MADRID, 20 (EUROPA PRESS)
El sindicato afirma en un comunicado que la sospecha queda respaldada en dos "hechos significativos" como es que el presidente del Gobierno y su hermano son registradores de la Propiedad, así como el director General de los Registros y del Notariado del Ministerio de Justicia.
Si los planes del Ministerio y de los Registradores se cumplen, el sindicato advierte de que la última reforma legislativa de 2011 que preveía su entrada en vigor en 2014, será derogada sin haber sido aplicada. "Lo significativo de esta norma es que fue aprobada con los votos favorables del PP, el mismo partido que pretende que no entre en vigor", destaca.
CSI-F junto al resto de organizaciones sindicales han convocado mañana concentraciones ante el Registro Civil Central y el resto de registros civiles de toda España para protestar contra su privatización.
Este proyecto supone el traspaso de las competencias a los registradores de la propiedad y previsiblemente el traslado y la devaluación de las funciones que vienen llevando a cabo los funcionarios de Justicia a lo largo de los últimos años, según concluye.
