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Ley de Servicios Profesionales

El PP se reúne en el Senado con distintas profesiones para recoger sus inquietudes sobre el futuro de la colegiación

17/12/2013
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Una decena de parlamentarios forma un equipo para trasladar las ideas sobre la Ley de Servicios Profesionales al Ministerio de Economía

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

Una decena de senadores 'populares' ha constituido un grupo de trabajo en la Cámara Baja para escuchar las inquietudes y demandas que despierta la futura Ley de Servicios Profesionales, que establece la colegiación voluntaria para ciertos colectivos, según informaron a Europa Press fuentes parlamentarias.

Los parlamentarios del Partido Popular constituyeron este equipo el pasado octubre y, desde entonces, se han reunido con varios de los colectivos a los que afecta de lleno la nueva norma.

El propósito es trasladar sus ideas al Ministerio de Economía y Competitividad, departamento que lleva el peso del anteproyecto con la interlocución de otros órganos del Ejecutivo al afectar a sectores tan diversos como los médicos, los farmacéuticos, los abogados o los arquitectos.

Por esta razón, los senadores del grupo que sustenta al Gobierno llevan tres meses manteniendo encuentros con abogados, procuradores, actuarios, arquitectos, terapeutas ocupacionales o decoradores.

RECHAZO A CAMBIOS EN LA COLEGIACIÓN

La tónica general de sus reivindicaciones se refiere a mantener la colegiación obligatoria en la demarcación actual. Coinciden así en su rechazo a circunscribirla al ámbito autonómico o provincial, según los casos, o a eliminar la obligatoriedad.

Los distintos profesionales defienden que la colegiación supone una garantía para un ejercicio de calidad y el control deontológico de su actividad. Además otros trabajadores, como los procuradores, critican que se elimine la incompatibilidad para ejercer la procura o la abogacía o se suprima el arancel fijo.

El Ministerio dirigido por Luis de Guindos trabaja en la futura Ley de Servicios y Colegios Profesionales, que sigue recomendaciones de liberalización procedentes de la Comisión Europea, el Fondo Monetario Internacional y la OCDE.

El anteproyecto, aprobado el pasado 2 de agosto en el Consejo de Ministros y sujeto a cambios, limita la colegiación obligatoria a profesiones sanitarias, jurídicas y a las técnicas que exijan visado, al tiempo que desarrolla principios de transparencia y buen gobierno en dichos colegios.

Además, establece el libre acceso y ejercicio de los servicios profesionales, ya que las restricciones de acceso sólo podrán ser exigidas por ley. El Gobierno pretende así optimizar la calidad de los servicios y reforzar la protección de consumidores y usuarios.

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