Miguel Herrero de Miñón es Consejero Permanente de Estado y Académico de Número de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas.
El artículo fue publicado en El Cronista n.º 36 (abril 2013) y se corresponde con el texto de la conferencia pronunciada en la Universidad de Sevilla en clausura del coloquio Factor Universitario el 22 de febrero del 2013.
Gracias ante todo por el honor que se me hace al invitarme a clausurar esta importante reunión de ilustres universitarios en esta ilustre Universidad Hispalense. Un honor que yo agradezco tanto más, cuanto que no pertenezco al gremio profesoral. Si me habéis convocado no es por mi inexistente autoridad académica, sino por mi condición, harto modesta, pero no menos cierta de hombre público, algo que efectivamente soy. Por actividad, puesto que a la política y política con mayúscula he dedicado los mejores años de mi vida; por profesión en el Consejo de Estado, primero como letrado y hoy como Consejero; y, desde luego, por vocación, puesto que lo público me ha interesado siempre más que la gestión y defensa de los intereses privados, incluidos los míos propios. Por ello, he titulado esta lección “En defensa de lo público”, título que plantea, como cuestiones iniciales, aclarar que se entiende por tal y frente a qué amenazas debemos hoy defenderlo.
El fenomenólogo Spranger, al tipificar las diferentes formas de vida, distinguió las vidas políticas y sociales de las vidas económicas volcadas las primeras en lo que todos afecta, sea para buscar y gestionar el interés común, sea para promover los valores que han de articular dicho interés, y dedicada la última a la promoción del interés particular de cada cual. Aquellas se dedican al Estado, esa institución caracterizada por su generalidad y permanencia, donde cristaliza la comunidad política; estas al mercado.
El primero, el Estado, es un orden por dominación que, cuando de un Estado democrático se trata, proyecta su resplandor sobre un espacio también público donde se explicitan, compiten y conciertan la pluralidad de valores sociales antes enunciada. El segundo es un orden por concurrencia donde los intereses privados se articulan en resultados de suma positiva, cero o aun negativa.
En el espacio público que genera el Estado democrático aparecen diferentes valores públicos llamados a consensuar; en el mercado, intereses privados necesitados de compensarse. En la práctica el espacio público y el mercado se entremezclan, pero conceptualmente deben distinguirse. Así, aunque en la vieja Polis el mercado invadía el agora, cuando Aristóteles diseña en su Política un esbozo de plan urbanístico distingue “una plaza que debe estar limpia de toda clase de mercancías” y “la plaza el mercado... separada de ésta en un emplazamiento donde puedan acumularse fácilmente todos los productos” (1331-a 30 ss.), pues aquella “la hemos destinado al ocio y ésta a las actividades necesarias” (1331-b 1 ss.). La política entre los antiguos nunca se considero como trabajo.
El mercado es el reino de la autonomía de la voluntad, campo idóneo para la coexistencia cotidiana de las libertades civiles. El Estado es el garante de las libertades y de su ámbito de coexistencia. Sin Estado no hay mercado y para mostrarlo nada mejor que recordar, ahora que tanto se elogia la emergencia de un mercado global, el título de un libro famoso de un ilustre profesor de esta Universidad, Don Ramón Carande, Sevilla. Fortaleza y Mercado. ¿Hay verdadero mercado sin murallas que lo protejan?
¿Pero cuáles son los más efectivos baluartes que protegen la Ciudad y en su seno al mercado? Conviene aquí traer a colación las tesis de otro gran universitario genéticamente vinculado a Sevilla, Javier Conde, que señaló como el orden por dominación, es decir, el Estado, se legitimaba y el orden por concurrencia inherente al pluralismo político y económico, se mantenía sin desgarrarse merced al orden por comunión que los subyacía, esto es un cuerpo político capaz de entender la primacía del interés general, de aquello que a todos atañe. Es la permanente vivencia de ese interés general en la conciencia ciudadana, de la correspondiente integración del cuerpo político, lo que alienta lo “público”.
El mercado, por su parte, se ha mostrado como una “increíble máquina de hacer pan” por su eficiencia a la hora de afectar recursos, si bien en la situación económica real que dista de ser la ideal, esa eficiencia puede y debe ser mejorada mediante intervenciones públicas a la hora de garantizar, entre otras cosas, elementos tan importantes como la inicial igualdad de oportunidades y la leal competencia. Pero y ello es aun más decisivo, la fecunda tahona no garantiza una justa distribución de las hornadas. Mantener lo contrario es dejarse seducir por lo que Roncaglia tituló El Mito de la Mano Invisible, fruto de una reinterpretación fundamentalmente marginalista de lo que en realidad nunca pretendió decir Adam Smith.
