LA NUEVA LEY DEL SECTOR ELÉCTRICO
Simpatía o antipatía de cada quien al margen, la verdad es que a este Gobierno no le acompaña la suerte. El jueves, cuando todo estaba preparado para celebrar la aprobación de la Ley que iba a abrir una nueva era en el maltrecho sector eléctrico, la subasta Cesur tuvo la ocurrencia de disparar un 22% el precio de la energía. Lo primero, el voto del Congreso de los Diputados a favor de la Ley quedó convertido en algo poco menos que clandestino. Un fiasco. Que la reacción gubernamental inmediata haya respondido a un tic bolivariano -habrá que ver en qué consisten las ya famosas “circunstancias atípicas” que invoca la CNMC- tiene, en la lógica cortoplacista de nuestro debate público, mucho de inevitable.
Pero la prioridad política y mediática de lo inmediato no justifica que nos olvidemos tan rápidamente del texto normativo recién incorporado al ordenamiento. ¿Qué dice en esencia? Los objetivos son dos: impedir que, en lo sucesivo, se siga generando déficit de tarifa y establecer una nueva regulación completa en el sector, que combine todos los factores a ponderar: garantía de suministro, precio asequible (punto crucial como factor de bienestar de los hogares y de competitividad de las industrias) y afección hacia el medio ambiente.
En lo primero, las conocidas como reformitas van en la buena dirección, pero se quedan cortísimas (puede decirse lo mismo que de otros muchos cambios de los últimos tiempos). Se consolida la reducción de costes regulados -transporte, distribución, producción con fuentes renovables-, que se había establecido con anterioridad (sobre todo, en julio, mediante el RDL 9/2013) y se intenta, en cuanto a los ingresos del sistema, que las subidas sean las que tengan que ser, sin que el Gobierno, sean cuales fueran las razones de interés general que pudieran concurrir, las pueda aplazar o mitigar. Que los mecanismos jurídicos establecidos para esto último eran insuficientes nos lo temíamos todos. Lo sucedido a partir del resultado de la subasta puso de relieve que, además, los esfuerzos legislativos eran insinceros. El destino ha querido que la cruda realidad se revelara mucho antes.
En lo que respecta a lo segundo, es decir a una nueva regulación que cogiera por los cuernos el toro de los precios de la electricidad -incorporando elementos de libertad de empresa- y eliminase todo lo que, sea cual fuere su grado de razonabilidad en términos de eficiencia, no debiera cargarse allí (por tratarse de política social, regional, medioambiental o tecnológica, o sea, de gasto público), el empeño ha sido mucho más modesto aún. Ni tan siquiera alcanza el estadio de reformita. Y, por supuesto, en la fiscalidad -la consideración del consumidor eléctrico como ubre nutricia de la Agencia Tributaria- no se ha corregido nada de nada.
La excesiva ambición se suele acabar pagando, pero la absoluta carencia de ella tampoco trae nada bueno. Porque lo cierto es que, a fuerza de timidez, lo que se ha logrado es poco menos que arruinar a los inversores (a todos, con una exquisita ecuanimidad democrática) y que eso resulte extrañamente compatible con el hecho de que los precios finales sigan disparándose. Bingo.
Tiene toda la razón Industria cuando afirma que a la calamitosa situación actual no se ha llegado en un día, ni tampoco en dos años. Seguramente algunas de las causas más profundas se remontan a antes del infausto 1997. Pero gobernar consiste en algo más que buscar afanosamente coartadas para no tomar las decisiones que hay que tomar. Y es que la suerte hay que merecérsela.
