Hace unos 100 años, en la España que transitaba del siglo XIX al XX, la palabra regeneración inundaba el lenguaje político. Su presencia era tan abrumadora que pocos historiadores dudan a la hora de calificar de regeneracionista el periodo comprendido entre la derrota colonial de 1898 y el comienzo de la Gran Guerra en 1914. Hubo entonces regeneracionismos de diversos colores, nacidos o reflotados al calor de la debacle ultramarina: católicos y liberales, catalanistas y españolizadores, empresariales y pedagógicos. Pío Baroja, en su novela La busca, de 1904, retrataba una zapatería que, en los barrios bajos de Madrid, ostentaba un desafiante cartel con el lema A la regeneración del calzado. “El historiógrafo del porvenir”, predecía Baroja, “seguramente encontrará en este letrero una prueba de lo extendida que estuvo en algunas épocas cierta idea de regeneración nacional”.
Hoy, en mitad de una crisis de identidad parangonable a la que siguió al desastre de 1898, proliferan de nuevo las alusiones a la necesidad de regenerar España. Los movimientos que se declaran sucesores de los indignados del 15-M reclaman la regeneración del sistema político y social. Varios manifiestos de intelectuales sugieren medidas para lograrla. Desde Izquierda Unida hasta el Partido Popular, todas las fuerzas parlamentarias han elaborado programas de regeneración, apellidada casi siempre democrática. El Gobierno, con motivo de la comparecencia forzada de su presidente en el Congreso de los Diputados, acaba de desempolvar los planes regeneradores que anunció tiempo atrás. Organismos tan distintos como las universidades jesuitas y la Unión General de Trabajadores han exigido la regeneración de la vida pública.
Cabría, pues, preguntarse si estamos ante situaciones equiparables, o si puede aprenderse algo de la experiencia vivida por nuestros bisabuelos. Desde luego, los paralelismos entre el pasado y el presente no deben llevarse demasiado lejos: la España de 1900 era un país pobre y aislado, con un 60% de analfabetos y donde el sector agrario ocupaba a la mayor parte de la población activa; ahora hablamos de un país todavía rico -en términos relativos- e integrado en la comunidad internacional, en el que el analfabetismo ha desaparecido, abundan los trabajadores poco cualificados pero también los titulados superiores y predomina una economía de servicios. Y, sin embargo, no resulta difícil encontrar, en los discursos y actitudes que conforman las culturas políticas de los españoles, continuidades muy apreciables. Como si, ante la crecida de las dificultades, acudiéramos a interpretaciones y proyectos familiares.
A pesar de su heterogeneidad, los viejos y los nuevos regeneracionismos comparten un rasgo esencial: la denuncia de la gran distancia que separa a las élites políticas de los ciudadanos, que en absoluto se ven representados por quienes ejercen el poder. Ese abismo entre gobernantes y gobernados implica una alarmante falta de legitimidad, una amplia desconfianza hacia un sistema político cuyos elementos básicos se consideran artificiales e ineficaces. Los regeneracionistas de uno u otro signo señalan la existencia de grandes bolsas de corrupción y tienden a culpar a los partidos de los males nacionales: convertidos en mesnadas de parásitos que viven a costa del Estado, sus integrantes forman oligarquías que solo sirven a sus propios intereses, no al bien común, por lo que a nadie sorprende la desafección cívica. En esas condiciones, los ministros más avispados se apresuran a anunciar reformas.
