elcomercio.es 04.07.13
La importancia de este 'coste estándar' radica en que los ayuntamientos que no lo cumplan perderán competencias. La Federación Asturiana de Concejos (FACC) hizo ayer una lectura positiva de ese dictamen y emplazó a Hacienda a negociar y buscar un acuerdo.
Hacienda rebajó ayer el impacto del análisis del Consejo de Estado y calificó de “matizaciones técnicas” las indicaciones del máximo órgano consultivo que “no ponen en duda su constitucionalidad”, por lo que seguirá adelante con la reforma, una de las más publicitadas por el Gobierno de Mariano Rajoy. No obstante, fuentes del departamento que dirige Cristóbal Montoro indicaron que estudiarán el contenido del informe e incorporará al anteproyecto de ley que envíe finalmente al Consejo de Ministros las recomendaciones del órgano consultivo que crea necesarias.
Íñigo de la Serna, presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), ve en este informe del Consejo de Estado “una buena oportunidad” para volver a estudiar junto al Ministerio de Hacienda la idoneidad del 'coste estándar', “cuestión sobre la que la Federación ha formulado numerosas alegaciones, algunas de ellas coincidentes” con lo apuntado ahora por la institución. Muchos alcaldes, buena parte de ellos asturianos, ya alertaron en su momento de que algunas partes de la reforma local bordeaban la inconstitucionalidad.
“Ahora se da la razón a muchos de nuestros argumentos y se indica un camino, el del diálogo y el consenso”, opinó el presidente de la FACC y alcalde de Navia, Ignacio García Palacios, nada más revisar el texto del Consejo de Estado. Palacios tiene claro que el anteproyecto actual vulnera la autonomía local y que es el momento de que Hacienda dé marcha atrás en algunos de sus puntos más conflictivos -ese 'coste estándar' en su formato actual, la amenaza de intervención de los concejos más pequeños- y se centre en las cuestiones más relevantes, caso de una delimitación clara de las competencias de cada administración y la adecuada financiación de las mismas. “Pero de forma dialogada; sin consenso, la reforma durará lo que dure este Gobierno”, indicó.
Desde el PP, mientras, se pone el acento en que el dictamen del Consejo de Estado es preceptivo, pero no vinculante. Rafael Merino, portavoz adjunto del grupo popular en el Congreso, recalcó que lo realmente importante es que este documento reconoce la competencia del Estado para regular la administración local y “mantiene todos los objetivos del Gobierno.
Una visión totalmente opuesta mantiene el PSOE. Los socialistas entienden que tras el “demoledor” dictamen del Consejo de Estado el Gobierno está obligado a dar marcha atrás y empezar de cero. Ramón Jáuregui lo dijo de una manera muy gráfica: “La reforma local está herida de muerte”.