El Estado Social surge para superar estas deficiencias mediante un sistema de servicios públicos a través de los cuales realiza prestaciones que responden a criterios de justicia material. Ese carácter social del Estado es uno de los rasgos de nuestra Constitución, es un elemento fundamental del pacto político que a la Constitución subyace y que, a mi juicio, debe de ser defendido para mantener e incrementar la cohesión social de España y su estabilidad institucional.
Sin duda la evolución de la demografía y las circunstancias económicas pueden requerir la redimensión del Estado Social. Pero una cosa es la reordenación y otra la desamortización. Ya sufrimos la experiencia de una desamortización apresurada e ideologizada y no deberíamos repetir el error. Ya lo dije hace poco tiempo en la vecina Universidad de Cádiz, tal vez no podamos tener un Estado Social opulento y nunca debimos tener un Estado derrochador, so capa de ser social, pero podemos y debemos tener un Estado Social suficientemente solidario como para ser un Estado Social justo.
Es claro que si el Estado devora al mercado, si la concurrencia se sustituye por la dominación, se extingue la libertad. La libertad política en los regímenes autoritarios, de toda libertad, incluso la civil, en los totalitarios. Pero si es el mercado el que devora al Estado, el mismo mercado se convierte en rastro y ese es el riesgo de nuestro tiempo. Cuando lo individual prima sobre lo colectivo, el ciudadano deja de serlo para convertirse en simple hombre por más general menos íntimo, la estipulación desplaza a la institución, el criterio de eficiencia substituye al valor de justicia y el de competencia al de solidaridad, suenan las campanas por el Estado Social. ¿Y es lógico pensar que puede, a la altura del tiempo presente, mantenerse una democracia política gobernada por mayorías alternativas y respetuosa de las minorías, que no sea, también, una democracia social redistribuidora de bienes económicos y culturales? ¿Pueden consagrarse derechos individuales sin hacer efectivos los derechos sociales? ¿No son todos ellos integrantes del gran pacto político que subyace a la Constitución y, como tales, sintéticos, esto es que no pueden negarse los unos sin poner en tela de juicio los demás, los valores y las instituciones todas del sistema democrático vigente?
Pero a este razonamiento de conservador pragmático como yo soy, quiero añadir otro de calado ético. El “liberalismo de asalto” que nos acosa, fruto no tanto de la espontaneidad social como Hayek anunciara en su famoso epílogo a Derecho, Legislación y Libertad, sino de imposiciones normativas –baste pensar en algunas Directivas de la Unión Europea y en su interpretación jurisprudencial–. ¿Acaso no provoca una mayor alienación en la que el “yo” del viejo liberalismo y el “nosotros” de la democracia política y social se pierden en el triple “se” de los mercados anónimos, de las tecnocracias privadas que los protagonizan y, más todavía, de burocracias internacionales, ajenas a todo control y representatividad democráticos y, a juzgar por sus resultados, ayunas de conocimiento sobre la realidad de cada uno de los países que pretende gobernar? Pero ese “se”, enseñó Heidegger, es la forma más inauténtica del vivir individual y colectivo, hoy abocado a la masificación y mercantilización. Por ello, el Leviatán estatal que tanto trabajo ha costado embridar mediante controles sociales, jurídicos y políticos, capaz de responder ante los electores y los tribunales, escapa a todo freno cuando se diluye en el anónimo Beemoth, otra bestia bíblica muy temida por Hobbes.
Urge por tanto, amigos, restaurar lo público y la comunión que a lo público subyace en la conciencia de los ciudadanos y en las instituciones. Lo público es el más eficaz antídoto contra la tiranía y lo público tiene dos caracteres que, frecuentemente, no son fáciles de asumir y que aquí no cabe más que enunciar. Lo público, al buscar un interés superior y cristalizar en instituciones es, por definición, jerárquico y ello supone un valladar a la pasión igualitaria propia de nuestro tiempo. Pero, a la vez, lo público exige participación de la comunidad, al menos en la orientación del poder y a ello se opone la permanente tendencia a patrimonializarlo, esto es a privatizarlo, por parte del poderoso.
De todo ello la salvaguarda de la Universidad Pública proporciona, lo que Husserl denominaba conciencia de ejemplo.
... (Resto del artículo) ...
