BARELONA, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -
Así lo ha explicado este jueves en rueda de prensa el consejero de Empresa y Empleo de la Generalitat, Felip Puig, que ha asegurado que "una vez más, el Estado español no ha hecho de Estado y no ha velado por los intereses de la economía catalana".
"Esta insensibilidad nos hace tener la necesidad de crear estructuras de Estado propio también en el campo energético. Las diseñaremos para tenerlas a punto porque tendremos que tener nuestro propio modelo energético", ha añadido.
En concreto, Puig ha señalado que la reforma prevé planes de inversión anuales y plurianuales, que deben presentar las empresas y de los que la Generalitat, que tiene competencias en distribución, queda al margen: "No solo es un tema de competencias, sino que no se aprovecha el conocimiento del territorio que tiene el Govern".
Sin embargo, ha apostado también por el diálogo y el consenso previo, por lo que ya ha enviado al Ministerio de Industria, Energía y Turismo, dirigido por José Manuel Soria, un documento con las alternativas que propone la administración catalana.
Asimismo, ha avanzado que pedirá a los grupos parlamentarios que presenten enmiendas al texto, y llevará a cabo un "diálogo permanente" con los agentes económicos y sociales para evitar que la reforma del Gobierno perjudique a Cataluña.
Puig ha criticado que el nuevo texto es perjudicial para el bolsillo de los consumidores, que verán como sus factura sube un 3,2%, a la vez que incide negativamente sobre la seguridad jurídica y la solvencia de España en el exterior, y no recoge los principios de la estrategia europea 2020.
LA INDUSTRIA, EN PELIGRO
"Sólo ha tenido en cuenta el déficit tarifario, que es descomunal, y cuadrar las cuentas públicas. Esta reforma son pedazos de emergencia que no solucionan el problema de fondo", ha indicado Puig, que ha incidido en que los costes están desajustados, y que los peajes y primas han acabado generando una burbuja de 27.000 millones de euros de déficit.
Ha advertido de que la reforma estatal, tal y como está planteada, conllevará graves repercusiones en el modelo industrial y el tejido empresarial catalán, sobre todo, en el complejo petroquímico de Tarragona: "Creo que es necesario una visión que asegure no tener cierres definitivos de estructuras construidas en el pasado".
Entre las principales críticas del Govern a la reforma figuran que limita la actuación de la Generalitat en el ámbito de las redes de distribución de energía, no regula las redes eléctricas de distribución cerradas, limita las líneas directas, prohibe las Agrupaciones de Interés Económico de Consumo (AIE), recorta la retribución económica de la distribución de energía eléctrica e impulsa un nuevo régimen retributivo para las instalaciones de generación de energía renovable, cogeneración y residuos.
El Gobierno catalán también critica que el nuevo texto penaliza el autoconsumo de energía eléctrica, impone nuevos mecanismos de capacidad de hibernación de centrales eléctricas de ciclo combinado y revisa los peajes de acceso de energía eléctrica a los consumidores, de forma que la reducción de consumo que pueda hacer el usuario supondrá un ahorro menor en su factura de la luz que con la normativa actual.
