MADRID, 9 (EUROPA PRESS)
La Abogacía ha pedido al Gobierno que incluya en el anteproyecto de Ley de Justicia Gratuita el servicio de orientación jurídica a los presos por ser un colectivo "especialmente vulnerable". Además, ha cuestionado que la norma conceda privilegios "por motivos políticos" a determinados grupos, como víctimas del terrorismo o de la violencia de género, reconociendo su derecho a tener abogado de oficio sin necesidad de acreditar una falta de medios económicos.
Estas son algunas de las recomendaciones recogidas en el VII Informe del Observatorio de la Justicia Gratuita Abogacía española-La Ley que han sido elaboradas por un Comité de expertos, integrado por juristas, representantes de la Administración, sindicatos o consumidores y usuarios, y ha presentado este martes el presidente del CGAE, Carlos Carnicer.
Estas sugerencias, elevadas al Ministerio de Justicia y a las Consejerías de Justicia, muestran la disconformidad existentes en la norma del Gobierno que reconoce Asistencia Jurídica Gratuita a colectivos como las víctimas de violencia de género, terrorismo, trata de seres humanos y accidentados que sufran secuelas de carácter permanente sin necesidad de acreditar una insuficiencia de recursos económicos, ya que "desvirtúa la justicia gratuita privilegiar a determinados colectivos por motivos políticos".
MÁS BENEFICIARIOS PERO MENOS INVERSIÓN
Con independencia del aspecto positivo que toda ampliación de derechos pueda suscitar, los expertos advierten de que el criterio general para el reconocimiento de la justicia gratuita debe ser la capacidad económica del solicitante, pues de lo contrario se pueden dar "situaciones discriminatorias e injustas entre diferentes colectivos", a unos se les otorga y a otros no como los trabajadores en el orden Social.
"Ha de garantizarse, con la mayor amplitud posible, la protección jurídica de las personas que integran tales colectivos u otros de análoga consideración, lo cual es diferente a que esa protección haya de resultar necesariamente gratuita", añaden.
Para el Comité, resulta contradictorio que el anteproyecto establezca nuevos umbrales de acceso para acceder a la Justicia Gratuita ya que ello debe ir aparejado de una mayor consignación presupuestaria para las Administraciones competentes. A este respecto, la inversión en esta materia ha disminuido por tercer año consecutivo, un 9% en 2012 alcanzando 232 millones de euros, 22 millones menos que el ejercicio anterior.
En todo caso, el número de asuntos de asistencia jurídica gratuita superó los 1.726.000 en 2012, lo cual supone un ligero incremento del 2%. Andalucía, con 396.000 expedientes, fue la comunidad que más asuntos tramitó, seguida de Cataluña con más de 321.000 asuntos. El aumento del coste se ha producido en las comunidades más afectadas por la crisis como Castilla-La Mancha, Extremadura, Canarias o Andalucía.
Por servicios, destacan los más de 974.000 pertenecientes al Turno de Oficio (56% del total), mientras que cerca de 678.000 corresponden al Servicio de Asistencia Letrada al Detenido (39%) y 73.000 al Servicio de Violencia de Género, con 4% del total.
MÁS ABOGADOS DE OFICIO
El Observatorio también refleja un aumento del 3,4% del número de abogados adscritos al Turno de Oficio, hasta alcanzar los 39.000 a 31 de diciembre de 2012. El sondeo elaborado por Metroscopia revela que el 51% de los abogados que ejercen la Justicia Gratuita son hombres.
El 39% de los abogados de oficio tienen más de 45 años y solo el 14% tiene menos de 35, además el 47% cuenta con una experiencia profesional de 10 a 20 años. Para dos de cada tres abogados del turno de oficio, estos casos representan un tercio de su actividad profesional.
"Desmonta el tabú de que los abogados de oficio son jóvenes e inexpertos", ha explicado Carnicer, que ha puesto en valor la confianza depositada por la ciudadanía en los abogados, en una rueda de prensa en la que ha estado acompañado por el presidente de Metroscopia, Juan José Toharia, y el director general de La Ley, Alberto Larrondo. En el público, se encontraba el subsecretario de Justicia, Juan Bravo.
El presidente de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita del CGAE y decano del Colegio de Málaga, Francisco Javier Lara, ha expuesto que el anteproyecto no pone los medios suficientes para asegurar que el letrado cobre en todo caso por la actuación desempeñada y ha apostado por que el abogado preste este servicio en un solo Colegio de Abogados, concretamente en el que esté inscrito como ejerciente residente y con despacho profesional abierto para fomentar la cercanía con el cliente.
