MADRID, 20 (EUROPA PRESS)
En la actualidad, el Ministerio de Justicia tiene suscrito un Convenio Marco con el Ministerio del Interior para la prestación de estos servicios de seguridad por parte de personal de la Guardia Civil en la reserva.
Sin embargo, este personal disponible no es suficiente para cubrir todos los edificios y los objetivos de seguridad, por lo que es "necesario recurrir a la contratación externa de estos servicios", según informa Justicia.
VIGILANTES DE SEGURIDAD
El contrato cubrirá la vigilancia física por parte del personal habilitado y el mantenimiento de elementos de control de acceso y de seguridad pasiva ya que los edificios judiciales tienen un importante uso público y en muchos casos no disponen de vigilantes de seguridad las 24 horas del día.
Se potenciarán también los sistemas y equipos de seguridad pasiva, ya que con ellos se pueden ahorrar unos costes salariales del 97 por ciento del coste, explica Justicia.
La duración inicial del contrato será de un año prorrogable por otro año más para facilitar la adaptación del servicio a los procesos de modernización tecnológica y de las comunicaciones en la Administración de Justicia como en la Administración General del Estado.
A propuesta del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, el Gobierno ha acordado aprobado la formalización de tal contrato que tendrá un importe máximo de 14.873.000,10 euros, se extenderá durante un periodo de 24 meses y estará referido a los servicios de seguridad integral y control de accesos en los edificios administrativos y judiciales adscritos a las Gerencias Territoriales.
