MÁLAGA, 18 (EUROPA PRESS)
A través de esta primera demanda se pide al juzgado Contencioso-Administrativo de Sevilla que la letrada Gema María Díaz Canales perciba el pago de sus honorarios, que asciende a 25.000 euros, más los intereses legales por su labor como abogada defensora de oficio en dicho juicio, que se prolongó durante casi dos años y está pendiente de sentencia, según han informado desde el Colegio.
Esta es la primera de una serie de demandas que presentará el Colegio de Abogados de Málaga para reclamar el pago a los letrados de oficio, ya que, según Lara, esta institución "ha asumido la defensa de los intereses profesionales de los tres abogados del caso 'Malaya' que aún no han recibido gran parte de sus honorarios", que, según sus estimaciones, rondarían los 20.000 euros por persona.
La cuantía reclamada se encuentra regulada por el 'Procedimiento penal abreviado con más de 1.000 folios', contemplado en la orden autonómica de 09/03/2009, en el que se estima el abono de 25 euros por cada 1.000 folios de un auto de procedimiento judicial, según han explicado desde el Colegio de Abogados de Málaga, a través de un comunicado.
Al respecto, según han apuntado, la administración demandada "se opone al pago de estas cantidades ya que considera que los honorarios no se pueden regir por el apartado de procedimiento abreviado, único punto que contempla el supuesto de abonar 25 euros por cada 1.000 folios, por lo que rechaza su liquidación".
Sin embargo, en la demanda presentada por el Colegio de Abogados se defiende que "no difieren en exceso" el procedimiento penal ordinario del procedimiento penal abreviado, además de alegar que "existe una laguna jurídica, que debe suplirse mediante la analogía, en cuanto a módulos de compensación económica en los procedimientos sumarios cuyo volumen supere los 1.000 folios, como es el caso".
Este es el primer recurso presentado por el Colegio de Abogados de Málaga de los tres que reclamará por vía judicial a la Junta de Andalucía durante los próximos dos meses, debido al adeudo de los honorarios por su servicio en el turno de oficio dentro del caso 'Malaya'.
Por otro lado, respecto a la asistencia informática en el juicio del caso 'Malaya', desde la Consejería de Justicia han apuntado que "en cumplimiento de la legalidad vigente en materia de contratos, no ha podido renovarse la prestación del servicio que venía ofreciendo un trabajador", apuntando que es "un servicio que estaba previsto para una duración razonable de la celebración de dicha vista y para la redacción de la sentencia, que ha superado las previsiones fijadas inicialmente por el Tribunal", aunque han puesto a disposición del juzgado a un técnico informático de la Delegación de la Junta.
