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Rogelio Blanco Martínez

Los papeles y “diarios robados” de Alcalá-Zamora

13/12/2013
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Durante el primer trimestre de 2013 la editorial La Esfera de los Libros publica el último tomo de la trilogía destinada a mostrar “los diarios robados” del Presidente de la Segunda República, el prieguense Niceto Alcalá-Zamora. El primero de los tomos: Asalto a la República (enero-abril de 1936) lleva prólogo de Juan Pablo Fusi y epílogo de José Alcalá Zamora y Queipo de Llano. El segundo, bajo el título: La victoria republicana (1930-1931), el prólogo lo realiza Stanley G. Payne. El tercer y último se titula Memorias de un ministro de Alfonso XIII, 1877-1923 y el prólogo lo realiza el profesor Julio Gil Pecharromán; en todos los casos la edición recae a cargo de Jorge Fernández-Coppel. Los manuscritos de estos diarios más otra documentación relativa a Alcalá-Zamora se halla depositado en el Archivo Histórico Nacional a disposición de los interesados. Estas publicaciones, sobre todo el primer volumen, nacieron cargados de polémica interesada y, con frecuencia, no bien intencionada; basta leer declaraciones en la prensa, la presentación del primer tomo o la introducción del responsable de la edición, el señor Fernández-Copel, cargada de inexactitudes e insultos, algo impropio de quién se define historiador. (…).

El artículo fue publicado en El Cronista n.º 38 (junio 2013)

Durante el primer trimestre de 2013 la editorial La Esfera de los Libros publica el último tomo de la trilogía destinada a mostrar “los diarios robados” del Presidente de la Segunda República, el prieguense Niceto Alcalá-Zamora. El primero de los tomos: Asalto a la República (enero-abril de 1936) lleva prólogo de Juan Pablo Fusi y epílogo de José Alcalá Zamora y Queipo de Llano. El segundo, bajo el título: La victoria republicana (1930-1931), el prólogo lo realiza Stanley G. Payne. El tercer y último se titula Memorias de un ministro de Alfonso XIII, 1877-1923 y el prólogo lo realiza el profesor Julio Gil Pecharromán; en todos los casos la edición recae a cargo de Jorge Fernández-Coppel. Los manuscritos de estos diarios más otra documentación relativa a Alcalá-Zamora se halla depositado en el Archivo Histórico Nacional a disposición de los interesados.

Estas publicaciones, sobre todo el primer volumen, nacieron cargados de polémica interesada y, con frecuencia, no bien intencionada; basta leer declaraciones en la prensa, la presentación del primer tomo o la introducción del responsable de la edición, el señor Fernández-Copel, cargada de inexactitudes e insultos, algo impropio de quién se define historiador. Dado que en la citada introducción y en declaraciones en la prensa he sido reiteradamente aludido y cargado de responsabilidades como agente de uno de “los robos”, el tercero, de los citados diarios, es mi deseo realizar un sucinto recorrido ceñido a la documentación y no teniendo en cuenta conversaciones “de despacho” mantenidas con algunos de los interesados toda vez que carezco de justificante objetivo, si bien alguna de estas conversaciones fueron sustanciosas y muestra la catadura ética de mis interlocutores, mas cauteloso con las pretensiones de los mismos procuré la presencia de algún funcionario en las mismas.

