MADRID, 27 (EUROPA PRESS)
"Creo, no, estoy seguro de que ese informe es sobre un texto diferente al que está en tramitación y se va a probar en el Congreso", ha dicho Gallardón a los periodistas a su llegada a un desayuno informativo de Europa Press con el presidente de la Región de Murcia, Ramón Luis Valcárcel.
La Junta de Fiscales de la Audiencia Nacional acusó el miércoles al PP de "generar espacios de impunidad" y "cercenar sustancialmente cualquier posibilidad de persecución de los delitos relacionados con las violaciones de derechos humanos" al impulsar la reforma de la ley que regula la justicia universal.
En un acuerdo aprobado por unanimidad, los representantes del Ministerio Público trasladan al fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, su "preocupación" por la reforma del artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que impulsa el Grupo Popular en el Congreso y por "las negativas consecuencias que puede tener para la investigación y enjuiciamiento de graves delitos cometidos fuera del territorio nacional".
Este jueves, el Congreso de los Diputados abordará el debate de las enmiendas presentadas a la reforma. El PP ha propuesto mejorar el texto para reforzar la lucha contra la delincuencia sexual infantil, la piratería en alta mar o la criminalidad organizada, mientras que la oposición ve en la iniciativa una forma de "amparar a los tiranos" y desproteger a los españoles.
ARCHIVO DE UNA DOCENA DE CAUSAS
La Cámara Baja debatirá y votará las enmiendas, para su posterior traslado al Senado, presentadas a una proposición de ley que modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial y supondrá el archivo de una docena de causas abiertas en la Audiencia Nacional. Entre ellas, los casos de José Couso, Ellacuría o el genocidio en el Tíbet.
Los 'populares' plantearán mejorar la redacción en lo que se refiere a la lucha contra la delincuencia organizada transnacional para extender la persecución de los tribunales españoles sobre los grupos criminales extranjeros que tengan la intención de cometer delitos especialmente graves en España.
El PP impulsa la actuación de los jueces españoles en casos de abordaje en alta mar de buques que no lleven pabellón español, mientras que sugiere extender su competencia para juzgar a todos los responsables de cometer abusos sexuales en el extranjero sobre menores españoles o que residan habitualmente en nuestro país.
Incluye los supuestos en que se beneficie una persona jurídica domiciliada en España, sin exigir que su responsable se encuentre en territorio nacional. El PP incorpora los criterios de extensión de la jurisdicción previstos en el Convenio del Consejo de Europa, de 28 de octubre de 2011, sobre falsificación de productos médicos y delitos que supongan una amenaza para la salud pública.
Por su parte, los grupos de la oposición han presentado numerosas enmiendas de totalidad y al articulado a la reforma que restringe el principio de justicia universal al entender que "ampara a corruptos, mafiosos, genocidas y tiranos", mientras deja indefensos a los españoles víctimas de crímenes internacionales de extrema gravedad.
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