MADRID, 14 (EUROPA PRESS)
A su juicio, de materializarse la idea de entregar el Registro Civil a los registradores supondrá la "privatización de un servicio público, que pagan todos los ciudadanos con sus impuestos" para favorecer "únicamente" a los Registradores, que "tras la burbuja inmobiliaria han visto mermados sus ingresos".
"El Ministerio de Justicia, hizo una gran inversión de dinero público, para la modernización de los Registros Civiles, y ahora cuando esta pagado por todos los ciudadanos se regala a los registradores", ha expuesto sobre la idea que baraja el Gobierno de entregarlo a este Cuerpo o a los secretarios judiciales.
ATROPELLO A LA CIUDADANÍA
Por ello, STAJ ha instado al Ministerio a pronunciarse y a comprometerse a mantener los puestos de trabajo de más de 3.000 funcionarios e interinos. "Recordamos que los funcionarios públicos somos los únicos garantes de la legalidad y que ningún otro puede suplantar esta condición", ha añadido.
"A partir de este atropello a nuestros derechos, amén de supresión de cientos de puestos de trabajo en los Registros Civiles y amortización de plazas, todos los ciudadanos tendremos que pagar desde nuestro nacimiento hasta la defunción", ha destacado, para barajar la posible convocatoria de movilizaciones.
En este punto, ha advertido de que los empleados de los registros mercantiles no cuentan con las garantías de imparcialidad, independencia y juramento de la Constitución que sí tienen los trabajadores de la Administración de Justicia para velar por los intereses de todos los ciudadanos y su confidencialidad.
"Los Registradores de la Propiedad, son funcionarios, pero los trabajadores de los Registros no y por lo tanto son ajenos a los trámites y conocimientos para un desarrollo correcto del trabajo diario que si conocemos los funcionarios de justicia, con datos de vital importancia y trascendentes para los ciudadanos", ha señalado.