Durante las dos legislaturas del Gobierno Rodríguez Zapatero asumí las responsabilidades archivísticas como Director General del Libro, Archivos y Bibliotecas en el Ministerio de Cultura, siendo nombrado por la egabrense Carmen Calvo, primera Titular del Departamento. Esta tarea, sobre todo en el área archivística, me condujo a formar parte en la historia de los Diarios de Alcalá-Zamora como a continuación detallaré. Previamente y desde esta responsabilidad debo declarar que siento gran satisfacción el haber contribuido, en cumplimiento de mi deber, al enriquecimiento de los fondos del Archivo Histórico Nacional con el logro y adquisiciones de fondos documentales de presidentes de la Segunda República, Manuel Azaña, José Giral y, en este caso, incorporando “los papeles de Alcalá-Zamora”. Esta satisfacción se prolonga con esfuerzo por el acopio de cuantiosa documentación referida a este período e ingresada en el Centro Documental de la Memoria Histórica (Salamanca). Estas adquisiciones, llegadas por donación, compra u otras modalidades sujetas a la ley, suponen la posibilidad de conocer, descifrar e investigar sobre un período controvertido de nuestra historia. Una historia que precisa dilucidarse para no caminar a ciegas. Estimo que esta es una exigencia de todos y máxime para los que nacimos lejos de los episodios. Por ello, como cargo político y, sobre todo, como intelectual me congratulo de que los Diarios de Alcalá-Zamora llegan a un centro público, de igual modo que una editorial española los difunda; es decir, que queden al alcance de los ciudadanos dada la singularidad del Presidente Niceto; mas no me siento satisfecho cuando responsables políticos hacen uso torticero o “de mala práctica política” de unos documentos, de la gestión de su hallazgo o adquisición, del mismo modo dejo en la penumbra del respeto al historiador o profesor que no atiende a los hechos, a los datos, al menos los más significativos, y se deja llevar intencionadamente por sus filias o fobias ausentándose del necesario rigor que su profesión requiere. Tras estas consideraciones realizó un sucinto relato del itinerario de los Diarios, una vez que aparecen por última vez y tomando en cuenta la numerosa documentación lograda de la Dirección General, y, máxime, una vez que se edita el último volumen y que el firmante se halla, tras año y medio de su cese en el cargo, lejos de la tensión y próximo a la reflexión.

El 17 de diciembre de 2008, un capitán del Grupo de Patrimonio Histórico de la Guardia Civil entrega, para su depósito en la Caja fuerte del Ministerio de Cultura, una serie de documentos pertenecientes al Presidente Niceto Alcalá-Zamora que declarara han sido intervenidos. Esta entrega se ejecuta en mi despacho, me acompaña el Subdirector General de Archivos Estatales, D. Severiano Hernández Vicente. Se firma el acta de recepción y solicitamos un informe técnico destinado a contrastar la autenticidad y el carácter de la documentación.

Dos técnicos de la Subdirección General de Archivos se responsabilizan y emiten el preceptivo informe detallado y una vez analizados todos “cada uno de los contenidos que integran esta agrupación documental”, de la que distinguen “entre documento de índole privada y generados o reunidos en el ejercicio de cargos o responsabilidades públicas”. El informe se emite el 9 de marzo de 2009 en virtud de una resolución del Director General de Bellas Artes y Bienes Culturales, D. José Jiménez, de 24 de febrero de 2009, por ser la Dirección General competente en materia de patrimonio.

Por otro lado, el informe técnico concluye que “... entre los documentos analizados existen ejemplares que claramente tienen un indiscutible carácter público y que, por lo tanto, no deberían haber salido del ámbito de las instituciones públicas del Estado”, ya que respondían a contenidos del ejercicio del cargo del Presidente Alcalá-Zamora. Este informe, posteriormente (25-5-2010) se enriquece, pormenoriza y sistematiza sobre todo en lo relativo a la documentación pública.

Este hecho hace que el 10 de septiembre de 2010, desde la Dirección General de Bellas Artes se emita una resolución que de acuerdo con varios artículos (1, 48 ,49, 52 y 54) de la Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español declara bienes pertenecientes al patrimonio documental público aquellos que se señalan. Así se resuelve “en virtud de la imprescriptibilidad prevista en los artículos 28.3, 48.2 de la citada ley”. Dado el carácter del contenido, se asigna su custodia a la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas. La resolución se traslada al “actual poseedor de los citados documentos públicos”, D. Marino Soria Giner y a mí, como Director General responsable de los archivos. Entre estas fechas y hasta el depósito definitivo en el Archivo Histórico Nacional (28 de julio de 2010) y la publicación del primer tomo Los Diarios, los hechos y la demagogia fueron ocupando reiteradas preguntas parlamentarias y declaraciones intencionadas en los medios de comunicación e intervenciones en las Cortes del titular del Ministerio.

Las referencias hasta aquí reseñadas vienen a corroborar que la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas recibe esta documentación por mandato superior y a instancias del juzgado número 7 de Valencia, por lo tanto se depositan en la caja fuerte del Ministerio de Cultura en circunstancias sub iudice y una vez que se inicia un proceso contra el poseedor Mariano Soria, y una demanda por parte de algún heredero de Alcalá-Zamora.

