MADRID, 3 (EUROPA PRESS)
La medida, prevista para aplicarse cuando el condenado hubiera cumplido su pena de prisión y con una duración máxima de diez años, estaba incluida en el Anteproyecto y fue objeto de duras críticas por parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Consejo Fiscal.
Esta medida se contemplaba para casos excepcionales cuando el condenado hubiera cumplido la pena de prisión y un tribunal valorara que se mantiene la peligrosidad. Según el proyecto inicial, custodia de seguridad tiene una duración máxima de diez años aunque podrá ponerse fin si desaparecen las circunstancias que la hacían necesaria.
La custodia de seguridad venía siendo defendida hasta hace muy poco por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, quien tras reunirse el pasado mes de mayo con el padre de la joven sevillana asesinada Marta del Castillo, Antonio del Castillo, defendió que su aplicación iría recogida en las sentencias tras la última reforma penal.
En dicha ocasión, el ministro calificó la custodia de seguridad de idónea porque sería impuesta en función de la peligrosidad del autor del delito. Eso significa, según sus palabras, que no se aplicará exclusivamente a los delitos más graves sino para los que tengan "una previsión de continuidad o agravamiento" de modo que sirva de "protección" a la sociedad.
Recordó que la custodia de seguridad ya se aplica en países de nuestro entorno, como Alemania, Reino Unido o Francia, y en España también se podrá imponer a casos de delitos graves relacionados con el tráfico de drogas.
INFORMES CRÍTICOS
La propuesta recibió duras criticas por parte del órgano de gobierno de los jueces, que en su informe sobre el Anteproyecto de Reforma Penal advertía su "cuestionable inconstitucionalidad, como así lo han declarado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal Constitucional alemán, país de origen de esta medida".
Añadía el CGPJ que es "especialmente significativa" la ausencia de controles claros para su ejecución y seguimiento así como el hecho de que se pueda cumplir en un centro penitenciario, "como si de una pena se tratase".
El texto, que se discutió en el Consejo Fiscal los pasados 11 y 17 de diciembre, veía con preocupación la "generalización de medidas de seguridad como respuesta de duración indeterminada a la peligrosidad del delincuente", tales como la libertad vigilada, la custodia de seguridad o los internamientos psiquiátricos.
A juicio de los miembros del Consejo Fiscal, y "lejos de participar de la naturaleza educadora, terapéutica y rehabilitadora propia de las medidas de seguridad (...) pueden suponer una simple sanción similar a la pena, que prolonga y exaspera la respuesta punitiva frente al hecho típico"
Según el informe del Consejo Fiscal, la custodia de seguridad podía dar lugar a respuestas desproporcionadas so pretexto de una "peligrosidad" basada en la posibilidad de volver a cometer hechos similares en el futuro "que será difícil sopesar en muchos casos", sobre todo si se carece de medios para ello, "corriendo el riesgo además de volver al ya superado derecho penal de autor".
También resaltaba el informe "lo impreciso y genérico" de la regulación del Anteproyecto a la hora de determinar la aplicación de la custodia de seguridad -que puede ser de hasta diez años y se aplicará al reo una vez éste ha concluido su condena-, así como la muy notable ampliación del ámbito de aplicación de la libertad vigilada.
