MADRID, 23 (EUROPA PRESS)
La Fiscalía del Tribunal Supremo ha solicitado este miércoles la confirmación de la condena que la Audiencia de Barcelona impuso al empresario inmobiliario y ex presidente del FC Barcelona Josep Lluís Núñez y al ex jefe de la Inspección de Hacienda en Cataluña, José María Huguet, en el denominado 'caso Hacienda' que destapó una red de sobornos a funcionarios e inspectores para eludir impuestos.
La representante del Ministerio Público se ha expresado así en una vista pública celebrada en el Salón de Plenos del alto tribunal para revisar la sentencia que condenó a seis años de cárcel al ex presidente del Barça y a su hijo, Josep Lluís Núñez Navarro, por delitos de cohecho y falsedad documental.
La Audiencia Provincial condenó a ambos a pagar sendas multas de dos millones de euros. El 'caso Hacienda' impuso la pena más alta a Huguet --a treces años de prisión-- y absolvió al empresario Javier de la Rosa de una de las tramas de corrupción más graves de la década de los 90 en Cataluña.
En la vista, la defensa del constructor y ex presidente del Barça Josep Lluís Núñez Clemente ha solicitado de forma subsidiaria, como han hecho otros abogados, que se rebaje su pena con la atenuante de dilaciones indebidas muy cualificadas, al recordar que el juicio tardó una década en celebrarse y la sentencia más de un año en ser dictada.
Con todo, ha negado que su cliente cometiera un delito de falsedad documental puesto que los documentos supuestamente manipulados "no contenían hechos" y ha considerado que debería haber sido, en todo caso, condenado por cohecho pasivo y no activo, que contiene penas más elevadas.
"¿Quién corrompe a quien? Está claro que la iniciativa de esta trama de corrupción perfectamente organizada en la inspección regional a la que pertenecían funcionarios, que se colocaron en el mercado en busca de empresarios adinerados", ha expuesto.
El abogado de Josep Lluís Núñez Navarro, hijo del ex presidente del FC Barcelona, ha advertido de que la "clamorosa" falta de motivación de la sentencia condenatoria quebranta el derecho a la tutela judicial efectiva de su representado. "Se han desechado alternativas y prueba de cargo robusta", ha añadido.
En su opinión, existen "atronadoras" dudas sobre la imparcialidad de la Audiencia Provincial, que quiso "derrotar el sentido de la declaración" de testigos y peritos "nucleares" para la defensa.
TESTIGOS CONDUCIDOS AL FORENSE POR POSIBLE ALZHEIMER
Por su parte, la defensa del ex jefe de la Inspección de Hacienda en Cataluña, José María Huguet, ha cargado contra el "producto altamente deficiente" plagado de "cortes y pegas", "frases inconclusas" y falta de motivación que salió de la Sección Novena de la Audiencia de Barcelona. Huguet fue el peor parado al ser condenado a 13 años de cárcel por cohecho y falsedad documental.
"Un juicio en el que de 200 testigos, 198 fueron tachados de embusteros y dos de sospechosos. Cuando manifestaban defecto de memoria eran interrogados por si padecían alzheimer y conducidos al médico forense, mientras que se dedujo testimonio contra peritos que contradecían la tesis de la acusación", ha ilustrado.
El abogado de Huguet ha reconocido que su cliente admitió transferencias opacas entre 1991 y 1992 a cuentas en Suiza pero, según ha advertido, esta "conducta reprobable" no puede servir de excusa para crear un "dolo general" que tiñe todo el proceso. "Partía de la presunción absoluta de culpabilidad", ha remachado.
Acto seguido, han tomado la palabra los representantes legales de tres subordinados de Huguet --Manuel Abella, Roger Bergua y Álvaro Pernas-- para denunciar la vulneración del derecho a la presunción de inocencia que sufrieron sus clientes al haber sido condenados sobre un "vacío probatorio" a penas de 11, 9 y 12 años de cárcel respectivamente.
De su lado, el abogado del ex asesor jurídico del Grupo Torras, Juan José Folchi, ha solicitado su absolución de la condena de siete años y medio de cárcel que se le impuso por pagar "grandes cantidades de dinero" a Huguet para lograr un trato a favor.
La Audiencia de Barcelona dejó en libertad provisional a todos los condenados en la sentencia dictada en julio de 2011 hasta que esta adquiriera firmeza, aunque les ordenó entregar el pasaporte y acudir periódicamente al juzgado.
