MADRID, 18 (EUROPA PRESS)
El presidente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Carlos Carnicer, ha pedido por carta al Gobierno que proteja y estudie la fórmula que permita trasladarse a España a los jóvenes afganos que actuaron como traductores de las tropas españolas durante su despliegue en el país asiático.
En las misivas remitidas a los ministros de Defensa, Justicia, Exteriores e Interior, a las que tuvo acceso Europa Press, Carnicer solicita "encarecidamente" que el Ejecutivo no abandone a los intérpretes ni les deje en una "situación de riesgo extremo".
Estos jóvenes, que han sido "la voz y los oídos" de la misión española, han sido señalados por muchos de sus compatriotas como "colaboradores" de las fuerzas armadas internacionales al haber acompañado al Ejército en su día a día e incluso vestido su uniforme. "Muchos han tenido que huir del país y alguno ha sido asesinado", según añade.
La "indefensión real" en la que se encuentran estos trabajadores ha llevado a la Abogacía a "actuar en justicia" para que encuentren seguridad en el país por el que han puesto sus vidas en peligro. Por ello, la Subcomisión de Extranjería y los servicios jurídicos del Consejo han ofrecido su apoyo al letrado que lleva su caso y al propio Ministerio de Defensa.
Carnicer cierra su carta expresando su "profunda preocupación" por su "dramática situación" y confiando en que su petición encuentre una "resolución favorable que sea motivo de orgullo para el Gobierno de España".
Otros países con tropas radicadas en territorio afgano han ofrecido protección a sus traductores, por ejemplo Estados Unidos a puesto a disposición de 2.500 empleados asilo, visado o refugio; Reino Unido a unos 600 o Noruega a 50.
UN COLECTIVO DE RIESGO
El Pleno de la Abogacía, compuesto por un centenar de letrados, aprobó la pasada semana por unanimidad apoyar y analizar la petición que trasladó la periodista Mónica Bernabé, colaboradora del diario El Mundo y única reportera española que reside en el país asiático desde hace seis años.
Bernabé, galardonada con el Premio de Derechos Humanos de la Abogacía, solicitó la implicación del CGAE para que ayudara a estos profesionales a quienes, según denuncia, el Gobierno ha despedido sin ofrecerles protección pese a constituir un colectivo de "riesgo", tal y como ha reconocido el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
Los traductores afganos enviaron en noviembre una carta al Rey don Juan Carlos en la que le piden que "interceda" en su favor ante el ministro de Defensa, Pedro Morenés, para que puedan obtener un visado por razones humanitarias que les permita viajar a España.
Por su parte, el pasado 29 de octubre el abogado de los intérpretes, Arsenio García, presentó una queja ante la Defensora del Pueblo en la que denuncia el "incumplimiento" por parte del Gobierno de la normativa europea, respecto a las solicitudes de visado y las peticiones para inscribirse en el plan de acogida de las Fuerzas Armadas planteadas por los intérpretes.
En declaraciones a Europa Press, García explicó en que los traductores que trabajaron para las tropas españolas sufren un mayor riesgo que el resto de empleados afganos, teniendo en cuenta que patrullaban con los soldados y vestían el uniforme del Ejército español, de modo que sólo les diferenciaba de los militares el hecho de que no portaban ningún arma.
