SEVILLA, 4 (EUROPA PRESS)
En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, asevera que, a raíz de la declaración judicial del imputado, "se ha puesto de manifiesto su participación activa" en la concesión de ayudas del expediente de Calderinox.
Así, "sería partícipe" a través de su cargo de las reuniones, conversaciones y gestiones que llevaron a los compromisos verbales de aplicación de ayudas sociolaborales a los trabajadores de Calderinox, medidas que consistían, "por una parte, en una percepción económica, debido a que se adeudaban nóminas, y por otra parte en un plan de jubilación para los trabajadores de mayor edad".
Estos compromisos, según la juez, "fueron adquiridos" por el entonces delegado provincial de Empleo en Sevilla, Antonio Rivas, y por el director general de Trabajo en esa fecha, Francisco Javier Guerrero, a lo que se suma que el dirigente de CCOO-A "insistió" al posterior director de Trabajo, Juan Márquez, "para que las ayudas sociolaborales prometidas se ejecutaran".
Añade que, el 29 de diciembre de 2009, la Federación de Industria de CCOO-A, en la persona del imputado, aceptó la concesión de una ayuda sociolaboral de 898.571,56 euros "supuestamente a favor" de nueve extrabajadores de Calderinox, formalizándose una póliza "a la que se añadieron dos suplementos para incluir a dos 'intrusos', como son Juan Rodríguez Cordobés y Antonio Fernández Garzón, quienes "nunca habían trabajado" en la empresa.
La juez asevera que la inclusión de estos dos 'intrusos' en la póliza, que supuso un coste de 208.901,81 euros, "era perfectamente conocida" por el imputado, quien aportó una carta de 21 de diciembre de 2009 dirigida a Juan Márquez "donde se hace referencia a un acuerdo con la Delegación Provincial de Empleo de Sevilla para la inclusión" de uno de los 'intrusos' "pese a saber que éste no había trabajado nunca en Calderinox".
El imputado "fue conocedor y participó en las negociaciones referentes a la ayuda excepcional y a la ayuda sociolaboral concedidas a esta empresa, que fueron tramitadas y concedidas prescindiendo total y absolutamente del procedimiento establecido en el marco normativo aplicable", dice la instructora, que argumenta que la fianza civil impuesta "tiene una decidida finalidad, cual es la devolución en la medida de lo posible de las ingentes cantidades de dinero que de manera indiciariamente ilícita han salido del erario de la Junta".
Así, la juez fija la fianza teniendo en cuenta que la Junta llegó a abonar 444.980,22 euros por las ayudas descritas, cantidad a la que suma el tercio legal, haciendo un total de 593.306,96 euros.
La juez imputó a Enrique Manuel Jiménez en su comparecencia del pasado día 24 de octubre tres delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y tráfico de influencias.
