MADRID, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -
El PSOE había anunciado su intención de votar en contra de la ley porque, por error, contaba con que habría una votación final sobre el conjunto del dictamen. Sin embargo, conforme al Reglamento de la Cámara, esa votación no se ha producido, lo que ha llevado a los socialistas a asumir en público su equivocación y a pedir que constara en acta su intención de haber votado en contra.
En la comisión sólo se han aprobado 32 enmiendas. Se trata de 15 propuestas de PSOE --que no implican cambios en el texto porque son muy similares a las presentadas por otros grupos que ya se habían incorporado en la fase de ponencia--, seis de CiU, y once transaccionales pactadas entre PP, CiU y PNV.
Así, ha salido adelante una enmienda de CiU que otorga a la entidad a la que se solicita la información un plazo máximo de diez días --desde la notificación de la resolución-- para proporcionar el acceso a los datos solicitados.
FORMATOS REUTILIZABLES, PERO NO CÓDIGO ABIERTO
También se ha aprobado que toda la información que se haga pública en aplicación de esta ley se ofrezca "preferiblemente en formatos reutilizables". La mayoría de los grupos de la oposición, Amaiur con especial énfasis, eran partidarios de que se utilizase el 'software libre' o código abierto, pero el Gobierno no ha atendido esta petición.
Con la nueva ley se publicitarán los de bienes de los responsables políticos pero omitiendo los datos sobre la localización de sus inmuebles. Asimismo, se protegerán en todos los casos, los datos correspondientes a menores de edad.
El PP ha avalado también como pedían CiU y PNV dejar claro que la competencia para instruir y sancionar a un alto cargo de la administración local y autonómica debe ser de la correspondiente administración y en ningún caso a la Administración General del Estado o al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, como preveía inicialmente el Gobierno.
La incorporación de estas enmiendas y de otras relativas fundamentalmente al capítulo de buen gobierno durante la fase de ponencia, han llevado a CiU y PNV a apoyar la mayor parte del dictamen de la Comisión Constitucional, si bien han votado expresamente en contra de ocho artículos y una disposición, que también han recabado el no del resto de las minorías y la abstención del PSOE.
POSIBLE ARBITRARIEDAD
Los "desmesurados" límites que se ponen al acceso a la información, según toda la oposición, hacen que la norma nazca desvirtuada y permitirá decisiones "arbitrarias" por su escasa concreción. "Hecha la ley, hecha la trampa", ha resumido Joan Josep Nuet de la Izquierda Plural.
Además de restringir el acceso a la información por suponer un perjuicio para la seguridad y la defensa nacional, la prevención de delitos o el secreto profesional, la norma también fija como límites "los intereses económicos o comerciales, la política económica y monetaria, la protección del medio ambiente o la garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión".
También ha recibido críticas la negativa del Gobierno a crear un registro de grupos de influencia o 'lobbies' un asunto que el gobierno quiere regular únicamente en el ámbito parlamentario a través de la reforma del Reglamento de Congreso.
Otro de los puntos que más ampollas ha levantado es el relativo al silencio administrativo negativo. De hecho, todas las minorías han criticado que la administración concernida no esté obligada a contestar a un requerimiento de información y, al no hacerlo, el solicitante deba entender que su solicitud como rechazada, una práctica "despótica", según el ponente de UPyD, Carlos Martínez Gorriarán.
Respecto al capítulo referido a buen gobierno, los nacionalistas se han congratulado de que hayan admitido parte de sus enmiendas para respetar los distintos ámbitos competenciales y, sobre todo, de que se haya suprimido la "atrofia democrática", en palabras del ponente del PNV, Emilio Olabarria, de que el ministro de Hacienda cesara a alcaldes y de que se pudiera destituir a cargos electos.
"VUELTA DE TUERCA AL AUSTERICIDIO"
No obstante, tanto CiU como PNV mantienen ciertas reservas en esta materia. El PNV, por ejemplo, sigue defendiendo que se respete el régimen especial de los Territorios Históricos del País Vasco y que los compromisos que en materia de estabilidad presupuestaria se acuerden en el seno de la Comisión Mixta del Concierto Económico y no el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Todos los grupos de la oposición han incidido en que los temas sobre buen gobierno deberían haberse regulado en otra ley y han criticado que todo ese capítulo esté dominado por "la lucha contra el déficit público" e incluya sanciones por incumplimiento de aspectos relativos a la estabilidad presupuestaria.
"Se ha dado una vuelta de tuerca al austericidio", ha resumido Nuet. Además CiU y ERC han vuelto a demandar, en vano, que se incluyera en la ley la obligación de publicar las conocidas como 'balanzas fiscales autonómicas.
La oposición también mantiene su rechazo al hecho de que el futuro Consejo de la Transparencia y el Gobierno, que velará por el cumplimiento de la ley, no sea un órgano independiente, sino que vaya a estar adscrito al Ministerio de Hacienda y su presidente lo nombre el Gobierno.
"FILTROS" A LA CASA DEL REY
Desde CiU, Jordi Jané, se ha felicitado de que, al menos, el Ejecutivo haya accedido a que su mandato trascienda una legislatura --finalmente será de cinco años-- y de que el presidente, aunque se nombre por decreto, tenga que pasar un examen de idoneidad y recibir el aval de la mayoría absoluta de la Cámara.
Pese a estos desacuerdos, la mayoría de los grupos admite que la fase de ponencia ha servido para mejorar algunos aspectos del proyecto y todos han agradecido la voluntad negociadora del PP y en concreto de secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón.
El portavoz de ERC, Alfred Bosch, por ejemplo, se ha felicitado de que se vaya a someter a la transparencia a la Casa del Rey, una idea que, ha recordado, hace unos años "provocaba risas y abucheos". Eso sí, la Izquierda Plural ha criticado que se coloque "un filtro" para las peticiones de información relativas a la Jefatura del Estado dado que las va a gestionar el Ministerio de la Presidencia.
PP: HEMOS SIDO GENEROSOS
Por su parte, el 'popular' Pedro Gómez de la Serna ha considerado injusto que se la considere una ley "de mínimos" y que se tilde "opaca" su tramitación. "Nunca una ley cambió tanto ni un Gobierno ha sido tan sensible receptivo y generoso con la propuestas de la oposición. Nadie podrá decir que no lo hemos intentado de buena fe y hasta el último minuto", ha enfatizado.
Según ha apuntado, la ley "llegó al Congreso siendo una y sale siendo otra: más ambiciosa, acorde con los tiempos y las necesidades de los ciudadanos" y, aunque ha reconocido que "no es la panacea", ha remarcado que está "en el buen camino".
"La transparencia no es un eslogan, es un principio democrático de última generación, la respuesta del sistema en un momento de crisis", ha resumido, asumiendo, no obstante, que la norma "llega tarde". En cualquier caso, ha subrayado que será "una de las mejores y más avanzadas" de nuestro entorno y una "una seña de identidad" del Estado democrático que permitirá inaugurar "una nueva cultura política".
