MADRID, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -
Tal y como ya ha adelantado el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, los PGE no incluirán grandes recortes presupuestarios. La mejora de la economía en los últimos meses, los dos años extra concedidos por Bruselas para reducir el déficit y la calma en los mercados han dado una tregua al Ejecutivo, que presentará este viernes sus cuentas más amables tras los duros recortes de 2012 y 2013.
El propio Rajoy cifró en 65.000 millones el ajuste realizado en esos dos años para cumplir las exigencias de Bruselas y reducir el saldo negativo de las cuentas públicas, que el Gobierno socialista dejó por encima del 11%. Tras las duras subidas de impuestos y los fuertes recortes de gasto aprobados a lo largo de estos dos años, el déficit se situó en el 6,8% a cierre de 2012 y acabará el 2013 en el 6,5% si se cumplen las expectativas del Gobierno.
El año que viene, en cambio, el ajuste será más suave, y el déficit tendrá que moderarse al 5,8%. Sólo en la Administración Central, el Gobierno tendrá que reducir el déficit del 3,8% al 3,5%. Para conseguir este objetivo, partirá de un techo de gasto de 133.259 millones, lo que supone un incremento del 2,7% respecto al límite de gasto no financiero de 2013. Si se excluye la partida destinada a cubrir las aportaciones a la Seguridad Social y los SPEE, el límite de gasto total queda en 104.847 millones, un 1,3% menos.
En cualquier caso, el equipo de Mariano Rajoy espera no tener que volver a recurrir a los grandes recortes de gasto para conseguir el objetivo y fía la reducción del déficit a la mejora de los ingresos que permitirá el crecimiento económico.
De hecho, el propio Rajoy ha avanzado ya que este viernes revisarán al alza el cuadro macroeconómico y plantearán un crecimiento del 0,7% en 2014, dos décimas más de estimado anteriormente, constatando así que el año que viene será el de la recuperación económica. Es más, serán las primeras cuentas que el Gobierno de Rajoy elabore partiendo de una cifra positiva de PIB.
Para que esta recuperación tome impulso, el presidente ya ha anunciado que reforzará algunas partidas presupuestarias en 2014 como las becas, la investigación, la cultura y el deporte. En este sentido, el propio ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ya anunció que las cuentas de 2014 incluirían un aumento de la inversión pública en I+D+i por primera vez desde que comenzó la crisis.
CONGELA EL SUELDO A LOS FUNCIONARIOS
Por el contrario, el Gobierno congelará los sueldos a los empleados públicos por cuarta vez consecutiva, aunque no suprimirá de nuevo las pagas extra, como hizo con la de Navidad en 2012. Además, elevará un 10,3% el gasto en prestaciones por desempleo, partida a la que destinará casi 30.000 millones de euros, aunque este incremento está relacionado con el aumento del desempleo.
Por su parte, el gasto disponible de los ministerios caerá un 0,7%, hasta 36.000 millones, una cifra equivalente a la partida para hacer frente a los intereses de la deuda pública.
REFORMA DE PENSIONES
En el Consejo de Ministros de este viernes también se dará 'luz verde' al nuevo modelo de revalorización anual de las pensiones, desvinculado del IPC, y el factor de sostenibilidad para su posterior remisión a las Cortes, donde será debatido y sometido al habitual trámite de enmiendas.
Apenas unas horas antes de su aprobación, el Gobierno conocía el dictamen preceptivo, aunque no vinculante, del Consejo Económico y Social (CES), en el que sindicatos, empresarios y organizaciones del tercer sector piden al Ejecutivo que "reconsidere" la nueva fórmula de revalorización, al entender que podría dar lugar a una pérdida de poder adquisitivo en tiempos de crisis que "en principio" no llegará a recuperarse cuando el sistema vuelva a superávit.
El nuevo índice de revalorización de las pensiones, que empezará a aplicarse en 2014, tendrá en cuenta tanto la inflación como los ingresos y gastos del sistema cada año, y los déficit o superávit del propio sistema de la Seguridad Social tomando como referencia las medias de once ejercicios.
Además, tendrá un suelo del 0,25% y un techo del IPC más el 0,25%, de modo que las pensiones no puedan ni subir ni bajar por encima de esos valores.
2014: ¿MÁS DE UN 0,25%?.
El Gobierno aún no ha desvelado si incrementará las pensiones un 0,25% el próximo año, el mínimo que contempla la reforma de las pensiones para años de especial dificultad, o si la revalorización será superior.
Y es que, según explican fuentes del Ministerio de Empleo, con este nuevo modelo los gobiernos no necesariamente tendrán que subir las pensiones de acuerdo con ese mínimo del 0,25% cuando el sistema esté en déficit, puesto que en la fórmula del índice de revalorización se incluye una variable relacionada con el ritmo al que se decida reducir estos desequilibrios y que hará que el ajuste sea más o menos brusco.
Además, cabe la posibilidad de que, respetando la revalorización que resulte de la aplicación del nuevo índice, las pensiones mínimas se incrementen más y se compensen con una menor revalorización del resto, posibilidad ésta que lógicamente no será posible si el porcentaje resultante es el mínimo.
El Gobierno estima que la aprobación en sus actuales términos de la reforma de las pensiones permitirá a la Seguridad Social ahorrar 810 millones de euros ya en 2014 con la aplicación del nuevo índice de revalorización anual de las pensiones.
Desde 2015 estos cambios permitirían aumentar el ahorro de forma progresiva hasta alcanzar alrededor de 5.000 millones de euros anuales a partir de 2019, cuando también entre en vigor el factor de sostenibilidad (FS), hasta 2022. En total, 33.000 millones de euros menos a pagar en el capítulo de pensiones en los próximos nueve años.
EN BUSCA DEL MAYOR CONSENSO.
El factor de sostenibilidad, por su parte, no entrará en vigor hasta finales de la próxima legislatura (2019) y vinculará las pensiones a la evolución demográfica.
Tras la aprobación del proyecto, el Gobierno abrirá ahora un periodo de diálogo y negociación con los agentes sociales y los grupos políticos para poder incorporar al texto propuestas que lo enriquezcan. El Ejecutivo espera que la ley esté aprobada el 31 de diciembre de este año.
