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La reforma de las Administraciones Públicas; por Elisa de la Nuez, abogada del Estado

01/07/2013
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El día 1 de julio de 2013, se ha publicado en el diario El Mundo, un artículo de Elisa de la Nuez en el cual la autora sostiene que los cambios propuestos en las Administraciones Públicas son muy conservadores y van a ser claramente insuficientes.

LA REFORMA DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

El informe CORA (acrónimo de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas) tiene sin duda, el enorme mérito de haber puesto negro sobre blanco las dimensiones del problema del sector público español, tarea que no era fácil ni mucho menos, dado su tamaño y su opacidad. También empieza a manejar datos económicos. Y ha propuesto nada menos que 237 recomendaciones, la mayoría de ellas de puro sentido común, para tratar de poner orden en esta especie de agujero negro donde van a parar tantos y tantos recursos públicos. Porque estamos hablando de más de 21.000 entes públicos, según algunas fuentes. Sí, han leído bien. Claro está que en esta cifra se computan todos, desde los Ministerios a los Parlamentos autonómicos pasando por los más de 8.000 municipios, pero aún contando todos los organismos imprescindibles para el funcionamiento de un Estado complejo en la segunda década del siglo XXI, siguen pareciendo muchos. Es una situación sencillamente insostenible se mire como se mire.

Como es lógico, las recomendaciones que realiza el informe CORA van desde la supresión de organismos duplicados o triplicados hasta el establecimiento de sinergías para el mejor aprovechamiento de recursos públicos escasos entre los que ofrecen funciones similares, sin obviar la supresión de entidades de utilidad desconocida (salvo para los que viven de ellas, claro está). Como suele ser habitual por estos predios se manejan unas cifras de ahorro tremendamente voluntaristas, dado que incluyen las que son consecuencia de reformas anteriores ya en vigor (la reducción de sueldos de directivos en el sector público estatal, por ejemplo) otras que, como la reforma de las Administraciones locales, no está nada claro que vayan a salir adelante o incluso proyectos de Ley (de Transparencia, de Unidad de Mercado, etc., etc.) que solo de manera muy indirecta podrán contribuir a este ahorro. Puestos a sumar, incluso se cuentan los ahorros “en colas” o trámites para los ciudadanos gracias a la utilización de la Administración electrónica.

Pero pese a las buenas intenciones de los redactores y responsables del informe CORA, también queda claro que está concebido desde una perspectiva muy conservadora y que, en mi opinión, no va a servir para realizar la cirugía urgente que reclaman a gritos las Administraciones Públicas españolas. El problema fundamental es que el informe no cuestiona el modelo de organización territorial y político que ha convertido en mastodóntico, ineficiente, carísimo, en buena parte inútil y, en definitiva, inviable económica y organizativamente nuestro sector público en apenas dos o tres décadas. No es casualidad que tengamos tantos organismos públicos que queden fuera de los controles administrativos “tradicionales”, muchos de ellos previos (intervención previa, presupuestos limitativos, procedimientos de contratación pública, procedimientos de selección de personal, etc., etc.) sino que, al contrario, es una consecuencia lógica del sistema clientelar que ha ido colonizando el sector público español, primero en las Administraciones locales, luego a nivel autonómico y que últimamente, como era previsible, se ha extendido también al sector público estatal que era, por motivos históricos, el más profesionalizado y sujeto a controles. Subsisten todavía organismos públicos altamente profesionalizados que funcionan muy bien, por lo menos en los escalones técnicos, pero el reciente episodio de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, “una de las joyas de la Corona”, ha dejado bien claro que nadie está a salvo.

Recordemos además que no es la primera vez ni mucho menos que se intenta atajar el problema. Así los intentos por “racionalizar” el sector público autonómico datan del Consejo de Política Fiscal y Financiera del año 2010 sin que se aprecien avances relevantes desde entonces. Y la razón es muy sencilla: estos organismos son sitios estupendos para colocar gente sin necesidad de superar un proceso de selección mínimamente riguroso. Por tanto, son perfectos para atender “la demanda” de los partidos políticos o/y subcontratar servicios a empresas afines, subcontratación que suele ser imprescindible si -como ocurre con frecuencia- el sistema de selección impide disponer del personal con la capacidad técnica suficiente para prestar el servicio de que se trate, por innecesario que sea. Piensen que hasta para gestionar una televisión autonómica ruinosa se necesitan profesionales. Si además estos organismos pueden facilitar ayudas públicas o financiación a otras personas o entidades la tentación de utilizarlos como mecanismo clientelar resulta irresistible. El caso Invercaria, empresa de capital riesgo de la Junta de Andalucía, es un ejemplo perfecto. Pero hay otros muchos.

