¿UN INFORME NOLAN PARA ESPAÑA?
Tal y como suele suceder en la vida, volvemos de vacaciones y seguimos con los mismos problemas políticos e institucionales que teníamos cuando nos fuimos. La clase política, encabezada por el Presidente del Gobierno, sigue empecinada en negar que nos encontramos ante el final del régimen iniciado en la Transición, que ya no es capaz de dar satisfacción a las legítimas aspiraciones democráticas de los ciudadanos españoles aquí y ahora. Muy especialmente a las nuevas generaciones que, habiendo nacido después de la Transición, son inmunes al discurso oficialista sobre las bondades del sistema, y perciben con claridad sus limitaciones, especialmente en comparación con otras democracias maduras donde ya viven bastantes jóvenes españoles.
Ante esta situación y siendo evidente que los viejos partidos políticos todavía mayoritarios no están por la labor de hacerse el haraquiri despojándose en beneficio de la sociedad del enorme poder alcanzado (ni siquiera por la vía más modesta de reconocer las dimensiones del problema por ser muy difícil ver algo cuando tu interés depende de no hacerlo) ¿qué soluciones hay? No es una pregunta retórica, dado que este bloqueo institucional está generando una frustración enorme en la ciudadanía que puede tener consecuencias muy graves no solo a corto plazo y para los viejos partidos, sino en el medio plazo y para la democracia. Urge recuperar la confianza de los españoles en una democracia que, por maltrecha que esté, nos ha dado la época de más prosperidad y estabilidad de nuestra historia. Pero también parece claro que las iniciativas de regeneración serias -más allá de las maniobras de distracción de un Gobierno que se niega a asumir responsabilidad alguna por el caso Bárcenas- solo pueden surgir de la sociedad civil. El problema es que, más allá de la concienciación de la opinión pública sobre su necesidad y urgencia, es precisa la colaboración de los políticos para su implantación efectiva.
El domingo pasado el director de este periódico hablaba de la necesidad de promover una “Comisión para la Verdad y la Regeneración” para intentar superar este bloqueo. Sugería también que esta Comisión, con base parlamentaria pero con participación externa para reforzar su credibilidad, podía funcionar en paralelo con un Gobierno centrado en combatir la crisis económica. Vaya por delante que soy de los que piensan que es imposible un crecimiento sostenido sin una regeneración institucional profunda, una transformación de las reglas de juego para recuperar los principios del mérito, el esfuerzo y la capacidad y una reforma del Estado de las autonomías que lo haga viable política y económicamente. Así que no soy partidaria de esta dualidad un tanto esquizofrénica. Pero lo cierto es que el presidente del Gobierno no parece dispuesto a dimitir, ni su partido a reemplazarle por otra persona que no esté tocada por el caso Bárcenas -como podría hacer perfectamente desde un punto de vista jurídico- ni tampoco quiere adelantar las elecciones, dada la elevada posibilidad de perder muchos votantes. Tampoco la oposición parece tener ganas de plantear una moción de censura que perdería, y nuestros socios y acreedores están más interesados en recuperar su dinero que en la calidad democrática de nuestras instituciones, seguramente porque piensan, no sin razón, que éste es un problema doméstico.
Por tanto, siendo prácticos, creo que merece la pena analizar la propuesta de una Comisión para la Verdad y la Regeneración capaz de realizar una “auditoría democrática” y proponer las medidas necesarias para transformar nuestra actual partitocracia en una democracia madura. Afortunadamente no se trataría de investigar y depurar casos de vulneración de derechos humanos acaecidos durante una dictadura sino de analizar el funcionamiento real de nuestras instituciones, empezando por los partidos políticos y su financiación, origen de gran parte de los problemas de corrupción, sin interferir por supuesto en los procedimientos judiciales en curso. Procedimientos judiciales de los que, pese a la creencia popular, tampoco cabe esperar mucho en términos de regeneración democrática puesto que los tribunales no están para depurar responsabilidades políticas sino jurídicas (e incluso con respecto a éstas conviene no ser optimistas a la vista de las últimas resoluciones del Tribunal Supremo en los casos Matas, Barcina y Blanco).
Precedentes no faltan dado que los problemas de nuestra democracia no son únicos, ni mucho menos. El más relevante es sin duda el informe Nolan, elaborado por una Royal Commission que se elevó al Parlamento británico el 16 de mayo de 1995 y que se enfrentó de manera sistemática con dos fenómenos que conocemos bien en España: la partitocracia y la corrupción política que habían provocado “ansiedad” en la ciudadanía. Este informe marcó un hito en el sistema político inglés siendo su propósito declarado la reconstrucción de la confianza pública en el sistema.
