MADRID, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -
En el caso del Grupo Popular se trata de la segunda proposición de ley que presenta en estos dos años de legislatura, después de la que registró para poner nuevos requisitos a la jurisdicción universal de la Audiencia Nacional, que este martes fue tomada en consideración.
Al utilizar este mecanismo en lugar de impulsar la reforma desde el Gobierno, los 'populares' se garantizan una tramitación más rápida, y de hecho puede entrar en vigor este año, y además se ahorran pedir los preceptivos informes de los órganos consultivos como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
El recurso previo de inconstitucionalidad estuvo en vigor hasta 1985, cuando el Gobierno socialista de Felipe González lo suprimió acusando a la oposición de utilizarlo para tumbar los presupuestos generales. En los últimos años, y especialmente a raíz de lo que ocurrió con el Estatut, se ha venido hablando de recuperarlo, aunque sólo para los casos de reformas estatutarias.
La iniciativa del PP pretende cambiar dos artículos de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional para volver a incluir entre sus funciones el control previo de la constitucionalidad de Tratados Internacionales y Estatutos de Autonomía.
SÓLO TRES DÍAS PARA RECURRIR
Su idea es abrir un plazo "extremadamente breve" de tres días para que los actores con potestad para presentar recursos ante el TC (Gobierno, Defensor del Pueblo o más de 50 diputados, entre otros) decidan impugnar una reforma estatutaria tras su aprobación por las Cortes Generales. Si se recurre, todos los trámites se congelarán, incluyendo el referéndum que pueda contemplar la legislación autonómica.
Cuando resuelva el Tribunal Constitucional, al que el PP no pone plazo máximo para pronunciarse, los preceptos declarados inconstitucionales habrán de ser suprimidos. Eso sí, esta sentencia previa no impedirá que se pueda recurrir después el desarrollo del resto de la reforma estatutaria.
Para asegurar que no tiene efectos retroactivos, el PP establece la "inaplicabilidad" del mecanismo del recurso previo a las reformas estatutarias que se encuentran actualmente en tramitación; sólo se usará para aquellas que arranquen después de la entrada en vigor de la reforma.
BRONCA POR EL ESTATUTO DE CASTILLA-LA MANCHA
Precisamente, el PSOE quiere poder estrenar el nuevo recurso previo contra la reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha, que busca reducir el número de diputados autonómicos. Por eso ha pedido al PP paralizar la tramitación de la reforma estatutaria que el próximo 13 de marzo será remitida al Senado.
Pero el PP se ha negado a alterar su calendario e insiste en que el nuevo estatuto se aprobará antes que la modificación de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, por lo que no podrá aplicársele el recurso previo.
Con independencia de esta diferencia de criterio, las proposiciones de ley del PP y el PSOE arrancan de la mano su camino en el Congreso. En concreto, la registrada por el primer partido de la oposición, limita el recurso previo a las reformas estatutarias, sin mencionar los tratados internacionales, pero es muy similar a las del PP e incluso coincide en el plazo de tres días para poder recurrir, que comenzarían con la publicación en el Boletín de las Cortes Generales del texto estatutario aprobado.
Eso sí, el PSOE pone topes al TC reclamándole que resuelva el recurso previo de inconstitucionalidad en un plazo máximo de seis meses desde su interposición.
