PARLAMENTARIOS SIN SUELDO
Hace unos días 21 diputados del PSOE de la Asamblea de Castilla-La Mancha presentaron sendos recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional por haberles dejado sin sueldo fijo una decisión de la presidenta de esa comunidad, María Dolores de Cospedal. Al mismo tiempo, y de forma paralela, 50 senadores del mismo partido presentaron igualmente un recurso de inconstitucionalidad contra la norma que regula dicha decisión, la cual, por otro lado, se ha recurrido también en la vía contencioso-administrativa.
Aunque esta acumulación de recursos sea redundante, parece incuestionable que se trata de una norma inconstitucional que el Constitucional no tendrá más remedio que rechazar. Por lo demás, estas medidas son consecuencia de la política de recortes, en todas direcciones, que viene tomando el Gobierno del PP para atajar el déficit que ha corroído la economía española en los últimos años. La idea de reducir gastos de las autonomías, referidas a los excesos de personal político en los parlamentos autonómicos, fue probablemente de Esperanza Aguirre, cuando la expresó hace ya un año. Sin embargo, su propuesta iba dirigida a reducir el número de los diputados de los parlamentos autonómicos en muchos casos sobredimensionado. Por la misma vía transitan otros presidentes autonómicos del mismo partido, como el de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, o el de Extremadura, José Antonio Monago, puesto que ambos también opinan que deberían reducirse los diputados de sus parlamentos.
En principio, la idea es válida, pero no basta con que cada comunidad se pronuncie o no por esa reforma, que en cada caso se adoptaría con criterios diferentes. Lo que España necesita es una reforma racional y global del Estado de las Autonomías. El método de ir reformando una casa de vecinos que se encuentra en quiebra, por lo que cada vecino decida respecto a lo que conviene hacer en su parcela, no aseguraría la estabilidad del edificio entero. Lo que cada vez resulta más necesario en nuestro país es una reforma general, y no por parcelas, del Estado autonómico. Por eso sorprende que Cospedal se haya desdoblado en dos personas distintas, siguiendo la conducta que le marcan sus dos cargos acumulados. Por una parte, es presidenta de Castilla-La Mancha, lo que justificaría sus anhelos de recortar gastos en su jurisdicción. Pero es también la secretaria general del PP, el cual no sólo goza de una mayoría absoluta, todavía estéril, en las Cortes, sino que asimismo es mayoritario en 14 de las 17 comunidades y dos ciudades autónomas que integran el Estado de las Autonomías. Lo lógico sería que se hubiera impuesto su condición de secretaria general del PP sobre su cargo de presidenta autónoma, proponiendo la reforma general del Estado de las Autonomías y no sólo la de su comunidad. Al no haber sido así, ha demostrado que ambos cargos deberían ser incompatibles, porque, si ella es partidaria de reducir los sueldos de sus diputados, no resulta un buen ejemplo el que acumule varios de sus diferentes cargos.
Pero dejando de lado esas minucias, valoremos política y jurídicamente la decisión que se tomó. En primer lugar, si de lo que se trata es de reducir gastos e impedir las corruptelas que en estos años han imperado en los parlamentos autonómicos, su medida puede ser contraproducente. En efecto, según la reforma del Reglamento de la Cámara de Castilla-La Mancha, hay, a partir de enero de este año, dos tipos de diputados. Por una parte, los de plena dedicación. Y por otra, los de dedicación parcial. Lo cual comporta una diferencia en el tratamiento económico de unos y otros. Los diputados con plena dedicación, y los que posean algún otro cargo, por formar parte del Gobierno autonómico, dispondrán de una remuneración fija, mientras que los diputados del PSOE que integran la oposición solamente dispondrán de dietas que se pagarán por asistencia a los plenos o a las diferentes comisiones. Esto es completamente absurdo, porque, si algunos diputados no disponen de una remuneración suficiente, se les está invitando a que puedan buscar más ingresos por otra vía que no sea la legal, esto es, se puede favorecer así la corrupción. Pero, además, se trata de un tratamiento antidemocrático, porque en el fondo se esta minusvalorando el papel de la oposición, que en una democracia es indispensable, por lo que debe contar con los medios suficientes para llevar a cabo su misión y dedicarse de forma exclusiva a su tarea. No es extraño, por tanto, que el Consejo de Europa haya escrito un informe sobre la democracia local y regional de España, donde formula una docena de recomendaciones al Gobierno. Entre ellas se señala que los parlamentarios regionales, de acuerdo con el artículo 7 de la Carta Europea de Autonomía Local, deberán gozar de una “compensación financiera adecuada para los gastos que comporta el ejercicio adecuado de su mandato”. En este sentido, cualquier limitación en los emolumentos de los diputados que no alcancen un nivel digno no supondrá sino un mayor rechazo a la dedicación política. De forma subrepticia, lo que se acabará imponiendo es que sólo se dediquen a la actividad política los que dispongan de un peculio suficiente para vivir o los que no sirvan para otra tarea. También la picaresca puede funcionar cuando se adopta el sistema de dietas por asistencia, ya que es humano que todo el mundo esté dispuesto a asistir a continuas reuniones, aunque no sirvan para nada, con tal de cobrar la dieta.
Esta medida limitada ahora a Castilla-La Mancha es inconstitucional por dos motivos. En primer lugar, porque establece una desigualdad entre los diputados autonómicos, pues mientras que unos cobran salarios fijos, otros reciben dietas de menor cuantía, que no les garantiza una estabilidad económica. En efecto, el art. 23 de la Constitución establece que: “Los ciudadanos tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos con los requisitos que señalen las leyes”. Luego en Castilla-La Mancha se discriminan a unos diputados respecto a otros, no sólo en su sueldo sino también en su dignidad, ya que algunos sólo se dedicarán a la política “a tiempo parcial”. Y, por otro lado, el art. 149.1 de la Constitución señala que el Estado tiene competencia exclusiva sobre “la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales”. En estos dos supuestos está claro que la Constitución, además de lo que señala su art. 14, establece las bases igualitarias que deben regir en todo el territorio nacional, es decir, en todas las comunidades autónomas, por lo que no es posible que existan discrepancias entre ellas en lo que se refiere a la función representativa.
La consecuencia de todo lo expuesto es muy simple: de nada servirá que se vayan estableciendo parches en las comunidades, si no se lleva a cabo una reforma constitucional que embride los excesos y desigualdades de las diversas regiones españolas. Se trata de que se establezca, lo decimos desde hace 25 años, un modelo racional y definitivo de Estado descentralizado, antes de que éste salte por los aires. Si lo que se quiere es reducir unos costes que no podemos permitirnos ahora, se deberían establecer criterios justos de proporcionalidad entre el número de habitantes de cada región y el del menor número posible de representantes en los parlamentos locales. Por otra parte, salvo en los supuestos de Cataluña y el País Vasco, se deberían recortar también las competencias de éstos para evitar duplicidades absurdas. En definitiva, no sabemos a qué espera el Gobierno del PP para adoptar las medidas necesarias que exige el buen funcionamiento de nuestro Estado y para garantizar la igualdad entre todos los españoles, pues lo que está en juego es la supervivencia de la Nación española.
