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  • EDICIÓN DE 07/08/2013
 
 

El PP se opone y presenta alegaciones

La Fiscalía pide sobreseimiento de las diligencias contra siete imputados por el caso 'Ninette' en Los Alcázares (Murcia)

07/08/2013
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El fiscal Manuel Díaz Manzanera ha solicitado el sobreseimiento de las diligencias contra siete imputados por el caso 'Ninette', que investiga una presunta trama de corrupción urbanística en el municipio de Los Alcázares, entre los que se encuentra el ex concejal de Urbanismo, Alfredo Blanco; el ex concejal de Hacienda, José María Mercader; el portavoz del Equipo de Gobierno de Escudero, Sergio Manuel Gil Garre; y el responsable de los servicios técnicos industriales del Ayuntamiento, Salvador Galián.

MURCIA, 6 (EUROPA PRESS)

El escrito del fiscal llegó a finales de julio a las partes, que recibieron un plazo de cinco días para hacer las alegaciones, según han informado a Europa Press fuentes de la acusación, que recuerdan que hace unos meses se acordó el sobreseimiento para otro de los imputados en el proceso.

En este caso, el PP, que ejerce la acusación particular, ha presentado alegaciones oponiéndose al sobreseimiento de las diligencias contra estos cuatro imputados, que son los cargos políticos y aquellos que tienen una relación directa con el Ayuntamiento.

Para el PP, los argumentos del fiscal "son ridículos", porque la documentación incautada en el coche del empresario Francisco Garcerán "revelan que las partidas complementarias de las obras del ayuntamiento que se pagaron fuera de presupuestos se estaban incluyendo una serie de obras privadas, entre las que se encontraban las obras del ex concejal de Urbanismo".

En concreto, la acusación recuerda que un informe de la Agencia Tributaria "revela que el Consistorio fue adjudicado por 5,8 millones de euros y costó finalmente más de 12 millones".

Lo que revela la documentación que le incautan a Garcerán es que "dentro de las partidas complementarias que se pagaron fuera de presupuestos se estaba incluyendo un 6% de comisión a Mariano Ayuso, la licencia de obras y una serie de obras privadas".

Las obras privadas "figuran bajo los conceptos 'Obras Albergue' que la Policía y la Agencia Tributaria la imputan a la residencia del ex alcalde Juan Escudero; así como 'obras Alfredo' que imputan a las obras de la vivienda personal del ex concejal de Urbanismo; y 'obras secretario' que se imputan a los chalés del secretario y sus hijos".

En este sentido, la acusación recuerda que el fiscal está persiguiendo a Escudero, a Ayuso, o Diego Sánchez Gómez "porque en los papeles de los pósters de las obras del ayuntamiento que se detectan en el coche del empresario Francisco Garcerán aparece un CD donde hay un estudio de costes donde figura en concepto 'Alfredo' por valor de 60.135 euros".

Por ello, critica que el Fiscal diga que ese 'Alfredo' "no resulta conocido como Alfredo Blanco, cuando en todas las grabaciones de los imputados se refieren al concejal de Urbanismo como Alfredo".

"Hay cestas de navidad de Juan Antonio Roca a 'Alfredo Ayuntamiento' dentro del apartado de autoridades; mientras que la cesta de Navidad de Garcerán se remite a Alfredo Urbanismo", añade la acusación, que considera una "vergüenza" que el fiscal "venga diciendo ahora que Alfredo no es Alfredo Blanco Puras, después de ocho años".

El segundo argumento que esgrime el Fiscal es que "no se ha podido probar que el ex concejal haya hecho una obra". Para el PP, esto significa que el Fiscal "no se ha leído la causa, porque el 6 de noviembre de 2001, justo cuando se adjudican las obras y se empiezan a desarrollar, le conceden a Alfredo una licencia de obras y reforma de su casa".

"Hay un acuerdo administrativo del 6 de noviembre del año 2001 autorizándole la obra, y unos meses antes ya se había hecho la formalización del contrato del Ayuntamiento", recuerda la acusación, que indica que la obra, además, "está realizada".

Es más, añade que "la reforma la redactó uno de los arquitectos que firmaron por Ayuso, y para comprobar eso solo hay que ir al informe del Colegio Oficial de Arquitectos".

A juicio de la acusación del PP, el verdadero problema es que "no se ha practicado una sola diligencia" tras recibir el informe del Colegio de Arquitectos, de la Policía y de la Agencia Tributaria.

"La Agencia Tributaria imputó una serie de delitos fiscales y es preocupante que no se haya llamado a quienes se les ha imputado. La prescripción del delito está corriendo", advierte.

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