En el estudio introductorio del primer tomo, Fernández-Copel narra, en palabras del propio D. Niceto, cómo fue el expolio en 1936 de las cajas fuertes 30 y 31 del Crédit Lyonnais, banco extranjero del que era abogado; también cita los avatares, a los que el editor denomina “segundo robo de las memorias”, del ofrecimiento por parte del tenedor, D. Marino Soria, a cambio de una cuantiosa cantidad económica. Canje que el editor declara que acepta y a la vez contradictoriamente denuncia a la eficaz Comandancia de Patrimonio de la Guardia Civil, hecho por el que se intervienen “los papeles”. Pero el citado editor afirma, entre inexactitudes e improperios contra el gobierno de Rodríguez Zapatero y quién suscribe, de un “tercer robo”; y, a su vez, se olvida de los hechos e ignora los mandatos judiciales y de la imposición administrativa de espera obligada hasta que las sentencias y las posibles apelaciones sean sustanciadas y emitidas.

Lo primero que se solicitó por parte de sujetos no bien intencionados fue que los documentos, ante la escasa fiabilidad y desconfianza sobre la vigente administración, fueran depositados en la caja fuerte de la Real Academia de la Historia, ya que un nieto de D. Niceto, D. José Alcalá-Zamora y Queipo de Llano, poeta y profesor, es académico de la misma. Se contesta que no hay inconveniente cambiar de depósito si así lo ordena el juez. El nieto realiza declaraciones públicas denunciando su absoluto recelo respecto del actual Gobierno, al que considera continuador del que traicionó en 1936 al de su abuelo, pero, y a la vez, obvia el maltrato y descalificaciones que sobre D. Niceto recayeron durante décadas del franquismo (ver prólogo de Juan Pablo Fusi, al primer tomo).

La demagogia crece. Desde determinado canal televisivo se dice que “el secuestro de los Diarios es debido a dos razones”:

- Primera: queda, en estos papeles de Alcalá-Zamora, mal parado y comprometido el PSOE en la crisis asturiana de 1934.

- Segunda: “el abuelo de Zapatero”, el Capitán Lozano, aún recibe peor trato, pues además de masón es “responsable” de humanas tropelías que ahora su nieto, el Presidente del Gobierno, desea borrar, y que el Director General del Libro, Archivos y Bibliotecas, también leonés, contribuye y se convierte en “la zorra en el gallinero” (sic) a su servicio; luego tampoco es de fiar ni de confiar en su tarea de custodio de la citada documentación. Estos argumentos los reitera el senador del Partido Popular, D. Juan Van Hallen, en pregunta oral al ministro César Antonio Molina (cfr. Diario de sesiones del Senado).

Respecto de la primera afirmación, nada se debe objetar, pues ahí están los diarios conservados íntegramente para que el lector decida sobre una etapa nada exitosa de nuestra historia en la que a la República, régimen votado por los españoles, no se la dejó crecer, ya que no pasó de niña, ni siquiera llegó a adolescente (M. Zambrano). Sobre la segunda afirmación nuevamente remito a los Diarios de Alcalá-Zamora en los que lógicamente no aparece ni una sola referencia al citado capitán del ejército destinado en una provincia secundaria, León. Respecto a las acusaciones sobre la conservación de los documentos, no es necesaria ninguna afirmación. La existencia de su publicación justifica su perfecta conservación, custodia y totalidad. Luego el pánico ante la eliminación o sustracción de páginas queda anulado, mas no la demagogia desarrollada o la perversa intencionalidad.

No obstante, estas y otras afirmaciones sirvieron para que se lograra documentación referente al Capitán Lozano, ejecutado por los golpistas en León. Documentación suficiente para demostrar su lealtad a la República, su pertenencia “escasa” a la masonería, pues no pasó, bajo el pseudónimo “Rousseau”, del grado 18, y también para aclarar que no participó en la represión asturiana. Y, reitero, no es frecuente que un Presidente se detenga en minucias nominadas por funcionarios sin alto rango o graduación militar nada relevante. Por lo tanto, una vez más, la maledicencia estaba sembrada para oídos necesitados, mas lo denostador es que arrancara desde labios de cuenta-folios e intelectuales que invocan la objetividad y el rigor, pero que actúan desde la falta de escrúpulos y respeto con las audiencias mientras disponen de medios de comunicación.

