UN ATAQUE A LA INDEPENDENCIA
El principal valor que tiene la justicia en España es que los jueces y magistrados, que integran el Poder Judicial, resuelven los conflictos sociales y los problemas de los ciudadanos con plena independencia del resto de poderes del Estado. De no ser así, sería imposible que se hubieran juzgado y condenado a personas de relieve en el ámbito económico como Mario Conde o De la Rosa, o en el político los casos de Roldán o el GAL. Esto ha sido posible, entre otros factores, gracias al diseño constitucional del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), órgano de gobierno de los jueces creado para garantizar dicha independencia.
Pues bien, después de más de 30 años de democracia, estamos en puertas de que se dinamite el funcionamiento de este órgano si, finalmente, el Parlamento aprueba la modificación legal propuesta por el ministro Gallardón y el Gobierno del PP. Su justificación, dicen, es reducir la politización del CGPJ. Sin embargo, ello es una mera excusa para encubrir su verdadera finalidad: poder controlar desde el Ejecutivo al Poder Judicial, ampliando las competencias del Ministerio de Justicia en detrimento de las del Consejo al que se le reducen sus funciones en materia disciplinaria, reglamentaria, elaboración de informes, definición de la carga de trabajo de los jueces y participación en la aprobación de los presupuestos de la Administración de justicia.
Con este desapoderamiento del Consejo se propone que de los 20 vocales -número que no puede reducirse porque está establecido en la Constitución Española-, solo tengan dedicación exclusiva los seis que formen parte de la comisión permanente. De forma que los demás vocales deberán compatibilizar el trabajo en el CGPJ con su profesión de juez o jurista, con una presencia más testimonial que real. Dicha opción plantea además serias dudas de constitucionalidad en lo que a los jueces se refiere, dado que el artículo 117 de la Constitución establece que no pueden ejercitar otras funciones distintas de la del trabajo jurisdiccional y el artículo 127 prohíbe que desempeñen otros cargos públicos.
También se proponen cambios en el sistema de elección de los vocales. En la actualidad, el Congreso y el Senado eligen a 12 jueces de entre 36 candidatos propuestos desde la judicatura y las asociaciones judiciales. Esta fórmula mixta se hace añicos, dado que en el futuro cualquier juez podrá presentarse solo con el aval de otros 25 jueces. Además, se impone al Parlamento la elección de tres magistrados del Supremo y otros tres con una antigüedad superior a los 25 años. Dichas medidas, además de romper con la proporcionalidad actual, incrementarán la tendencia conservadora del Consejo y reducirán la presencia de mujeres, porque solo un 12% forma parte del Supremo y solo un 25% tiene la antigüedad referida, lo que afectará a la presencia equilibrada de hombres y mujeres que proclama la Ley de Igualdad.
El Poder Judicial es un contrapoder del Ejecutivo y el Legislativo y para ello se precisa el fortalecimiento y no el debilitamiento de su órgano de gobierno. Necesitamos mejorar la justicia con profundas reformas que mejoren su eficacia y garanticen el derecho a la tutela efectiva de los ciudadanos. Esta reforma no solo no avanza en esta dirección sino que supone un gravísimo retroceso en los derechos de los ciudadanos al comportar un serio ataque a la independencia judicial.
