SANTANDER, 25 Dic. (EUROPA PRESS) -
Este recurso fue interpuesto en junio de 2012 por la Asociación para la Defensa de los Recurso Naturales de Cantabria (ARCA), Ecologistas en Acción, Cantabria Nuestra y la Asociación para la Conservación de la Arquitectura Tradicional en el Litoral de Cantabria, integradas en la Plataforma Deba, contra la modificación n.º 9 del Plan Especial del Puerto aprobada por el Gobierno de Cantabria en abril de 2012.
Según ha podido saber Europa Press, tras ser desestimado, estas asociaciones han presentado el escrito de preparación de recurso ante el Tribunal Supremo, que ha sido "visado" por el TSJC "a principios" de diciembre.
Como ocurre en el trámite habitual, tras ser presentado el escrito, se prevé que el TSJC notificará que se tiene por preparado el recurso y emplazará a las partes para su comparecencia para que formalicen la presentación del recurso ante el Supremo.
En su sentencia, el TSJC rechazaba la petición de estas asociaciones, de anular los actos derivados de la modificación del Plan Especial del Puerto, en concreto la concesión administrativa de ocupación del espacio de dominio público portuario aprobada por la Autoridad Portuaria de Santander en favor de la Fundación Botín, y la licencia de obras concedida por el Ayuntamiento.
En la sentencia, que imponía a las asociaciones el pago de las costas, el TSJC señalaba que el "impacto" de este equipamiento cultural "se busca de forma deliberada en la concreta situación en que se ubica" para intensificar la relación Puerto-Ciudad a fin de que se erija como nuevo referente del Puerto de Santander.
Mantenía que el Centro Botín estará "en sintonía" con otros grandes edificios del puerto como el Club Marítimo, el edificio Siboney o la Escuela de Vela, "sin llegar a transgredir las prohibiciones legales impuestas" gracias a las medidas correctoras introducidas en un modificado del proyecto. El TSJC concluyó además que no se vulnera el entorno del conjunto histórico-artístico del Paseo Pereda.
Las asociaciones mantenían que la modificación del Plan se había redactado "a medida para el Centro Botín" y que su ubicación era "la peor posible" desde el punto de vista del impacto ambiental y que podría tener "mejor encaje" en otras zonas del frente marítimo.
Sin embargo, el TSJC consideraba que la memoria del decreto ofrecía "motivación suficiente" sobre la elección de la ubicación y "despeja cualquier duda sobre el fraude de ley" que se invoca en el recurso.
En este sentido, señalaba que el Plan Especial del Puerto original hacía expresa alusión a este área como "altamente representativa por el efecto de 'puerta de entrada'" y que desde el año 2000 estaba previsto rehabilitar la zona por su carácter estratégico de primer orden.
Así, se remitía a estudios previos que definen al muelle de Albareda como el tramo de todo el frente marítimo con "mejor accesibilidad para los ciudadanos" y "el lugar más idóneo para la ubicación de un equipamiento cultural de vanguardia que contribuya, junto a otros equipamientos como el Museo Marítimo o el Palacio de Festivales, a "potenciar el papel cultural de Santander en la fachada cantábrica".
Añade que todos los estudios previos señalan al muelle de Albareda como un lugar especialmente privilegiado por su cercanía al centro de la ciudad, donde era necesario llevar a cabo una "reestructuración", entre otras cosas por la "barrera visual" que suponía el vallado del área de embarque del ferry.
