando de Henares, con la consiguiente pérdida de jornadas de trabajo y el perjuicio para los servicios en los que se desempeñan", argumentan.
Con la videoconferencia también se evitan "gastos de desplazamiento y dietas", según apunta el auto de la Audiencia Nacional, que añade que este sistema de comunicación "permite dotar de mayor eficacia al desarrollo del juicio y hace más cómodo el contacto de ciudadanos y personas con la administración de justicia".
El tribunal, sin embargo, rechaza que los testigos declaren por escrito porque este privilegio "contradice las reglas básicas de oralidad e inmediación que disciplinan el juicio penal con garantías".
ARGUMENTOS DEL FISCAL
La Fisalía de la Audiencia Nacional pidió la comparecencia de los testigos en la sala de vistas argumentando que, según la ley, el "privilegio" para declarar por escrito "desaparece cuando se trata de declarar ante el juicio oral", que se desarrollará entre los días 31 de marzo y 3 de abril.
La acusación pública pide a la Sección Primera de la Sala de lo Penal que condene a cinco años y medio de cárcel a los 20 manifestantes por un delito contra altas instituciones del Estado y otro de atentado contra la autoridad, al considerar que provocaron "un fundado temor en la seguridad" de los diputados que intentaban acceder a la Cámara. Además, reclama que a cada uno de ellos se les imponga una multa de 7.500 euros.
La fiscal Teresa Sandoval solicitó la comparecencia como testigos en el juicio de los entonces diputados Antoni Fernández, Montserrat Tura, Joan Boada, Gerard Maria Figueras, Josep Maria Llop, Jordi Turull, Alfons López Tena, Ernest Maragall, Ana Isabel Marcos, Salvador Milà y Santi Vila.
Apuntaba en su escrito provisional de conclusiones que los diputados fueron rodeados e increpados por grupos de personas que "les impedían el acceso al Parlamento mediante empujones, golpes, lanzamiento de objetos e insultos".
Los acusados, que tuvieron una activa intervención en estos hechos, según la fiscal, desarrollaron "comportamientos y actitudes violentas e intimidatorias que tenían por objeto impedir la asistencia de los diputados a la sesión plenaria", que se inició con un retraso de 11 minutos y con la presencia únicamente de 70 de los 135 diputados.