¿Es posible una Comisión Nolan en España? Jurídicamente parece factible, dado que una Comisión con este objetivo tendría encaje como comisión parlamentaria cuyo objeto y finalidad puede ser muy variado. Efectivamente el Reglamento del Congreso permite el establecimiento de comisiones no permanentes para la realización de un trabajo concreto, que se extinguen cuando termina el trabajo o en todo caso cuando finaliza la legislatura. En particular, el art. 53 del Reglamento del Congreso permite a la Mesa del Congreso crear comisiones a iniciativa propia o de dos grupos parlamentarios o de la quinta parte de los miembros de la Cámara y previa audiencia de la Junta de Portavoces.
En cambio no considero conveniente que nuestra Comisión Nolan sea una comisión de investigación, dado el rotundo fracaso de este tipo de comisiones. Por eso pienso que pedir que nuestro Parlamento actual cree una (o varias porque la tarea sería ingente) comisiones de investigación sobre los principales escándalos de corrupción de nuestro país puede ser hasta contraproducente, dado que su previsible falta de resultados podría generar una frustración y una desafección ciudadana hacia las instituciones aún mayor. Como ejemplo de su inutilidad, ahí tienen los tres últimos y sonados casos de Comisión de Investigación a nivel estatal (Caso Bankia) regional (caso ERE Andalucía) y local (caso Madrid Arena). ¿Consecuencias prácticas de las comisiones? Ninguna. Las únicas dimisiones y ceses producidos han sido consecuencia de resoluciones judiciales que han imputado a determinados cargos.
La razón por la que estas comisiones no funcionan es muy sencilla: los partidos mayoritarios se las arreglan para inutilizarlas con o sin mayorías absolutas (hoy por ti, mañana por mí, ocasiones no faltan). Las comisiones de investigación se convierten así en un teatrillo sin mayor trascendencia o, por decirlo en términos más castizos, en un paripé. Las conclusiones se imponen o se pactan para que el partido responsable de los hechos objeto de la investigación no sufra daño político alguno.
¿Qué requisitos tendría que reunir nuestra Comisión Nolan entonces? Pues idealmente los mismos que una Royal Commission. Esta figura, como señala García de Enterría, hace referencia a una formación independiente que cuenta en su seno con expertos independientes y con representantes de los partidos (aunque minoritarios) actuando bajo la autoridad general del Parlamento con la finalidad de efectuar un estudio objetivo de un problema determinado para proponer sobre esta base unas recomendaciones para solucionarlo que dado el prestigio de la institución suelen ser aceptadas por todos los grupos parlamentarios. En nuestro caso esta comisión podría configurarse como una comisión de estudios que analice el funcionamiento real de la democracia española en las tres últimas décadas, con participación de representantes de los grupos parlamentarios pero sobre todo con representantes y expertos de la sociedad civil que deberían ser la mayoría. Si para conseguir este objetivo hace falta modificar el Reglamento del Congreso, hágase, merece la pena.
La principal virtud de una comisión de estas características sería el reconocimiento de la verdad: en España tenemos una partitocracia ahogada por escándalos continuos de corrupción, muchos de los cuales tienen su origen en la propia financiación irregular de los partidos. Nada nuevo bajo el sol, pero lo que es preocupante es que no se haga nada. Daríamos un gran paso puesto que el problema del bloqueo institucional a las reformas deriva de la negativa de nuestros gobernantes a reconocer una realidad que es evidente para todos los ciudadanos mínimamente ilustrados. Que en el seno del Parlamento se pueda realizar un diagnóstico o una auditoría democrática con libertad y rigor es esencial.
Para ello, sería preciso que esta comisión no solo no esté compuesta exclusiva ni mayoritariamente por parlamentarios sino que no reproduzca milimétricamente la composición de las Cámaras. Es fundamental la presencia de personas independientes con experiencia profesional dilatada y sin intereses partidistas (por ejemplo, los anglosajones suelen recurrir a jueces o catedráticos jubilados) y la publicidad no solo de sus conclusiones sino también de sus debates. Porque si este trabajo no se hace desde las instituciones se hará desde fuera de ellas, de forma desordenada, a golpe de titular y con bastantes menos garantías para todos.