La condena de los abusos se desplaza, con frecuencia, hacia el desprecio por los mecanismos representativos. Para los críticos más ácidos, las elecciones son cosa de caciques y pasto de engaños populistas. Y el Parlamento, centro del pasteleo entre partidos, sufre ataques de especial ferocidad: “La cristalización y quinta esencia del régimen oligárquico, y al propio tiempo su disfraz (...) es cabalmente el Parlamento”. Esta diatriba de Joaquín Costa, el más influyente de los escritores regeneracionistas, podría figurar entre los textos de referencia de quienes hace poco llamaban a asediar el Congreso. Nuestros ancestros regeneracionistas recetaron variados remedios a las enfermedades que diagnosticaban: dejando al margen los arbitrios pintorescos, algunos se conformaban con mejorar el funcionamiento de las instituciones vigentes, con cambios en las leyes electorales o en la Administración, como el jefe conservador Antonio Maura; otros confiaban en soluciones a largo plazo, culturales o económicas, más del gusto de la izquierda liberal; y también hacían ruido quienes preferían una buena conmoción violenta que acabase de un mandoble con la gusanera enquistada en los bancos parlamentarios. El influjo de estas ideas hizo que el general Primo de Rivera, que llegó a dictador en 1923 envuelto en la bandera de la regeneración patria, se presentase como el cirujano de hierro invocado por Costa para extirpar los tumores caciquiles.
Conviene no olvidar que aquellos regeneracionismos alumbraron iniciativas reformistas, pero no democratizaron el régimen liberal de la Restauración. Siguieron al mando clientelas de notables con firmes raíces en la España provinciana, mientras los ministerios se servían del fraude electoral para obtener mayorías afectas en las Cortes. Solo algunas ciudades se libraron de la sombra del cacique, que teñía las acciones de la justicia y de cualquier otro servicio estatal. Por otro lado, los propósitos regeneradores disfrutan en la actualidad de ventajas antes desconocidas: las elecciones son limpias; hay jueces y funcionarios independientes y una opinión pública mucho más formada, alimentada por una ciudadanía cada vez más consciente de sus derechos y de las posibilidades que ofrece una democracia abierta; y los partidos, pese a sus rigideces y corrupciones, tienen que responder ante ella. Las modernas demandas de transparencia marcan el camino y ya se ven señales de enmienda, aunque costará mucho trabajo recuperar la confianza de los españoles en sus representantes. Por fortuna las opciones autoritarias, omnipresentes tras la I Guerra Mundial, parecen inimaginables en la UE.
En fin, de las consecuencias de aquellas urgencias regeneradoras podríamos extraer dos reflexiones complementarias, la cruz y la cara de su compleja herencia. Muchos hombres bienintencionados estuvieron dispuestos a prescindir de un ordenamiento constitucional que proporcionaba cierta estabilidad política, garantizaba mal que bien las libertades individuales y permitía la alternancia en el poder. Su indignación no dio lugar a nuevos partidos capaces de desplazar en las urnas a los cuadros tradicionales, sino que la impotencia y el aventurerismo promovieron un salto en el vacío que abrió la caja de los truenos de las intentonas insurreccionales. Aunque la resolución de algunos conflictos aconseje ahora la reforma de la Constitución, el sufrimiento que ha traído la profunda caída económica no debería llevarnos a tirar por la borda lo conseguido en tres décadas y media de normalidad democrática.
De igual modo, entre las antiguas herramientas regeneracionistas no escasean las fuentes de inspiración aprovechables en esta coyuntura. Sin duda, la mejor proviene del énfasis en la educación y en el desarrollo científico como motores del progreso. La atmósfera que rodeó 1898 se empapó de pedagogía y en los años siguientes se expandió una moral que asociaba la europeización de España con el avance de la ciencia. Gentes como las vinculadas a la Institución Libre de Enseñanza, que colaboraron de manera entusiasta en las empresas y políticas regeneradoras, convencieron a casi todo el mundo de lo crucial que resultaba disponer de una sociedad educada y llena de profesionales internacionalizados. En 30 años, el porcentaje de analfabetos se redujo a la mitad y la ciencia experimentó un auge asombroso. Sin embargo, hoy se oyen voces que preconizan una especie de tremendismo castizo y antieuropeo; y nuestras miopes autoridades desprecian la labor de los centros educativos públicos y apenas se inmutan cuando dejan los institutos de investigación al borde de la quiebra. En plena era de la globalización y de la economía del conocimiento, solo la competencia basada en el saber -no en una mano de obra barata, ignorante y resignada- nos sacará del marasmo. Otra vez la regeneración, sí, pero con cabeza.