También hay que tener presente que si se cierran organismos de verdad, y no de mentirijillas (mediante los trucos habituales de acudir a fusiones, absorciones, cambios de denominaciones, supresión de empresas en liquidación, etc., etc. a los que han recurrido en mayor o menor medida las distintas Administraciones para presentar al menos una reducción nominal de su sector público) lo cierto es que hay mucha gente que se tendría que ir al paro. Y se irían al paro no solo los “enchufados” sino muchas personas con un perfil más técnico o más profesional que han podido ser contratadas por necesidades operativas. La reticencia en despedir a los afines es evidente, pero a estas alturas y dado el número de parados también cuesta despedir incluso a los que no lo son, aunque si no hay más remedio, se empezará y terminará por ellos. Por dos razones, porque quienes señalan quienes se quedan y quienes se van son los directivos, que suelen ser los más próximos de todos a los que deciden y porque, en último término, a los más cercanos se les “recolocará” en otros organismos. El ejemplo del ERE de Telemadrid tampoco deja lugar a dudas de cual va a ser el orden de salida.

Por tanto, estamos ante un problema político de primera magnitud, no ante un problema técnico que se pueda arreglar con mínimas reformas y obviando sus causas principales: los partidos políticos han colonizado también el sector público español y el modelo territorial descentralizado ha permitido su multiplicación casi exponencial. Esto no se arregla con parches, ni siquiera con los tecnológicos. Sorprende que a estas alturas aparezcan otra vez como grandes remedios la ventanilla única (que se lleva intentando implantar desde los años 90 del siglo pasado) la factura electrónica (casi una década circulando) u otras herramientas tecnológicas sin duda muy útiles pero que no van a cambiar nada por sí solas. Tienen la enorme ventaja, eso sí, de que permiten prometer (por lo menos a los que no están muy familiarizados con el funcionamiento del sector público) que va a cambiarse todo sin cuestionar el modelo. Pero, ¿alguien se cree de verdad que el problema de que no exista una ventanilla única después de 20 años intentándolo es un problema tecnológico? La realidad es tozuda: si no se cambia el modelo de sector público y el sistema de incentivos perversos asociados al mismo generado en estos últimos años no habrá manera de hacer una auténtica reforma de las Administraciones Públicas españolas por muchos informes que se escriban.

SEAMOS SERIOS por esta vez al menos. La primera reacción de la mayoría de las CCAA declarando que defenderán a capa y espada todos y cada uno de sus chiringuitos públicos es muy ilustrativa. No van a tocarlos. El problema es el de siempre: los organismos públicos que sobran desde el punto de vista de los ciudadanos que los pagan con sus impuestos sin obtener beneficios tangibles a cambio (al contrario, pueden resultar muy perjudiciales por ineficientes, burocráticos o corruptos) no sobran desde el punto de vista de la clase política.

La cuestión es especialmente grave si se tiene en cuenta que, aún suponiendo que haya voluntad política real, lo que está por ver, resulta que el Estado tiene pocas herramientas jurídicas para poner orden en el sector público autonómico y local, donde es particularmente necesario. Empezando por los blindajes estatutarios de determinados organismos públicos y terminando por los incumplimientos de leyes y sentencias cuando a los obligados no les gustan lo que dicen, lo cierto es que las CCAA y las Administraciones locales se resisten con un grado de éxito notable a cualquier avance en este terreno. Claro está que, en último extremo, estas dificultades técnicas se podrían salvar, pero los procesos serían extremadamente complejos y largos, y no estarían disponibles de forma inmediata. Al final lo que le queda al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas es el palo (o la zanahoria) del déficit autonómico. Pero lo que estamos viendo por ahora no es muy esperanzador; el déficit a la carta por razones políticas, ya sea porque las CCAA arruinadas están en manos de gobiernos del PP como Valencia, o amenazan con la secesión, como Cataluña, o son de otro partido, como Andalucía.

La pregunta es la siguiente, ¿quiere de verdad el Gobierno cambiar el modelo del sector público español? ¿Quiere aplicar la cirugía, que es imprescindible y muy dolorosa, o prefiere aplicar un buen maquillaje? El riesgo es que se acabe maquillando un cadáver.

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