BILBAO, 9 (EUROPA PRESS)
La viceconsejera de Justicia del Gobierno vasco, Ana Agirre, ha reclamado que las comunidades autónomas participen de "la tarta de las tasas judiciales" con el fin de complementar "dotaciones presupuestarias" y ha considerado que, por esta vía, Euskadi percibirá cinco o seis millones de euros.
Además, ha afirmado que los recortes afectarán a las inversiones, por lo que la Nueva Oficina Judicial no se implantará en Bilbao esta legislatura, pero este año se hará en Vitoria y Barakaldo, y el próximo en San Sebastián.
En una entrevista concedida al portal jurídico vasco 'Res Pública', recogida por Europa Press, Agirre se ha mostrado favorable a las tasas porque "la Justicia hay que pagarla" y ha destacado que en el Presupuesto para 2013 existe una partida destinada a la asistencia jurídica gratuita, que es inferior a la que año anterior, pero "que es ampliable".
Tras asegurar que la asistencia jurídica gratuita está garantizada por Ley, y por tanto, se va a mantener "en los niveles que sean necesarios para cubrir ese servicio", ha subrayado que "las tasas judiciales están vinculadas a la asistencia jurídica gratuita".
"El anteproyecto de ley de tasas lo que recoge es que la parte de los incrementos de las tasas judiciales tienen que financiar necesariamente la asistencia jurídica gratuita. Nosotros entendemos que las comunidades autónomas, incluida la nuestra, necesitan participar de la tarta de las tasas judiciales. Por tanto, entendemos que una parte de ese ingreso tiene que ir a cada comunidad autónoma para complementar las dotaciones presupuestarias", ha apuntado.
Asimismo, ha recordado que, en la asistencia jurídica, "no hay nada gratuito", y ha apuntado que, o bien la paga el ciudadano o la administración. En esta línea, ha precisado que en la Ley de Presupuestos hay un fondo, llamado 'de fallidos', dotado con una cantidad que sería el 2 por ciento de lo que había sido el turno de oficio en 2012, "que será lo que aporte la Administración Pública".
Ana Agirre ha considerado que es necesario "mutualizar este gasto y responsabilizar a todo el mundo", por lo que ha abogado porque "los Colegios o que los letrados del turno de oficio participen y cofinancien de alguna manera esta situación". "Queremos negociar con los Colegios de Abogados cómo cofinanciamos ese sistema. Nos interesa que los abogados se responsabilicen de que están ejerciendo un servicio público", ha manifestado.
EL PAGO DE LA JUSTICIA
La viceconsejera ha afirmado que los pleitos son "caros" y ha apuntado que "hay jurisprudencia del Constitucional que dice que, efectivamente, no sólo las empresas, sino también los ciudadanos tienen que contribuir a mantener un servicio que ellos mismos utilizan".
"La justicia hay que pagarla porque es un servicio público y no es barato", ha indicado, para reconocer que la propuesta del Ministerio de Justicia "fue desproporcionada y podía afectar al derecho a la tutela judicial efectiva".
Por ello, ha señalado que no cuestiona las tasas porque "la Justicia hay que pagarla" y, por tanto, "el beneficiario de ese servicio público debe contribuir a su funcionamiento", pero ha añadido que "las contribuciones a los servicios públicos deberían guardar relación con la capacidad económica de cada contribuyente, con independencia de la asistencia jurídica gratuita, lógicamente".
Agirre ha recordado que las tasas judiciales "no solamente pagan la asistencia jurídica gratuita, sino toda la Administración de Justicia en cada territorio". En esta línea, ha calculado "que debería llegar a Euskadi un mínimo de cinco o seis millones de euros vía tasas".
POLÍTICAS A DESARROLLAR
Ana Agirre ha subrayado que el Gobierno vasco pretende centrar sus políticas en asegurar "que la atención del menor quede garantizada", en el derecho a la tutela judicial efectiva, a través de la asistencia jurídica gratuita, y en que "los ciudadanos tengan un servicio eficaz".
La viceconsejera ha reconocido que en Euskadi existe "una planta de palacios de justicia moderna, con problemas", pero las inversiones se van a "ralentizar". "Vamos a invertir lo imprescindible para el mantenimiento de los palacios de justicia, pero es en ese ámbito donde vamos a aplicar algunos recortes, y que nos lo permite el hecho de que sean unos palacios de justicia modernos. La línea es 'personas antes que edificios'", ha indicado.
Agirre ha rechazado que se vaya a subir el IPC porque "los sueldos están congelados", pero ha recordado que en el ámbito del personal de justicia "se va a aplicar la cuarta parte del Cuarto Acuerdo Regulador, que lo que hace es que la parte transferida a la Comunidad Autónoma en determinados niveles suponga una homologación a los niveles de la Administración General".
"Este año tocaba aplicar la última parte de esa homologación, lo que también se va a mantener", ha manifestado, para explicar que, de esta manera, "los salarios se van a homologar a los de los trabajadores de Lakua".
NUEVA OFICINA JUDICIAL
La responsable de Justicia ha apuntado que el capítulo de inversión será el que "más va a sufrir" los recortes, aunque ha precisado que este año el Gobierno vasco quiere "implantar la nueva oficina judicial en Vitoria y en Barakaldo".
Asimismo, ha afirmado que en San Sebastián se implantará el próximo año, pero ha precisado que hablar de la de Bilbao "ya son palabras mayores". En este sentido, ha considerado que esta legislatura no habrá nueva oficina judicial en la capital vizcaína, aunque espera que, por lo menos, se disponga de su diseño.
"Necesitamos una inversión mínima de construcción de nuevo edificio, y eso son muchos millones de euros. Y tenemos ya importantes problemas de espacio. Estamos esperado también a ver si podríamos utilizar las oficinas del Registro Civil", ha dicho.
Asimismo, ha precisado que, en la capital guipuzcoana, "también hay que hacer algunas pequeñas inversiones en edificios", aunque lo dejarán para 2014.
DESCENTRALIZACIÓN
Preguntada por si cree que sería aconsejable tener un órgano de gobierno de los jueces propio en Euskadi, la viceconsejera ha indicado que "estaría muy bien si la Administración de Justicia al completo correspondiera a este país" y ha apuntado que "este país tiene que caminar hacia la consecución de las mayores cotas de autogobierno", también en la Justicia.
En esta línea, ha indicado que "el primer paso que hay que dar es conseguir la transferencia de secretarios judiciales". "En este momento histórico hay una centralización en todos los ámbitos que va unida un poco a la excusa de la crisis económica. Y se puede pensar que no es el mejor momento para buscar una descentralización, pero ya el lehendakari comentó que va a plantear otra propuesta de nuevo Estatuto. Y ahí debería estar esa mayor asunción de competencias en Justicia", ha añadido.
En cuanto a la sentencia que pueda dictar el Tribunal de Estrasburgo sobre la 'doctrina Parot', ha mostrado su deseo de que se confirme la sentencia en contra "por el bien de la justicia y de la democracia". "Creo que va en contra del Convenio Europeo de Derechos Humanos", ha concluido.
