BARCELONA, 8 (EUROPA PRESS)
Los máximos representantes de los procuradores en Cataluña y toda España, magistrados y abogados analizarán este lunes durante un debate en Barcelona el impacto que tendrá en la Administración de Justicia el Anteproyecto de Ley de Colegios y Servicios Profesionales que aprobó el Gobierno central el 2 de agosto.
Organizada por el Consejo General de Procuradores de España en colaboración con Europa Press, a las 19 horas empezará una mesa que ofrecerá desde diversos ángulos una visión de esta reforma que ha generado preocupación por su consecuencias en colectivos clave, como procuradores y abogados.
Intervendrán en el foro el presidente de este consejo, Juan Carlos Estévez Fernández-Novoa; el director general de Relaciones con la Administración de Justicia, Ricardo Conde; el presidente del TSJC, Miguel Ángel Gimeno; el presidente de la Audiencia de Barcelona, Pablo Llarena; el presidente del Consejo de la Abogacía Catalana, Miquel Sàmper, y el del Consejo de Procuradores de los Tribunales de Cataluña, Ignacio López Chocarro.
El anteproyecto, impulsado por el Ministerio de Economía, escuda esta reforma en la búsqueda de más competitividad y calidad en los servicios profesionales, que representan casi el 9% del PIB.
Pero en su contenido ha sembrado desconcierto puesto que contempla eliminar la incompatibilidad del ejercicio simultáneo de la abogacía y la procura --representación ante los tribunales--, sólo condicionado al despliegue del sistema de notificación electrónica del Ministerio de Justicia y a que los colegios de abogados establezcan su presencia en los salones de notificación de los tribunales, lo que implica un periodo transitorio.
Desde que se dio luz verde al anteproyecto, el Consejo General de Procuradores de España ha alertado de las graves consecuencias que podría acarrear para el funcionamiento de la Administración de Justicia, y también para tener garantías de tutela efectiva y seguridad jurídica de los usuarios.
Los procuradores creen que el hecho de que un mismo profesional se encargue de la procura y de la acción judicial a la vez puede conllevar intereses enfrentados de partes litigantes o personadas en un procedimiento con riesgo cierto para su seguridad jurídica.
CONSECUENCIAS PARA LA JUSTICIA
Además, sostiene que el trabajo de los procuradores no es ningún problema para la eficacia de la justicia, pero el cambio en la legislación tendría graves inconvenientes al introducir 140.000 nuevos actores.
En varios foros, representantes de colegios de procuradores han evidenciado que la Administración de Justicia en su conjunto sería la primera perjudicada por la reforma, dejando a los procuradores como colectivo al borde de la desaparición, pues competirían con otro sector, como es la abogacía con 140.000 letrados, frente a los 10.300 procuradores de toda España.
El Consejo General apunta a que, además del coste económico y de la dudosa rentabilidad, la medida tendrá un efecto muy negativo para la duración de los procesos, con riesgo de alargarse e incluso duplicarse.
