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Operación Emperador

El Supremo confirma que Andreu no violó la ley al prorrogar la estancia en prisión de los imputados en la "operación Emperador"

12/07/2013
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El Tribunal Supremo ha confirmado este jueves que el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu no violó los plazos constitucionales y legales correspondientes ni se confabuló con los fiscales anticorrupción Juan José Rosa y José Grinda para prorrogar la estancia en prisión de una veintena de imputados en el marco de la denominada 'operación Emperador', desarrollada contra más de cien personas el pasado mes de octubre, cuando había expirado el plazo legal de 72 horas de detención.

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

Así se señala en un auto dado a conocer este jueves por el alto tribunal que desestima el recurso de súplica presentado por Xiaoshuang Zhu, una de las implicadas en la red dirigida por Gao Ping contra la decisión de este órgano de inadmitir de plano la querella.

Afirma el Supremo que esta mujer no ha aportado ningún argumento que justifique modificar el rechazo a tramitar este asunto tal y como se acordó el pasado mes de marzo. "Lo relevante es si la desestimación de la querella está o no debidamente fundada y motivada, y ya hemos considerado que así es", insiste el auto.

La recurrente insistía en su recurso que en que cuando su privación de libertad y la de otra veintena de personas se elevó a prisión ya había transcurrido el plazo de 72 horas marcado a estos efectos, algo del o que eran conscientes el juez central de Instrucción número 4 como los fiscales.

Acusaba además a los representantes del Ministerio Público de promover un incidente de nulidad "de manera absolutamente temeraria y escandalosa" contra las resoluciones de la Sala de lo Penal de la Audiencia nacional que estimaron los recursos cntra los autos de prisión, prolongando con ello su estancia en la cárcel, y pedía que su conducta se contemplara como imprudente según el articulo 532 dl Código Penal.

NO HAY DELITO

El Supremo insiste en su auto que la Ley de Enjuiciamieno Criminal (LeCrim) ampara la inadmisión de una querella, no sólo por motivos formales, sino también, como es en este caso, "cuando los hecho en ella relatados no sean constitutivos de delito, y por lo tanto no justifiquen la apertura de un procedimiento penal".

Aún cuando las detenciones previas a tales medidas cautelares habían sido acordadas efectivamente por el juez instructor querellado (*) su finalidad no implicaba simplemente el traslado de estas personas a dependencias policiales y su posterior traslado ante la autoridad judicial (*) sino que su transcurso venia acompañado de la práctica, además de otras diligencias necesarias, de un total de 124 diligencias de entrada y registro entre otros lugares en domicilios, empresas y locales".

Concluye que las hipótesis de la querellante no tienen base alguna y se centra en la discrepancia con la argumentación recurrida. Por ello se desestima la súplica y la querella queda definitivamente inadmitida.

Andreu puso en libertad a los detenidos después de que la Sección Tercera de la Sala de lo Penal, presidida por el juez Alfonso Guevara, ordenara la "inmediata" puesta en libertad de uno de los detenidos, Kay Yang, al considerar que su detención se prorrogó de forma ilegal. Al día siguiente ordenó la excarcelación de otros tres imputados más por los mismos motivos.

En su auto, la Sección Tercera argumentaba que el arresto de los presuntos miembros de la trama se produjo el 16 de octubre, por lo que al tratarse de una "detención judicial" y no policial el detenido debió ser puesto a disposición del instructor en un plazo de 72 horas.

Sin embargo, Andreu acordó el día 18 la puesta a disposición del juzgado de los detenidos, que no fueron enviados a prisión hasta los días 19 y 20. El juez se hizo "responsable" de la situación aunque manifestó que a partir del día 18 cesaron todas las diligencias policiales.

A partir de ese momento, los fiscales Anticorrupción presentaron incidentes de nulidad contra los autos de la Sala aun sabiendo, según la parte querellante, que se trataba de "un mecanismo inviable procesalmente" que también fue inadmitido por el tribunal.

La Sala ordenó entonces la puesta en libertad de Gao Ping de otros destacados dirigentes de su trama, entre los que se encontraban su esposa, Lizhen Yang; su lugarteniente, Wei Lin; y el presunto líder de la trama de extorsión, Haibo Li. Gap Ping se encuentra de nuevo en la cárcel desde el pasado 16 de abril,cuando se reconsideró el riesgo de fuga y otros indicios nuevos contra él.

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