SEVILLA, 4 (EUROPA PRESS)
Hay que recordar que el actual juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Rogelio Reyes, solicitó antes del verano su traslado a otro órgano judicial y concursó a una plaza, tras lo que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) le concedió su traslado al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Dos Hermanas.
Las fuentes consultadas han precisado que será el próximo 20 de septiembre cuando Rogelio Reyes abandone el juzgado que dirige Mercedes Alaya, siendo sustituido ese mismo día por el magistrado Álvaro Martín, actual titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Sevilla.
Y es que la Comisión Permanente del CGPJ decidió el pasado mes de julio nombrar como nuevo juez de apoyo a Álvaro Martín para que Alaya "pueda dedicarse a las macrocausas que viene investigando desde hace tiempo", según señalaba el acuerdo adoptado por los vocales del órgano de gobierno de los jueces.
Así, concedieron una comisión de servicio con relevación de funciones a favor del magistrado Álvaro Martín Gómez.
De otro lado, fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) han informado a Europa Press de que, a finales del pasado mes de julio, la juez Alaya informó por segunda vez al Alto Tribunal andaluz del estado en el que se encuentra la instrucción de las cuatro 'macrocausas' que investiga.
Las cuatro 'macrocausas' son las relativas a los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, a las supuestas irregularidades en la venta de los suelos de Mercasevilla y el delito societario cometido supuestamente también en la lonja, y la causa contra Manuel Ruiz de Lopera por presunto delito societario y apropiación indebida en su gestión en el Real Betis Balompié.
Fue el pasado 12 de marzo cuando el TSJA accedió a atribuir a la juez Alaya la instrucción de las cuatro 'macrocausas' que investigaba, además de dejar en el órgano judicial un solo juez de los dos de refuerzo que había en ese momento, aunque imponiéndole la obligación de que informara periódicamente y en un plazo no superior a dos meses sobre la medida de apoyo y el estado de dichas 'macrocausas'.