Diversas actuaciones del Juzgado n.º 7 de Valencia reconocen como propietario a D. Marino Soria en virtud de la usucapión, si bien la propiedad intelectual corresponde a los herederos. La familia Alcalá-Zamora no recurre, pero acusa a la administración de que se están realizando copias digitalizadas del archivo. A través de su abogado, D. Javier Nart, se informa negativamente de tal actuación y que, como es habitual, se actúa escrupulosamente y de acuerdo con la ley vigente en todos los órdenes. También se informa al Sr. Soria de la disponibilidad de la documentación, excepto la declarada patrimonio documental público. La situación económica del matrimonio Soria-Lara es crítica, con deudas importantes con el Estado. D. Mariano y señora, al igual que anteriormente ante Fernández-Copel (cfr. Introducción al primer volumen) solicitan una transacción por los papeles de Alcalá-Zamora de 150.000 euros al Estado. Como es pauta habitual se les informa del interés por la documentación pero que se precisan más informes técnicos, una valoración por peritos y que la propuesta que realizan de “dación en pago” debe formalizarse ante el Ministerio de Hacienda, órgano que decide la aceptación, pues la deuda es ante esta entidad, y al mismo tiempo, se requiere la aprobación de la Junta de Calificación y Valoración que depende del Ministerio de Cultura. Estos requisitos se ponen en marcha con la necesaria colaboración del Sr. Soria, pues es el responsable de la solicitud de “dación en pago”.

El día 19 de julio de 2010, el matrimonio Mariano Soria Giner y Aurora Lara Morales firman en la sede del Ministerio de Cultura un “Acta de recepción total del expediente de ‘dación en pago’ de impuestos de una colección de bienes de índole archivística relativa a la figura de D. Niceto Alcalá-Zamora (...) que corresponden al expediente de dación en pago de impuesto núm. DP125/09, valorado por la Comisión de Valoración de la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico Español en ochenta mil euros (80.000 euros) en su reunión de 26 de mayo de 2010, aprobado por acuerdo de 28 de junio de 2010, aprobado por acuerdo de 28 de junio de 2010 del Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y por Resolución de la Directora General de Bellas Artes y Bienes Culturales de fecha 12 de julio de 2010”.

En el Acta de entrega figura un anexo en el que se recoge la misma relación de documentos que en su momento se elabora tras la retención de la Comandancia de Patrimonio. El acto de firma se acoge en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 16/1985. A la vez se envía una copia del acta de recepción a la Agencia Tributaria conforme el artículo del Reglamento General de Recaudación, aprobado por R.D. 939/2005, de 29 de julio, para que sea efectiva la dación en pago de impuestos.

Los ochenta mil euros, pues, son la cantidad que la Comisión de Valoración fijó y Hacienda aceptó como “dación en pago” en compensación de las deudas del matrimonio Soria-Lara con el Estado. El matrimonio se mostró disconforme con la cantidad ofrecida. Aspiraban al doble. En mi despacho, con la presencia de colaboradores, pues era mi costumbre ante posibles casos de reuniones complejas acompañarme de funcionarios con responsabilidades en la materia, el matrimonio me solicitó que una parte de la cantidad fuera pagada fuera de control contable. Se les informó que tal acción era imposible a todos los efectos y que su demanda era objeto de delito pues incitaban a la prevaricación. En la reunión explicaron, a su modo, los mil avatares de los documentos, y solicitan la necesidad de compensarles por el esfuerzo por conservar durante tanto tiempo los documentos; dieron cuenta de sus deudas y, también, de la supuesta “engañifa” a que les sometieron unos historiadores, etc. Fue la primera y única vez que me reuní con ellos, si bien mantuve alguna conversación telefónica, atendiendo a su llamada, escuchándoles las supuestas injusticias que se les hacía. Siempre y en todo momento les manifesté, al igual que a D. José Alcalá-Zamora, que nuestra senda de actuación era la fijada por la legislación únicamente, y que los asuntos privados entre descendientes, poseedores o tenedores, etc., los resolvieran por acuerdos o ante el juez. Y en este caso, dada la situación alcanzada, desde la Dirección General se atendían únicamente sentencias judiciales. También a la familia Soria-Lara se les informó que de acuerdo con la ley existente podrían sufrir una penalización por ocultación y no declaración de bienes patrimoniales públicos, pues, como se indicó, parte de los documentos poseían este carácter.

... (Resto del artículo) ...

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