SEVILLA, 11 (EUROPA PRESS)
La juez que investiga los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares ha dejado pasadas las 00,30 horas de este viernes en libertad con cargos al secretario general de UGT-Cádiz, Salvador Mera; al que fuera secretario general de la Federación Minerometalúrgica de CCOO-A entre 1991 y 2009 Manuel Roberto Carmona Soto, y al exgerente provincial del IFA en Sevilla y exdirector del área de Empleo e Innovación de la Diputación de Sevilla Manuel Enrique Rodríguez Contreras.
Tanto Salvador Mera como Roberto Carmona y Manuel Enrique Rodríguez son tres de los diez detenidos por la Guardia Civil dentro de la segunda fase de la operación 'Heracles', aunque únicamente siete han sido puestos a disposición de la juez Mercedes Alaya, mientras que los tres restantes fueron puestos en libertad con cargos por el propio Instituto Armado.
Tras salir en libertad, los tres han sido recibidos con una fuerte ovación y gritos de "libertad, libertad" por varias decenas de sindicalistas que se encuentran concentrados frente a los juzgados, entre ellos el secretario general de UGT-A, Francisco Fernández Sevilla, y que también han increpado a la magistrada con esos mismos gritos cuando se dirigía a entrar en el edificio judicial este mediodía.
Una vez ha quedado en libertad, Mera ha dicho a los periodistas encontrarse "muy feliz".
El actual secretario general de UGT-Cádiz, que fue consejero de Temiqui S.A. --vinculada a UGT-- entre 2006 y 2011, ha prestado declaración durante una hora y media ante la instructora, tras lo que se ha celebrado una comparecencia de medidas cautelares en la que ni la Fiscalía Anticorrupción ni ninguna de las acusaciones han pedido su ingreso en prisión.
De este modo, el Ministerio Público únicamente ha solicitado que se le imponga una fianza de responsabilidad civil de 248.000 euros --cifra que se corresponde con la comisión abonada más el tercio legal previsto--, tras lo que la magistrada ha dictado un auto en el que acuerda su puesta en libertad con cargos.
LA FAJA PIRÍTICA
Mera, a quien la Guardia Civil imputa los delitos de malversación, tráfico de influencias, falsedad documental y contra la Hacienda Pública, señaló en la declaración que prestó como testigo que tanto él como Roberto Carmona, en el marco del proceso de prejubilaciones de la Faja Pirítica, se dirigieron al dueño de Uniter, José González Mata, y "le expusieron que con motivo de los gastos que el proceso había generado" tanto a UGT como CCOO "por la actividad desplegada durante el conflicto", las centrales "debían cobrar algo".
Así, y según su relato como testigo, llegaron a un acuerdo por el que se realizarían sendos pagos de 180.000 euros a cada uno de los sindicatos, lo que se facturó a través de Temiqui en el caso de UGT.
Según la Guardia Civil, Salvador Mera y Roberto Carmona, personas con responsabilidades en UGT y CCOO desde hace más de 20 años, son quienes "negocian directamente con González Mata el pago de una comisión" a los sindicatos, "con pleno conocimiento de la ilicitud de la misma, la cual constituye una parte de las sobrecomisiones que la mediadora Uniter ha percibido, dinero que en última instancia procede del erario andaluz".
En el caso de Roberto Carmona, a quien la juez ha impuesto una fianza civil de 471.000 euros, asevera que su participación en los hechos "se concreta en su intervención" en relación "con la percepción de una comisión que percibe CCOO por su participación" en el expediente de la Faja Pirítica, "comisión que según todos los indicios constituye una contraprestación por la labor que como facilitador ejerce el sindicato".
En relación al exalto cargo de la Diputación de Sevilla, quien se ha acogido a su derecho a no declarar, Anticorrupción ha solicitado que se le imponga una fianza civil de un millón de euros, mientras que la acusación que ejerce la Junta ha solicitado tres millones de euros. En este caso, tampoco ninguna acusación ha pedido su ingreso en prisión.
