MADRID, 11 (EUROPA PRESS)
Así lo recoge el auto en el que acuerda que se "continúe con la tramitación de las diligencias por el trámite de procedimiento abreviado", que se traduce en el paso para que las partes califiquen las acusaciones en sus respectivos escritos de acusación. Tras este trámite, se señalará la vista oral.
Una de las personas cuya imputación se ha mantenido ha avanzado a Europa Press que recurrirá el auto por ser "antijurídico", ya que no motiva los hechos por los que se le imputan delitos de cohecho y prevaricación.
Este auto procede al dictado hace más de un año por Santiago Torres, que se trasladó el pasado verano a la Audiencia Provincial de Madrid, en el que procesaba formalmente a casi una treintena de personas, entre ellos varios técnicos municipales.
Este caso se remonta al 14 de noviembre de 2007 cuando se produjo la detención de 16 personas por orden del juez Santiago Torres, al frente del Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid. Entre los apresados, figuraban funcionarios de la Gerencia de Urbanismo, la Concejalía de Medio Ambiente y varias Juntas Municipales.
Entre los procesados, figuran Carmelo G.S. y Santiago C.M., quienes según el juez eran los intermediarios entre el empresario y el funcionario encargado de la gestión administrativa. Además, se encargaban en la captación de clientes.
Se les imputa delitos de cohecho, contra la ordenación del territorio, falsedad en documento público, tráfico de influencias e infidelidad en la custodia de documentos.
