MADRID, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -
En el debate, el PSOE, la Izquierda Plural, CiU, PNV, ERC y BNG han defendido sus enmiendas de totalidad y junto a otros partidos, como Coalición Canaria o Amaiur, han denunciado la política de los ministros de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, y de Interior, Jorge Fernández Díaz, a los que algún portavoz ha tachado de "peligro" para las libertades.
Frente a los grupos que piensan que el Gobierno está tejiendo un "entramado legal" para acallar las movilizaciones sociales, el ministro ha tachado de "pura demagogia" sostener tal argumentación ya que es "respetuoso" con los derechos de expresión o reunión de los ciudadanos siempre que no conlleven violencia.
Ruiz-Gallardón ha defendido la plena constitucionalidad de la prisión permanente revisable, que no es, a su juicio, "inhumana" ni "populista" y que constituía un "compromiso" electoral del Partido Popular, mientras que la oposición ha coincidido en que el texto introduce "de forma eufemística la cadena perpetua" y es benevolente contra la corrupción, mientras "criminaliza" el descontento social.
NOVEDADES DEL CÓDIGO PENAL
La prisión permanente revisable se aplicará a casos de excepcional gravedad, como homicidios terroristas, los cometidos contra el Rey o el Príncipe heredero y contra jefes de Estado extranjeros, genocidios y crímenes de lesa humanidad con homicidio.
Además se reserva para casos en los que la víctima sea menor de 16 años o especialmente vulnerable, en asesinatos múltiples o aquellos que hayan sido cometidos por un grupo criminal o tras un delito contra la libertad sexual.
El nuevo Código Penal fija una duración mínima de tres a cinco años para la libertad vigilada, una medida de seguridad que será revisada periódicamente por el juez ante la peligrosidad y riesgo de reincidencia del condenado. Además, permite a los tribunales españoles perseguir a los clientes de prostitución infantil en el extranjero, cuando se trate de ciudadanos españoles o residentes.
La reforma aumenta de 13 a 16 años la edad de consentimiento sexual, incluye nuevas penas por la divulgación no autorizada de grabaciones o imágenes íntimas obtenidas con el consentimiento de la víctima o por actos reiterados de acecho u hostigamiento mediante llamadas telefónicas o seguimientos continuos.
También tipifica como delito el matrimonio forzado y la inutilización de los dispositivos electrónicos utilizados en el control del cumplimiento de la pena o aumenta el reproche para la comisión de incendios graves, sobre todo si afectan a zonas protegidas.
MEDIDAS CONTRA LA PIRATERÍA Y LA CORRUPCIÓN
El Gobierno también ha puesto el acento en la lucha contra la piratería al contemplar una pena de hasta seis años de prisión para las conductas más graves cometidas por los responsables de webs de enlaces, que hasta ahora no eran castigadas.
Agrava el atentado contra la autoridad, castiga la firma de contratos de servicios no útiles o a precios "desorbitados" con perjuicio para las arcas públicas y permite sancionar con un año de cárcel o multa al representante legal o administrador de un partido político que no adopte medidas de vigilancia o control para evitar la comisión de delitos.
La propuesta contempla una pena de tres meses a un año de prisión o multa de doce a 24 meses e inhabilitación especial desde seis a dos años para el representante legal o administrador de "hecho o de derecho" de "cualquier" persona jurídica, empresa o entidad que no actúe con la diligencia debida para evitar estas actividades delictivas.
El paquete integral de medidas contra la corrupción está siendo llevado directamente por Presidencia, de ahí que el nuevo tipo de financiación ilegal de partidos políticos no haya sido incluido en este proyecto de ley.
