PALMA DE MALLORCA, 17 (EUROPA PRESS)
La titular del Juzgado de Instrucción número 10 de Palma, Carmen Abrines, ha dado el primer paso para que la expresidenta del Parlamento balear y del Consell de Mallorca, Maria Antònia Munar, y otros 17 excargos de UM se sienten en el banquillo de los acusados por la contratación con fondos públicos de militantes del partido que, según las investigaciones, se habrían limitado a llevar a cabo trabajos en favor de la extinta formación nacionalista.
Y es que la magistrada ha dictado un extenso auto por el que pone fin a la instrucción de una de las piezas separadas del caso Voltor, dando pie a la Fiscalía Anticorrupción a que presente sus acusaciones contra los imputados o, por el contrario, solicite el archivo para ellos. Junto a Munar, también ha decretado que continúe el proceso penal contra el exvicepresidente insular Miquel Nadal, y exdirigentes como Miquel Àngel Flaquer, Francesc Buils y Josep Lliteres, incursos en distintas causas de presunta corrupción.
Las pesquisas de esta pieza apuntan a que, pese a estar a sueldo del Consorcio de Informática Local de Mallorca (Cilma), dependiente del Consell, los militantes de UM no llegaron a acudir a su puesto de trabajo sino que se habrían dedicado a trabajar para el partido. Es más, los investigadores apuntan a que exaltos cargos insulares como Nadal favorecieron la contratación irregular de estos empleados con motivo de la puesta en marcha de los proyectos Infomallorca, EIEL y Mallorca Digital, que habrían servido para camuflar su colocación.
La jueza interrogó a varios de estos empleados 'fantasma' a petición del fiscal Miguel Ángel Subirán después de que el exgerente del Cilma, Eugenio Losada, aportase a la magistrada un listado y varios correos electrónicos en los que figuraba el nombre de estos trabajadores presuntamente colocados a instancias de los exaltos cargos de UM.
En total, según la documentación entregada por Losada -también imputado-, un total de 34 empleados fueron contratados para trabajar en las tres iniciativas cuyo coste, con cargo a las arcas del Cilma, oscilaba entre los 110.000 y los 190.000 euros anuales.
Más en concreto, los fondos públicos destinados a Infomallorca eran 190.000 euros hasta 2005, año a partir del cual la cantidad se situó en los 167.000 euros anuales hasta 2007. Por su parte, el coste de Eiel en 2007 fue de 110.000 euros mientras que el de Mallorcadigital fue de 160.000.
Precisamente, la exsecretaria técnica de Nadal, Eugenia Cañellas, también fue interrogada por estos hechos y afirmó que se encargó de gestionar la contratación de diversas personas afines a UM en el Cilma a instancias de la entonces secretaria personal de Nadal, Antònia Vidal.
Eugenia Cañellas ya había prestado declaración como imputada dentro de otra causa de presunta corrupción, el caso Maquillaje, donde reveló que no sólo Cilma sino también la empresa de informática Minser y la productora Vídeo U pagaron, con dinero público procedente del Consell, a unos 40 asesores y agentes electorales de UM durante la campaña previa a los comicios de 2007, pese a que estos empleados no llegaron nunca a trabajar para estos puestos públicos.
MUNAR ASEGURÓ NO TENER "NADA QUE VER" CON LAS CONTRATACIONES
Por su parte, Munar, quien compareció de manera voluntaria ante la jueza, aseguró que no tiene "nada que ver" con la contratación de empleados por parte del Cilma. Mientras, tanto Nadal como su secretaria personal y la del exconsejero insular de Presidencia, Francesc Buils, se acogieron a su derecho de no declarar ante la jueza del caso Voltor cuando iban a ser interrogados por estos hechos en calidad de imputados.
Otras causas, como Picnic y Ossifar, también centran sus investigaciones en la contratación de personas afines a UM a través de distintos departamentos municipales a pesar de que realmente se dedicaban a captar votos para el partido nacionalista.
Cabe recordar que tanto Munar como Nadal fueron juzgados el pasado mes por la Audiencia Provincial de Palma en el marco del caso Can Domenge, una causa por la que la Fiscalía solicita seis años de cárcel para la exdirigente histórica de UM y cuatro para quien fuese su 'delfín' político, a raíz de su papel al frente de la venta presuntamente irregular de los terrenos de Can Domenge por parte del Consell a la promotora catalana Sacresa.
