Para iluminar las sombras que permanecen en las hemerotecas sobre la figura del general Emilio Alonso Manglano tras su muerte, el autor de estas líneas se siente obligado a evocar algunos recuerdos indeleblemente grabados en su memoria, durante los dos lustros que fue su abogado en todos los procedimientos penales que injustamente padeció, pues las hemerotecas no siempre merecen ser consideradas el principal protocolo notarial de la Historia y sí, en cambio, testimonio de mentiras, chantajes, pasiones e intereses generadores de injusticias.
La primera causa penal en la que fue juzgado dos veces en la Audiencia provincial de Madrid (en mayo de 1999 y en abril de 2005), fue el procedimiento derivado de las grabaciones de escuchas aleatorias de teléfonos móviles en la sede central del CESID -hoy CNI-, grabaciones instadas y conservadas por el teniente coronel Alberto Perote que, tras ser expulsado del Centro, las sustrajo y finalmente entregó al diario de Madrid que, al publicarlas, generó la inmediata prisión preventiva y la condena del exespía en un procedimiento penal militar en el que asumió su defensa un abogado, cuyo nombre se omite por haber fallecido, que también era letrado de confianza de otro personaje de relieve.
Este procedimiento fue inicialmente sobreseído por el juzgado de instrucción n.º 43 de Madrid, pero la Sección 15.ª de la Audiencia provincial revocó el auto de archivo ordenando reabrir la causa, actuación claramente contaminante de su imparcialidad que no impidió a los magistrados celebrar finalmente el juicio en el que se condenó a Alonso Manglano y a los demás acusados -incluido Perote-, condena que confirmó el Tribunal Supremo en 2001. En 2004 el Tribunal Constitucional declaró nulos el juicio y la sentencia, por estimar la concurrencia de parcialidad objetiva en los magistrados enjuiciantes, que deberían haberse abstenido de juzgar esa causa por su citada implicación inculpadora durante la instrucción. En abril de 2005, al repetirse el juico, el nuevo tribunal condenó sólo a Perote como autor del delito contra la intimidad de las comunicaciones. Fue pues finalmente este exespía el único condenado en los dos procesos: en el militar y en el ordinario.
Otro procedimiento que también supuso un nuevo calvario para el general, fue el enjuiciado por la Audiencia provincial de Álava que le condenó, junto a su sucesor Javier Calderón y otros agentes del centro, por escuchas ilegales en la sede de HB, si bien poco después el Tribunal Supremo absolvió a ambos en abril de 2004, al estimar el recurso de casación que se interpuso contra la sentencia de Álava.
Y tras esta reseña de los mencionados procedimientos, es el momento de centrar la atención en los relativos a los GAL, pues en su seno se produjeron los hechos más graves e injustos que sometieron a Emilio Alonso Manglano a una presión tan intensa como vergonzosa, en el ámbito de una auténtica conspiración próxima al pactum scaeleris. Este capítulo se abre cuando el juez Baltasar Garzón dimite en mayo de 1994 como delegado del Gobierno para el Plan nacional contra la Droga, al designar Felipe González como sucesor de Antonio Asunción en el Ministerio del Interior a Juan Alberto Belloch acumulando esta cartera a la de Justicia. El dimisionario juez Garzón se incorporó de inmediato a su juzgado y reabrió sin dilación las causas de los GAL, considerando que el mejor conducto para llegar al “sr. X” podría ser el exdirector del CESID, tras el frustrado intento de llegar a él a través del exministro Barrionuevo. Para esta nueva estrategia contaba con la colaboración y la presión de Alberto Perote y de su entorno, disponiendo de los documentos que éste había sustraído al mismo tiempo que las mencionadas grabaciones telefónicas. El documento más relevante era una cubierta de un informe en la que figuraba “Pdte. para el viernes”, informe que anunciaba el comienzo de acciones violentas en el sur de Francia, y “Pdte.” se interpretaba por unos como “presidente” y por otros como “pendiente”.
