MADRID, 21 (EUROPA PRESS)
El proyecto de ley que reforma el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha recibido un aluvión de enmiendas por parte de todos los grupos políticos, incluidas del Partido Popular. Introducir la paridad entre hombres y mujeres, indemnizar a los vocales sin dedicación exclusiva por su desplazamiento y alojamiento en Madrid o que las Cortes puedan evaluar y llamar a comparecer a los consejeros, son algunas de las iniciativas que se debatirán en el Congreso de los Diputados.
La norma comienza su andadura en la Cámara Baja después de que cinco enmiendas a la totalidad fueran tumbadas la pasada semana con los votos del PP, UPN y la FAC. La Comisión de Justicia ha convocado para este miércoles la ponencia encargada de informar el proyecto de ley, el cual se someterá posteriormente a la mayoría absoluta de la Cámara antes de llegar al Senado.
En las enmiendas, a las que ha tenido acceso Europa Press, el Partido Popular propone que los vocales sin dedicación exclusiva sean indemnizados por razón de desplazamiento o alojamiento cuando asistan al Pleno o a las Comisiones que se celebren en el órgano de gobierno de los jueces, con sede en Madrid.
El proyecto del Gobierno plantea que los vocales que compatibilicen su cargo con el desempeño de su profesión o su función jurisdiccional solo reciban dietas por su asistencia a Pleno y a las Comisiones. Los únicos que tendrán dedicación exclusiva son los componentes de la Comisión Permanente, el presidente y el vicepresidente del Consejo.
Los 'populares' apuestan por una Vicepresidencia común del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial para una mayor "simplificación organizativa" y recomiendan someter a informe de la "Administración competente" todas las medidas que conlleven un incremento de gasto y no solo las derivadas de su potestad reglamentaria.
Precisan incompatibilidades para jueces que sean vocales, delimitando que no podrán ejercer este cargo quienes tengan responsabilidades gubernativas dentro de la Carrera. Piden que seis de ellos sean elegidos al margen de su antigüedad en la Carrera, que la carga de trabajo del magistrado sea un parámetro que pueda dar lugar a la adopción de una medida disciplinaria y que los consejeros tengan derecho a conocer el acta de votaciones.
VOCALES 'LIBERADOS' "EN TIEMPOS DE CRISIS"
El PSOE también ha registrado una batería de enmiendas a la reforma del órgano de gobierno de los jueces, en las que reconoce que puede cumplir sus funciones con menos vocales en servicio exclusivo. Plantea así que doce de los 20 vocales tengan dedicación exclusiva ya que la simplificación y la reducción de costes "en tiempos de crisis" no se puede ignorar.
El principal grupo de la oposición introduce el "principio de paridad" entre hombres y mujeres en la elección de los vocales y pide que las Cortes Generales evalúen en sesión pública a los candidatos, como ocurre con otras altas instituciones del Estado. El Parlamento también debería poder solicitar la comparecencia del presidente y los consejeros para obtener información sobre las actividades de este órgano, salvo aquellas de contenido jurisdiccional.
Los socialistas sugieren la posibilidad de que los vocales comparezcan cuando así lo soliciten, al menos, dos grupos parlamentarios que representen más del veinticinco por ciento de los miembros de la Cámara. A este respecto, la Izquierda Plural coincide en que las Cortes tengan oportunidad de pedir su comparecencia ya que "la transparencia en la gestión pública es un objetivo irrenunciable".
Por contra, la coalición de izquierdas advierte de que la compatibilidad del cargo de vocal con la actividad profesional puede impedir el correcto ejercicio de su función y se oponen a establecer dos categorías de representantes, entre quienes tienen dedicación exclusiva y aquellos que no la tienen.
DELIBERACIONES PÚBLICAS
El PSOE plantea que el Consejo motive expresamente todos aquellos nombramientos que no sean reglados y que sus deliberaciones tengan carácter público, excepto cuando se traten materias reservadas previstas en normas con rango legal con el objeto de mejorar la transparencia, lo que, a su juicio, "redundará en una mayor legitimación".
El PSOE Y CiU refutan el mecanismo 'antibloqueo' que avala una renovación parcial del Consejo del Poder Judicial al entender que el mandato constitucional determina que la renovación se produzca en un único acto cada cinco años.
Grupos como el PSOE, Izquierda Plural o CiU fijan en un uno por ciento --los dos primeros-- y en un dos por ciento --el grupo catalán-- el aval de la Carrera que deberán presentar los candidatos no afiliados. Nacionalistas de CiU y del PNV exigen también su histórica reivindicación de que se reconozcan los Consejos Autonómicos del Poder Judicial
